La descomunal suma de 94 millones de dólares, reducida de la original y astronómica de más de mil millones, es la compensación que exige a Costa Rica la minera canadiense Infinito Gold por la rescisión de su proyecto minero de oro Crucitas, que estaba previsto que se desarrollara al norte del país. Pero la anulación del contrato en el 2010 era algo imprescindible, según las autoridades.
El fiscal Luis Diego Hernández Araya explica que «como se pretendía desarrollar el proyecto minero Crucitas resultaba violatorio de la legislación ambiental por varios aspectos, entre ellos implicó el cambio de uso del bosque de 192 hectáreas de una zona de vía importante de nuestro país».
Y mientras la fiscalía costarricense desea determinar en un juzgado si los funcionarios que concedieron los permisos a Infinito Gold prevaricaron, la empresa se atrinchera en sus oficinas. Cuando les pedimos hablar sobre el caso para aclarar sus diferencias con el gobierno, recibimos respuestas tajantes.
«El reclamo se fundamenta en que el Estado costarricense violó el Artículo VIII del Tratado Bilateral de Inversiones. Así como el Artículo II (2) de conceder a Industrias Infinito un trato justo y equitativo de acuerdo con los principios del derecho internacional, protección y seguridad jurídica plenas. Además, en virtud del Artículo IV, conceder a Industrias Infinito un trato nacional y de nación más favorecida», ha comunicado la empresa.
Pero demostrar su razón en cuanto a que la demanda de la transnacional está injustificada es solo parte del plan del gobierno del país centroamericano.
En esta contienda jurídica Costa Rica está lejos de sentirse indefensa. Así, según el Ministerio de Ambiente, Energía y Mares, el Estado puede desembolsar sumas millonarias para defenderse en este caso, y a su vez busca una compensación importante por parte de la empresa canadiense por los daños causados al medio ambiente.
Y Costa Rica no es la única en su empeño de no dar su brazo a torcer a las grandes compañías mineras. Actualmente, El Salvador mantiene un litigio con otra empresa canadiense, Pacific Rim, que exige una indemnización de 300 millones de dólares por perder el permiso de explotación minera en el país. Los activistas advierten que las transnacionales, acostumbradas a dictar sus condiciones, no se rendirán fácilmente y se servirán de pleitos como arma principal.
«Ese caso tiene grandes similitudes con muchísimos otros que hemos visto, por ejemplo, laempresa minera de Vancouver Pacific Rim«, explica Jennifer Moore, coordinadora de MiningWatch Canada. «Ahora el dueño del proyecto es Ocean Gold, donde utilizan ese mecanismo de arbitraje que da a las empresas la oportunidad de ir al arbitraje internacional y castigar a países enteros con sumas enormes», añade Moore.
Pero las soluciones a esos conflictos mediante organismos internacionales podrían suponerserios desafíos para los países latinoamericanos, como es el caso de Costa Rica, que enfrenta el proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, perteneciente al Banco Mundial.
«Han contado también con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, que han adecuado la legislación internacional, el marco del derecho corporativo global, para favorecer los intereses de las grandes empresas«, comenta Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina.
El desenlace de estos casos parece ser importante no sólo desde el punto de vista económico, sino también en lo que refiere al reparto de fuerzas: quién podrá perforar las defensas del otro.
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