Critican a diputados por no defender a la ciudadanía en Ley Eléctrica

 Ambientalistas lamentaron que mayoría de diputados de la Concertación que integran la comisión de minería y energía votaran favorablemente el proyecto de Ley de Concesiones Eléctricas esta tarde.

“Los Parlamentarios de la Concertación le dieron la espalda a la ciudadanía votando a favor del fast track de concesiones eléctricas, lo cual es no sólo sorpresivo sino que lamentable”. Así expresó la ambientalista Sara Larraín su extrañeza por la rápida votación de esta tarde, la que posibilitó que el Proyecto de Ley sobre Procedimiento para Otorgar Concesiones Eléctricas presentado por el gobierno fuera aprobado en general.

De esta manera, el proyecto empezará a ser visto en particular en dicha comisión, discutiendo cada artículo por separado.

“El único coherente con las discusiones sobre aceleración de concesiones eléctricas fue el diputado PS por la IV región Luis Lemus, quien votó en contra. Pero parlamentarios que durante todos estos meses se habían manifestado en contra, anunciando su rechazo o abstención, como Latorre o Espinoza, inexplicablemente dieron la espalda a la ciudadanía votando a favor”, lamento la directora de Chile Sustentable.

En tanto, el presidente de Ecosistemas, Juan Pablo Orrego indicó que  “nos parece lamentable que en un país donde la ciudadanía está exigiendo cada vez con más fuerza que se limite el actuar de las grandes empresas, particularmente del oligopolio eléctrico, se le otorgue más poder al sector, permitiendo con ello la fragmentación de las líneas de transmisión, limitando la participación ciudadana y eliminando la correcta evaluación de los impactos totales de megaproyectos como HidroAysén”.

Larraín explicó que la moneda de cambio del ejecutivo para avanzar en este proyecto fue la creación de una subcomisión, que estará formada por representantes de partidos y del Ejecutivo para estudiar las indicaciones y llegar a un texto de ley consensuado.

RAZONES PARA OPONERSE

La ambientalista recordó que el Proyecto de Ley sobre Procedimiento para Otorgar Concesiones Eléctricas se presentó en mayo pasado como una de las cien medidas derivadas de la Estrategia Nacional de Energía (ENE) que anunció el Presidente Piñera en febrero.

“Con ello, no solo se entorpeció la discusión del proyecto de ley 20/20 en la Cámara Baja, el que hasta hoy no se ha visto, sino que además bajo la premisa de acelerar las concesiones eléctricas, agiliza y facilita la instalación de centrales y líneas de transmisión, reduciendo sus requisitos y los tiempos de tramitación”, indicó la directora de Chile Sustentable.

Básicamente, el proyecto de ley propone:

Simplificar  el proceso de concesión provisional reduciendo sus requisitos (Art 19); Reduce los tiempos de tramitación (de 30 a 20 días para los afectados y de 30 a 15 días para la  Superintendencia (Art 19 y 20); Restringe el ámbito de observaciones y oposiciones y la definición de los afectados; Reduce de los medios de notificación (de 5 a 2).

Además establece procedimientos judiciales sumarios que afectan el resguardo de los derechos de los     afectados; Introduce la posibilidad de dividir la solicitud de concesión; modifica el procedimiento de tasación de inmuebles y crea un procedimiento arbitral que favorece al concesionario eléctrico por sobre otros concesionarios.

“Con esta Ley se intenta dar reconocimiento al titular de un proyecto como concesionario sin necesidad de cumplir con lo dispuesto en la ley de Servicios Eléctricos. Ello implica que se entrega  una aprobación ex ante  de algunos permisos sectoriales existentes. Tal intento fue detenido en el 2009, cuando se intento incluir en el artículo 99 de la Ley que creó el Ministerio de Energía,  que las obras de transmisión troncal tenían el carácter de imprescindibles y de interés nacional para  dar a las concesiones  eléctricas un estatus legal superior a la ley 19.300 y a la ley 20.283 (art.19) Ley de Bosque Nativo”, explicó Sara Larraín.

Otra de las inclusiones más aberrantes es la restricción extrema de las causales de observación por los afectados, ya que propone que las observaciones de los afectados ante la autoridad sólo podrán basarse en la errónea identificación del predio afectado por la concesión o del dueño del mismo; en caso de que  la franja de seguridad abarque predios no declarados en la solicitud de concesión como afectados por la misma.

“La reforma establece que en el caso de líneas de transmisión de electricidad el concesionario podrá  dividir en cualquier momento la concesión que solicita en dos o más tramos. Esta modificación alteraría el carácter de la servidumbre como un derecho real indivisible. Además esta propuesta vulnera el principio de indivisibilidad presente en la ley 19.300, la cual regula la indivisibilidad de los proyectos con el objeto de no distorsionar la evaluación de sus impactos, aun si su área de influencia  incluye  más de una región”, señaló la ambientalista.

“En este proyecto vemos una preocupante dirección adoptada por el gobierno, que es materializada por las dos autoridades máximas de la cartera energética, quienes provienen del sector eléctrico y energético y han hecho sentir su impronta empresarial en su gestión”, agregó Larraín.

“En todo caso, tenemos la convicción de que las organizaciones ambientales y la ciudadanía empoderada, que está surgiendo en Chile, no vamos a permitir que esto se preste para más abusos”, finalizó el ecólogo y director de Ecosistemas, Juan Pablo Orrego.

 Gwendolyn Ledger

El Ciudadano