Durante el pasado 11 de octubre la senadora Carolina Goic presentó una moción para frenar la entrega de permisos para las concesiones acuícolas en la Región de Magallanes. Esta petición, que pretendía modificar el decreto N° 430, del año 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de la ley N° 18.892, fue declarado inadmisible.
La senadora expresó que una de las principales motivaciones obedece a la necesidad de cuidar y proteger el patrimonio natural de la zona: “La Región de Magallanes y la Antártica Chilena son un lugar único en el mundo, pues poseen características singulares que permiten que gran parte de sus ecosistemas se mantengan en condiciones de preservación”.
Por su parte, el investigador y biólogo marino Eduardo Trarifeño añadió que estos alcances son parte de las necesidades y urgencias para Aysén: «Esta propuesta está en la misma línea de otras preocupaciones que existen frente a los planes de expansión de la salmonicultura hacia la zona de Aysén, donde la Subsecretaría de Pesca decretó en abril pasado 35 nuevas áreas aptas para la acuicultura, sin considerar la capacidad de carga que tienen estos ecosistemas marinos para la operación de centros de cultivos de salmones».
Según Trarifeño existe una necesidad de controlar la capacidad de carga de los ecosistemas marinos en la actividad salmonera. «Un aspecto que debe ser tarea prioritaria para validar las resoluciones pendientes y futuras es definir la capacidad de carga de los ecosistemas marinos para soportar las actividades de acuicultura, debido al importante enriquecimiento orgánico que cuando es excesivo causa situaciones de anoxia en la columna de agua y condiciones anaeróbicas en los fondos marinos», explicó.
Ante los distintos centros de cultivos que generaron un desastre socioambiental en Chiloé y los vertederos salmoneros, también se pronunció Héctor Koll. En la actualidad Cobquecura, localidad de la Región del Bío Bío, también se encuentra amenazada por esta industria extractiva.
Koll menciona que en Chile la capacidad de carga no está normada, es decir, no existen parámetros de residuos en la zonas donde se instalan salmoneras: «No hay un límite en la normativa ambiental, entonces las empresas pagan por sus estudios, sin que exista una normativa que controle el tope máximo, esa concesión puede llegar desde 400 a 5 mil toneladas”. Además, añadió que no existen investigaciones o estudios sobre la capacidad de carga y sus desechos.
Falencias públicas
Trarifeño indica que la industria salmonera es nociva para el fondo marino y que existieron cerencias por parte de la institucionalidad pública en la expansión del sector:
«Es reconocido internacionalmente que los salmones son verdaderas máquinas biológicas que introducen altos niveles de N y P de origen externo, a los sistemas acuáticos donde son cultivados. Más preocupantes es aún saber de estos planes de expansión, cuando una auditoria de la Contraloría General de la República (Informe 211/2016 del 14 de septiembre de 2016) realizada parta verificar el cumplimientos de las funciones de la SUBPESCA que le encomienda la Ley General de Pesca y Acuicultura respecto al desarrollo de la actividad acuícola en X, XI y XII regiones», argumentó.
En tanto, el biólogo acuña que en el año 2011 al 2015, se dejó claro a través de una auditoria el no cumplimiento de aspectos básicos que debieran estar plenamente establecidos para autorizar dicha expansión.
Entre los resultados de la auditoría realizada, se indica que “la entidad no ha dictado el reglamento específico que establezca las condiciones sobre el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos y líquidos, orgánicos e inorgánicos de la acuicultura, habiendo transcurrido 6 años desde la publicación de la citada ley”.
A la vez, señala que “las subsecretaría no ha emitido el reporte bienal sobre el estado ambiental de la acuicultura con la periodicidad que exigen la normativa” y que “el ente auditado no cuenta con un catastro actualizado y completo de las resoluciones de calificación ambiental que aprueban los proyectos acuícolas y sus modificaciones.” Lo anterior evidencia que las autorizaciones de nuevas AAA están siendo decretadas sin tener los suficientes antecedentes técnicos y científicos previos que respalden las resoluciones.
Por Catalina Manque
El ciudadano