El presidente de la Comunidad Agrícola Diaguita Huascoaltinos, Sergio Campusano, junto a la abogada y co–directora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez, asistieron a la 40ª sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), celebrada en Montreal, Canadá, donde denunciaron a la empresa minera canadiense Barrick Gold por vulnerar los derechos políticos y territoriales de esta comunidad indígena del norte de Chile con su proyecto Pascua Lama.
Con esta denuncia buscan un pronunciamiento del Tribunal al respecto de que Barrick Gold haya vulnerado los derechos políticos y territoriales de los Huascoaltinos, ya que no cuenta para la ejecución del proyecto con el consentimiento de los legítimos titulares del territorio, por lo que esperan que el TPP se pronuncie e inste a los gobiernos de Chile y Canadá a que adopten las medidas sancionatorias y regulatorias que correspondan, aclaró Nancy Yáñez.
Las empresas canadienses de minería son mundialmente conocidas por los conflictos y perjuicios ambientales que causan en los países donde se asientan, en especial en América Latina. Durante la sesión del TPP se analizaron algunos casos paradigmáticos, como los proyectos Pascua Lama (empresa Barrick Gold), en Chile y Argentina; Escobal (empresa Tahoe Resources), en Guatemala; San Martín (Goldcorp), en Honduras; además de Payback (Black fire Exploration) y Platosa (ExcellonResources), en México. En ella participaron representantes de pueblos afectados, activistas ambientales y especialistas.
Vulneración del derecho al agua y a la libre determinación
Nancy Yáñez entregó un informe pericial centrado en dos aspectos: la vulneración del derecho al agua y la violación del derecho a la libre determinación, por haber otorgado la licencia ambiental al proyecto sin el consentimiento de la comunidad Diaguita de los Huascoaltinos, que es la titular de este territorio desde tiempos inmemoriales hasta la fecha.
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El caso Pascua Lama fue identificado como emblemático en cuanto a la violación de derechos fundamentales por parte de una empresa canadiense como es Barrick Gold, “por la magnitud del proyecto y la violación a los derechos territoriales de los Huascoaltinos, en particular respecto al territorio de propiedad ancestral y a las aguas, específicamente los glaciares que suministran este recurso a todo el sistema hidrológico que conforma la parte alta del valle del Rio Huasco”, afirmó la abogada experta en derechos de pueblos indígenas.
Agrega que entregaron evidencia al Tribunal de los daños ambientales generados por el proyecto. “Básicamente la violación de la existencia de tratamiento de drenajes ácidos a fin de evitar contaminación de las aguas, no dándose cumplimiento a las normas legales en la materia”, aseguró. Tampoco se “ha cumplido con el plan de gestión de glaciares, y a pesar de que no se ha sacado ni un gramo de mineral, ya se encuentran irreversiblemente dañados”, explicó la profesional.
Consultada por las consecuencias y efectos de la resolución del Tribunal, Yáñez explicó que se trata de un tribunal ético cuyo fallo tiene incidencia política y no jurídica, por lo tanto no es vinculante para los estados. Sin embargo, constituye una figura a través de la cual la sociedad civil en ejercicio de sus derechos fundamentales representa ante la comunidad internacional la situación de violación de derechos cometidos por los estados, “lo que evidentemente compromete su legitimidad y credibilidad pública”, afirmó.
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También denunciaron ante el Tribunal de los Pueblos la proliferación de organizaciones indígenas en la zona, entre las cuales se encuentran las que mantienen esta interlocución. “La práctica de tratar de levantar organizaciones paralelas a la organización tradicional es común en todos los proyectos mineros, precisamente para debilitar su función política y los derechos demandados, los que finalmente terminan siendo disputados por estos grupos paralelos y funcionales a los intereses empresariales”, aclaró Nancy Yáñez..
Por su parte el representante de la Comunidad Agrícola Diaguita Huascoaltinos, Sergio Campusano, destacó el buen trato y acogida del tribunal sus requerimientos como miembro de un “Pueblo Originario”, afectado e invadido por la minería.
El Ciudadano
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