Más de 50 instalaciones salmoneras estarían operando en Aysén en zonas fuera de consenso o que no cuentan con los pertinentes permisos de concesión, según informó el Comité por Defensa de la Flora y Fauna de la región. En aras de aclarar la situación, la organización ya ha solicitado a la Gobernación Marítima de Aysén, al Servicio Nacional de Pesca, a la Contraloría Regional, a la seremi del MINVU y a la Superintendencia de Medio Ambiente, fiscalizar 51 casos de estructuras de cultivos no autorizadas o mal ubicadas.
Peter Hartmann, Director CODEFF Aysén, entregó detalles sobre esta solicitud, donde se encuentran diversas irregularidades tanto en los permisos ambientales otorgados como en las instalaciones de estas plantas salmoneras.
Además Hartaman indicó que se lleva una investigación exhaustiva por parte de CODEF recopilando información y antecedentes, sobre todo en aspectos como plan regulador ambiental en conjunto con los distintos permisos de operaciones.
El Director de CODEFF Aysén señaló que tambien se está haciendo un seguimiento a los permisos ambientales que se han otorgado, sobre todo por algunas de las irregularidades que se han detectado en todos los procedimientos.
“Que se fiscalice cómo se aprueban las calificaciones ambientales con antecedentes falsos. Las otras fiscalizaciones son al servicio nacional de pesca sobre los informes ambientes de las salmoneras que no cumplen. Y la otra es a la gobernación marítima de Aysén porque descubrimos de que hay 51 casos de concesiones, de instalaciones salmoneras, fuera de sus áreas de consenso o simplemente no tienen concesión”.
Desde la plataforma web de la organización ambiental informan que en los próximos días se procederá a solicitar a la Contraloría General de la República un pronunciamiento sobre la pertinencia de autorizar salmoneras en Reservas Nacionales sin que exista Plan de Manejo de ésta , ni autorización de CONAF, ni el Estudio de Impacto Ambiental que exige la Ley de Bases sobre El Medio Ambiente, como ha estado ocurriendo.
Finalmente sostienen esperar que la institucionalidad cumpla al fin con su rol en una realidad que durante las últimas décadas ha sido demasiado permisiva y displicente con la industria salmonera, lo que solo ha llevado a continuas crisis y a un alto costo social y ambiental con cargo al bien común y el patrimonio natural nacional.