Desmienten a ministra de Vivienda por termoeléctrica de Campiche

Defendamos la Ciudad desmintió a la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, quien expresó públicamente que hubo errores en la aprobación de la central termoeléctrica Campiche de la empresa AES Gener


Autor: Mauricio Becerra

Defendamos la Ciudad desmintió a la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, quien expresó públicamente que hubo errores en la aprobación de la central termoeléctrica Campiche de la empresa AES Gener.

Ante los dichos de la ministra Patricia Poblete, en orden a que el cambio en el plano regulador es única salida legal en el caso de la central Campiche para solucionar los errores que hubo por parte del municipio de Puchuncaví y de la Corema de Valparaíso en el proceso de entrega de permisos al titular del proyecto, expresamos tajantemente que ello no es así porque todos los agentes públicos y actores privados interesados en construir la planta de energía sabían de antemano que el lugar seleccionado no era apto para ello, por cuanto en el Plan Regulador de Puchuncaví como en el Plan Intercomunal de Valparaíso el terreno está definido como área verde, tipología que no admite este tipo de construcción emisora de contaminates.

Patricio Herman señaló al respecto que “nuestra querida ministra, con cierta dosis de ingenuidad, afirma que el alcalde de Puchuncaví debe modificar su Plan Regulador para darle viabilidad a esa termoeléctrica, lo que significa que ella no conoce las declaraciones anteriores del alcalde, quien ya manifestó que él no promoverá ningún cambio en su instrumento normativo urbano. Los funcionarios públicos que aprobaron ilegalmente este proyecto deben asumir sus responsabilidades. Ellos son el Director de Obras de esa comuna y todos los seremis, jefes de servicios, consejeros regionales, gobernadores e intendente que integraron la Corema de la V Región, instancia ambiental regional que calificó favorablemente este proyecto. Todos ellos son culpables de la situación que se está viviendo y esperamos ahora que el gobierno adopte las medidas punitivas respectivas para que este tipo de comportamientos contrarios a la probidad funcionaria no se repitan. La Corte Suprema falló en derecho y por ello dejó sin efecto esa liviana autorización ambiental.

También le cabe una alta cuota de responsabilidad en el desaguisado a la propia empresa AES Gener y en tal sentido, el directorio de la misma, debería pedirle la renuncia a aquellos gerentes que creían que el asunto ilegal no iba a ser detectado. Las pérdidas económicas que está sufriendo esa empresa privada son cuantiosas y se podrían haber evitado si las cosas se hubieran hecho correctamente: pero todos los involucrados optaron por las trampas.

Sabemos que el ministro del Interior Pérez Yoma le pidió a la ministra de Vivienda que solucionara el problema, con lo cual queda demostrado lo dócil que es nuestro gobierno con las grandes empresas. Finalmente le decimos a la ministra Poblete que, para atacar la corrupción, no debemos utilizar eufemismos porque la palabra error, empleada por ella, está asociada al vicio del consentimiento causado por equivocación de buena fe y en este caso de flagrante violación normativa, no existió buena fe. Por el contrario, hubo mala fe, porque todos los intervinientes saben leer y escribir».

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