En el caso de la Comisión de Recursos Hídricos de decidirá sobre las llamadas «aguas del minero», incluidas en el artículo 56 del Código de Aguas, luego que el pasado 1 de abril se rechazara su eliminación producto de una votación en que coincidieron el ex diputado PPD Jorge Insunza y parlamentarios de la Alianza. En la reunión de esta semana se enfrentarán las dos visiones presentes en la comisión: la propietarista y mercantil que prioriza asignar las aguas para fines de lucro contra aquella que las ve como bien público y busca priorizar su acceso para el ser humano y los ecosistemas antes de los fines productivos. El problema principal es que actualmente el empresariado minero puede utilizar las aguas que afloren en el área de sus faenas, sin obligación de informar ni solicitarlas al organismo pertinente. Vea Este miércoles se vota eliminar privilegio que permite a las mineras utilizar las aguas que se encuentran en sus concesiones.
Fue en abril de este año que luego de un intenso debate se determinó buscar una fórmula que obligue a las mineras a informar sobre los recursos hídricos que encuentren en sus operaciones y a requerir permisos para su uso temporal, los cuales serán aprobados o denegados si es que afectan la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros. De dicho trámite solo se exceptuarían los pirquineros y mineros artesanales, por constituir actividades de subsistencia, en coherencia con los artículos ya aprobados de la reforma.
De esta forma la definición fundamental de la próxima sesión será poner fin a un privilegio de la minería, prerrogativa que no tiene ningún otro sector productivo del país y que impide que la autoridad tenga información pertinente sobre lo que se extrae y utiliza en las cuencas donde opera la minería en las regiones del norte y centro del país.
En tanto, en la Comisión de Medio Ambiente, se votará el corazón de la postergada Ley de Protección de Glaciares que se discute, y que en la práctica supone la disyuntiva entre proteger el cien por cien de glaciares o dejar más del 30 por ciento de los macizos desnudos ante la amenaza de actividades extractivas.
Se trata del concepto de «reserva estratégica glaciar», propuesto por 18 diputados (1), que busca proteger todos los macizos que se encuentran catastrados por la Dirección General de Aguas y no solo los que está emplazados en parques nacionales tal y como establece el texto sustitutivo presentado por el ejecutivo. Con respecto a los restantes, determina que sea el Estado el que decida, en un proceso que puede durar años y que implica la financiación de estudios, si las características de la reserva de agua dulce ameritan su protección, intertanto en el que el impacto de las actividades mineras sería irreparable.
La votación fue postergada por última vez el pasado 5 de agosto, sesión en la que el debate transparentó con claridad la negativa del ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier a proteger todos los glaciares, con excepción de aquellos que están en parques nacionales, que por lo demás ya están protegidos. Vea Gobierno y diputados en fuerte pugna por votación del corazón de Ley de Protección de Glaciares
(1) La indicación fue presentada por 17 diputados: los PS Daniel Melo, Christian Urízar, Leonardo Soto, Maya Fernández, Clemira Pacheco, Denisse Pascal y Daniela Cicardini, RN Jorge Rathgeb, PPD Cristina Girardi, DC Yasna Provoste, PRSD Fernando Meza (presidente de la Comisión de Medio Ambiente) y Alberto Robles, PC Camila Vallejo, el liberal Vlado Mirosevic, y los independientes Gabriel Boric, Roberto Poblete y Giorgio Jackson.