Diaguitas denuncian que fueron usados por Barrick y que operadores ambientalistas recibieron millonarias sumas de la minera

El año 2014, Barrick Gold logró firmar un Memorándum de entendimiento con comunidades diaguitas del Valle del Huasco, cuya rúbrica creó una figura sui géneris en la fiscalización de la iniciativa minera de oro y plata Pascua Lama. La idea era que la transnacional canadiense entregara dineros a través del Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto (asociación creada por comunidades que firmaron el memorándum) que tenía la misión de administrar la plata, contratando consultoras y asesoría legal para la fiscalización del proyecto.

Sin embargo, tanto la firma del documento, como la utilización de los dineros, se manejaron con mucho celo. Tanto así que una vez que dieron término al contrato en 2016, los montos usados quedaron sin ser aclarados. Producto de este acuerdo, dirigentes del Valle del Huasco dieron cuenta del quiebre comunitario que produjo, además, denuncian que Barrick usó a comunidades diaguitas del Huasco.

El Ciudadano accedió a parte de los montos que Barrick entregó al Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto por medio de un archivo Excel que da cuenta de los pagos realizado por la empresa el año 2014, que ascienden en total al menos a $684.563.979 al Consejo Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto, y a $52.527.948 a Alonso Barros quien hizo de honorable componedor. Además, obtuvo otro documento que da cuenta de pagos entre septiembre y octubre a Patricio Rodrigo que ascienden a $173.275.351 y por último tres facturas donde se menciona a Patricio Rodrigo y a Barros (ligados al mundo ambientalista e indígena) y un archivo Excel donde se aclaran las cifras mensuales.

En la factura 7017029 por Asesoría Jurídica, Barrick (Compañía Minera Nevada Spa) pagó $26.263.974, el 6 de junio de 2014 al abogado Alonso Barros Van Hovell Tot Westerflier por honorarios de “amigable componedor PL–Diaguitas”. Con la factura comercial 7017692, la minera canadiense pagó $86.122.500, el 7 de octubre por los trabajos realizados a Patricio Rodrigo con las comunidades. Finalmente, la factura comercial 7017017, fechada el 4 de junio, de $163.079.436 del mes de mayo a la Asociación Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto, corresponde a la entrega de la segunda cuota a las comunidades según MOU (Memorándum de Acuerdo), y se describe como “CSR Due dilligence”.

“El negocio del vivo”

Para Sebastián Cruz, de la comunidad diaguita Patay Co, esta información es muy relevante pues esto se sabía, pero no tenían cómo demostrarlo, y recuerda que este memorándum de entendimiento entre Barrick y comunidades indígenas fue gestado por Alonso Barros, abogado cuestionado por realizar este tipo de convenios, y Lorenzo Soto, quien el año 2012 interpuso un recurso de protección contra la transnacional canadiense e intentó crear las condiciones para generar indemnización económica y como no le resultó por esa vía, también impulsó el memorándum de entendimiento.

Sin embargo, este memorándum fue supuestamente creado bajo fraudulentas condiciones, tal como denuncia Susana Campillay, quien no pertenece a comunidad alguna pero que asistió representando a su padre a la reunión de la comunidad indígena Placeta, justo el día en que presentaron el memorándum y solicitaron las firmas. Hoy tiene una demanda contra este Memorándum en Vallenar. “Ellos utilizaron mi firma, lo que fue un delito, porque gracias a mí y a tres personas más que firmaron dos veces en mi comunidad al momento de repartir el dinero, lograron reunir el quórum mínimo”, recuerda.

Campillay narra que el Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto ha sostenido que el dinero que Barrick entregó por concepto del memorándum“se ocupó en pagarle a la gente que estaba investigando lo que hacía y dejaba de hacer en Pascua Lama”. Entre ellos, estaba efectivamente Barros, que en el fondo hacía de mediador y Patricio Rodrigo, quien supuestamente iba a hacer un “trabajo muy selecto, con gente internacional, y el estudio que entregaron acá es para reírse… Entonces uno se pregunta, ¿para eso le pagaron a Patricio Rodrigo? No sé si es para reír o llorar”, sostiene Campillay.

La denunciante sostiene que este fue “el negocio del vivo”, porque en el fondo la plata era de Barrick pero la traspasaban a través de los diaguitas, “o sea, Barrick pagó y utilizó a las comunidades”, quien agrega que sospechaban que los montos eran más o menos los que se mencionan en los documentos recibido por El Ciudadano, pero nunca tuvieron ese documento. Por eso insiste en que a las comunidades diaguitas del Valle del Huasco fueron utilizadas «porque entraba plata a las comunidades y después se les pagaba a ellos (Soto, Barros y Rodrigo) y el asunto quedaba arreglado, y como ellos hicieron esto que las comunidades son totalmente autónomas, es poco y nada lo que se puede investigar. Hicieron muy bien el trabajo”, espeta.

Sin embargo, en los documentos recibidos por El Ciudadano no aparece mencionado Lorenzo Soto.

Memorándum de entendimiento

Este memorándum de entendimiento firmado el 2014 y que estuvo vigente hasta el año 2016, cuando Pascua Lama enfrentó el cierre temporal del proyecto, se manejó con mucho celo de parte de Alfonso Barros, Lorenzo Soto y las comunidades. La idea fue iniciada en las alturas de la ONU con James Anaya que al poco tiempo apareció como parte del directorio de Barrick Gold y proponía que las comunidades realizaran una supervisión del proyecto por medio de la entrega de dineros al Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto para contratar a consultoras y empresas que realizaran estudios y así pudieran fiscalizar el proyecto en las nacientes de la cordillera.

Así fue como llegó al Valle del Huasco a realizar una consultoría ambiental Patricio Rodrigo, quien en un principio se presentó como profesor titular de la Universidad de Chile, pero que por la rápida gestión de algunas comunidades y organizaciones del Valle del Huasco, fue desacreditado por el mismo rector de la Casa de Bello.

Sebastián Cruz, de la comunidad Patai Co, denuncia que fueron muy herméticos con este convenio y que incluso, en un momento fueron expulsados de una reunión, por lo tanto, “nunca tuvimos acceso a la información respecto a qué se hacía con el dinero de Barrick”.

Lo que sí percibieron, fueron los conflictos que se comenzaron a generar al interior de las comunidades derivados de la entrega de dinero. “Nos comentaban que se entregaban plata a los dirigentes por concepto de viáticos y diferentes cosas, entonces mucha gente integrante de las comunidades que estaban dentro del memorándum nos dijeron que estaban en desacuerdo, porque querían saber dónde estaban las platas”, expresa Cruz, quien agrega que “eso generó muchos problemas y al final, crearon este conflicto al interior de las comunidades que a la vez se fueron desintegrando”.

Esto lo reafirma Susana Campillay, quien asegura que las comunidades se rompieron y ya no se organizan. Lo que hacían antes, reuniéndose dos veces al año o en el Año Nuevo con la Fiesta de la Challa en febrero, ya no se hace. Porque “las comunidades quedaron quebrantadas”.

El memorándum se mantuvo de forma tan hermética que incluso Susana Campillay, representante de su padre en la comunidad de Placeta, logró obtener solo parcialmente el documento pues nunca le hicieron llegar los anexos. “Fue manejado totalmente oculto y nunca tuvimos acceso a las platas ni nada”, afirma.

Una vez que Barrick dejó de entregar el dinero al Consejo Comunal Diaguita del Guascoalto, “nunca aclararon qué pasó con el dinero entregado o si lo entregaron todo o si quedaron debiendo, nunca se aclaró”, expresa Campillay, quien también cuestiona la labor de CONADI de Copiapó, pues “no fue capaz de quemarse las manos por este tema”. Pese a que les informaron del menorándum, nunca ayudaron. “Nos dieron vuelta la espalda hasta el día de hoy”, dice y  agrega que también pidieron ayuda a ciertos políticos.

Finalmente, Susana cree que tarde o temprano toda esta información va a salir a la luz, que las comunidades van a tomar conciencia y “van a tomar en serio lo que es cuidar su tierra y la Pachamama porque con la naturaleza no se juega”.

El Ciudadano intentó acceder a la versión del Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por Javier Karmy Bolton