Dio comienzo juicio oral contra comunero mapuche perseguido por defender el río Pilmaiken

Jaime Uribe es acusado por la Fiscalía de homicidio frustrado contra el carabinero que estaba al mando del violento desalojo que en Enero se saldó con 11 detenidos y varios heridos de gravedad en el fundo Lumaco Bajo. Ante la falta de pruebas y dada la implicación del comunero en la defensa del Río Pilamiken frente a la arremetida hidroeléctrica, las comunidades denuncian que se trata de un nuevo montaje político judicial para acallar las voces disonantes con la política extractivista que se pretende imponer en la zona.

Dio comienzo juicio oral contra comunero mapuche perseguido por defender el río Pilmaiken

Autor: CVN
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Familiares de Jaime Uribe a las afueras del Tribunal de Garantía de Valdivia

Familiares de Jaime Uribe a las afueras del Tribunal de Garantía de Valdivia

Este miércoles 18 de noviembre ha dado inicio en el Tribunal de Juicio Oral de Valdivia el segundo día de audiencia del proceso emprendido por el Ministerio Público  contra el comunero mapuche Jaime Uribe Montiel, acusado por presunto homicidio frustrado contra el oficial de carabineros Juan Pablo Ríos en el marco del violento allanamiento que tuvo lugar el pasado 9 de enero en el Fundo Lumaco Bajo, en Río Bueno.

 

Uribe junto a sus abogados defensores durante la primera jornada del juicio oral este martes.

Uribe junto a sus abogados defensores durante la primera jornada del juicio oral este martes.

Según la versión entregada por el uniformado, el supuesto intento de homicidio se produjo en el marco de un forcejeo al momento de la detención del comunero que involucró a otros dos carabineros.

Para el abogado defensor de Uribe, Pablo Ortega, la situación descrita por la presunta víctima demostraría que se habría tratado de una situación accidental. Asimismo, en declaraciones a RBB este martes sostuvo que dicho argumento sería válido solo en el caso de que se pudiera demostrar en primera instancia que la herida del funcionario fuera provocada por el arma que se le imputa al acusado, «situación que creemos que el Ministerio Público tampoco podrá acreditar», aseveró.

Cabe recordar que el referido allanamiento, perpetrado con extrema violencia y sin la pertinente orden de desalojo mientras la comunidad realizaba un trawün al interior del predio, en proceso de recuperación, dejó 11 detenidos y varios heridos de gravedad, entre ellos Miguel Antiqueo, que fue alcanzado por los balines en su ojo izquierdo y el mismo Uribe, que perdió el conocimiento producto de la golpiza recibida durante su detención. Los hechos motivaron la interposición por parte del INDH y la Defensoría Penal Pública de Los Ríos de un recurso de amparo por el uso desproporcionado de fuerza por parte de carabineros.

Miguel Antiqueo perdió su ojo izquierdo tras ser baleado por carabineros.

Miguel Antiqueo perdió su ojo izquierdo tras ser baleado por carabineros.

Al respecto, la machi Millaray Huichalaf denunció ayer en declaraciones recogidas por RBB «la poca justicia que existe para el pueblo mapuche», teniendo en cuenta que el responsable -en este caso el mayor de carabineros Juan Pablo Ríos, víctima del presunto intento de homicidio, que estaba a cargo del contingente- de la pérdida del ojo de Miguel Antiqueo se encuentra sin ningún problema de salud y realizando sus funciones en libertad mientras que Uribe ha estado más de 9 meses en la cárcel de Río Bueno sin que se haya probado su culpabilidad.

Ahora, la fiscalía pide para Uribe una pena de 10 años y un día de cárcel por el homicidio frustrado, más otras penas menores por el porte de arma y municiones.

¿Nuevo montaje de la Fiscalía?

Desde un primer momento, las comunidades mapuche afectadas por la acusación contra el peñi, que también incluye tenencia ilegal de armas y usurpación violenta, denunciaron que se trataría de un nuevo montaje político judicial derivado de la implicación de Uribe en la defensa del río Pilmaiken, donde se busca instalar el proyecto hidroeléctrico Osorno, que inundaría es espacio sagrado Ngen Kintuante, vulnerando flagrantemente los derechos del pueblo mapuche y transgrediendo lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Chile en 2009.

El interés del estado por criminalizar la defensa del Pilmaiken tiene no obstante claros antecedentes en la zona, siendo el más reciente y mediático ejemplo el juicio por el caso Pisu Pisué, en el que quedó en evidencia el montaje armado por la Fiscalía, que no logró condenar a ninguno de los imputados por autoría y solo se estableció el presidio remitido de 61 días para la machi Millaray Huichalaf por encubrimiento, en una condena que ha sido recurrida y que para muchos tomó el cuerpo de un castigo simbólico a la vocería de la defensa del Pilmaiken.

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