Diputados aprobaron informe que cuestiona institucionalidad ambiental chilena

Con 102 votos a favor y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles 4 de enero el informe de la Comisión Investigadora del proyecto Cardones-Polpaico y del proyecto de generación Doña Alicia, de Curacautín.

El texto recalca que, antes y durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto Cardones-Polpaico, fueron vulneradas por distintos actores públicos y privados una serie de normas e instrumentos de gestión ambiental. «De este modo, aparece de manifiesto que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, vigente a la fecha, adolece de un conjunto de fallas o debilidades que permiten que megaproyectos, como el de Cardones-Polpaico, no sean evaluados con la rigurosidad que ameritan, a efectos de canalizar los eventuales impactos, consecuencias y externalidades negativas, que su futura ejecución y funcionamiento implicarán», se acota.

El documento resalta las diversas deficiencias e irregularidades en el proceso de participación ciudadana (adulteración de información, los informes relatan actuaciones de comunidades que no existen o reuniones que no se realizaron); e irregularidades en la evaluación ambiental propiamente tal, donde se presentó, por ejemplo, adulteración de encuestas.

«Las situaciones verificadas en esta investigación hacen razonable pensar que aspectos como la participación ciudadana debe ser reforzado legislativamente, a efectos de que el principio preventivo pueda realmente operar de forma eficiente, evitando que la participación de la ciudadanía degenere en denuncias, protestas y disconformidad posteriores a la aprobación ambiental del proyecto», se precisa.

La Comisión recomienda que la responsabilidad y el financiamiento de las evaluaciones ambientales no dependa exclusivamente del titular o promotor del proyecto, sino que sea el Estado quien mediante licitación pública administre el proceso. Asimismo, se plantea que no es posible continuar con mecanismos que se desentienden absolutamente de la opinión ciudadana.

Además, se sugieren modificaciones normativas que permitan mejorar el levantamiento de información para facilitar así la generación de líneas de base y áreas de influencia apropiadas; y regularizar y estandarizar el procedimiento técnico sobre el cual se establecen medidas de mitigación, compensación y reparación.

El grupo parlamentario también acusa deficiencias en la Superintendencia de Medio Ambiente, como órgano fiscalizador, principalmente debido a la falta de recursos que este organismo dispone; y critica que Cardones-Polpaico es un proyecto que se decidió aprobar «a todo evento», con intervención directa del Ministro de Energía para sacar velozmente dichas iniciativas. «Comprometió públicamente un cambio de trazado, que con posterioridad tuvo que desdecir, lo cual representa una intromisión indebida, ya que no está dentro de sus funciones actuar como portavoz del titular del proyecto y porque claramente representa una presión indebida para todos los funcionarios del gobierno involucrados en la cadena de decisiones», se remarca.

Asimismo, se determina que el titular del proyecto Cardones Polpaico (Interchile S.A.) actuó «de un modo inaceptable, desarrollando un conjunto de acciones manifiestamente reprochables»; se comprueba que el rol de las municipalidades en los procesos de evaluación ambiental sigue siendo muy precario; se establece que hubo una grave afectación a la actividad turística de Curacautín por efectos del proyecto Doña Alicia que no fueron mitigadas debidamente; y se acusa falencias en el proceso de resolución del recurso de reclamación por parte del Comité de Ministros que aprobó este último proyecto.

REACCIONES

Tras la aprobación del informe, los diputados de la región, los DC Fuad Chahin y Mario Venegas, destacaron el apoyo transversal, señalando que las deficiencias detectadas, “no pueden volver a repetirse y, bajo ningún pretexto o razón, vulnerar ni el ecosistema ni a las comunidades “.

El diputado Chahin señaló que “respeta la opinión de las comunidades, revocando la calificación ambiental aprobada en el comité de ministros por una voluntad política del ex Ministro de Energía. Se detectó vulneración de la participación ciudadana, afectando las actividades propias de las comunidades en el territorio; como la actividad turística, por eso nos parecía que este era un proyecto muy mal pensado y por eso es que en la instancia regional se rechazó por 8 votos contra 3”.

Además agregó que “recordemos que este proyecto prácticamente sin discusión y por la voluntad política del Ministro de Energía se aprobó unánimemente en el Comité de Ministros, sin la posibilidad de discutir como corresponde y, afortunadamente, el tercer tribunal ambiental de Valdivia, que es el competente en este caso, revocó la calificación ambiental del comité de ministros, acogió la reclamación de las comunidades indígenas».

Por su parte, el diputado Venegas señaló que es de la mayor importancia recoger las recomendaciones que el informe hace en orden a optimizar los procesos de evaluación de estos proyectos y fortalecer la participación ciudadana, incluso hasta el punto de hacer algunas modificaciones legales que permitan que estas iniciativas no impacten otros aspectos del desarrollo.

Señaló que el informe, por ejemplo, menciona cómo el Comité de Ministros no escuchó la voz de la localidad de Curacautín en el caso de Doña Alicia, ni a la Corema, que votó por ocho votos contra tres rechazar el proyecto porque consideraron insuficiente la información recabada. «Eso no me parece bueno ni ahora ni para el futuro del desarrollo de proyectos de este tipo, esperamos que este informe colabore en un mayor respeto a nuestros ecosistemas y que no volvamos a ver casos como estos“.

LIBRES DE ALTA TENSIÓN

Diversas agrupaciones ciudadanas y ambientalistas de la V Región se movilizaron el día de la votación en el Congreso, y posteriormente realizaron una manifestación frente a las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso el viernes 6 de enero. En la actividad, se leyó un comunicado en el cual manifiestan «nuestra indignación ante el servicio de evaluación ambiental, entidad que en estricto rigor debiese operar desde la imparcialidad con una mirada técnica en resguardo de la salud y el medio ambiente, pero que lamentablemente en la práctica se ha convertido en el gran aliado de las empresas que buscan imponer sus nefastos proyectos en los diversos territorios de nuestro país. En nuestra región existen dos proyectos que amenazan severamente la seguridad ambiental y la salud de la población y que además tienen fuertes cuestionamientos frente a los cuales el SEA ha hecho vista gorda manteniendo sin alteraciones su proceso de evaluación. La termoeléctrica Los Rulos de la empresa Ic Power ha recibido el rechazo categórico de la Seremi de Salud por considerar que es un proyecto que pone en riesgo la salud de la comunidad, así mismo la Seremi de Medio Ambiente lo ha cuestionado por no contemplar un plan de compensaciones ante futuros daños provocados; no obstante ello, el director del SEA Alberto Acuña ha preferido escuchar los intereses depredadores de la empresa por sobre las advertencias de estos servicios del Estado. Al respecto esperamos que esta vez prime la cordura y el sentido común y que el SEA recomiende al comité evaluador el rechazo de la termoeléctrica Los Rulos en vista de las graves falencias de su proyecto.»

Más información en Libres de Alta Tensión

El Ciudadano

Fuente: camara.cl

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