A través de una carta firmada por más de 50 parlamentarios, incluyendo a los gobernadores de las regiones de Atacama y Coquimbo, se le solicitó al Presidente de la República, Gabriel Boric, rechazar la instalación del Proyecto Minero Dominga.
Un grupo de diputadas y diputados llegó hasta el Palacio de la Moneda para entregar la carta de manera presencial, que fue recibida por la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.
Al respecto, el parlamentario por el Distrito 27 y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Daniel Melo, expresó que “queremos hacer un llamado al Comité de Ministros a que rechace el proyecto minero-portuario Dominga. Existen antecedentes técnicos y ambientales suficientes para tomar esta determinación”.
“El Estado de Chile debe tener un compromiso en la protección de un ecosistema único en el mundo, sobre todo pensando en las nuevas generaciones en el contexto de crisis y emergencia climática que estamos en el país. Dominga es un mal proyecto, es por eso que decimos con mucha fuerza que el Comité de Ministros rechace este proyecto”, agregó.
En tanto, el diputado por el Distrito 5, Daniel Manouchehri, señaló que “Dominga es muerte y corrupción. Hemos venido a dejar una carta dirigida al Presidente de la República, firmada por más de 50 parlamentarios y por los gobernadores de Atacama y Coquimbo, pidiéndole -primero- al Gobierno que rechace este proyecto domingo y en segundo término que pueda proteger el Archipiélago de Humboldt”.
“Nosotros creemos que Dominga es un proyecto que debe ser rechazado, es un proyecto nefasto, que tiene efectos destructivos y de ecocidio en un lugar que es sagrado para la naturaleza. Si el Gobierno aprueba Dominga se muere el alma del Gobierno, es por eso que tenemos tanta confianza en que el Presidente va a rechazar y va a cumplir su palabra”, añadió.
Su correligionaria Daniella Cicardini, diputada por Atacama, apeló al «origen oscuro» del proyecto, que está «lleno de conflictos de interés en el Gobierno pasado, con el Presidente Sebastián Piñera».
«Además, tiene un origen viciado mañosamente en su tramitación, ya que este proyecto minero en su proceso de Evaluación de Impacto Ambiental ingresa a la Región de Coquimbo y recordemos que este proyecto también compromete zonas de la Región de Atacama», apuntó.
“Es bien absurdo lo que pasa en ese sentido, porque esto estaría transgrediendo la legitimidad de lo que establece nuestro marco regulatorio-legislativo en la Ley de base del medioambiente. Por lo tanto es ilegal lo que está sucediendo en este caso particular”, complementó.
Por tal motivo, Cicardini llamó al Comité de Ministros a darle «un portazo a Dominga».
“Evitar una tragedia medioambiental y avanzar hacia un desarrollo sustentable y un Área Marina Protegida birregional y de múltiples usos que es parte del clamor que tienen las comunidades, la academia, y también la población de las regiones de Coquimbo y Atacama”, afirmó.
En la misma línea, la Gobernadora de la Región de Coquimbo, Krist Naranjo, planteó que “estamos viviendo nuevamente como región un momento bastante complejo. Nosotros no queremos que nuestra gente se divida por este tipo de proyectos”.
Naranjo exhortó a la comunidad a esperar tranquila la votación de la próxima semana.
“Como Región de Coquimbo y como Gobierno regional estamos por un desarrollo sustentable y ecológico, ese es nuestro lineamiento principal. Tenemos que mejorar los niveles de intervención y los procesos productivos de nuestro país”, argumentó.
«Terminaría para siempre con las actividades sustentables»
A la par, comunidades locales, pescadores, agricultores y emprendedores turísticos de la comuna de La Higuera también enviaron una carta abierta al Mandatario, para mostrar su preocupación por el futuro de sus fuentes de trabajo y medios de vida.
Los firmantes aseveran que la iniciativa de Andes Iron «terminaría para siempre con las actividades sustentables, como son la pesca artesanal desde áreas de manejo y el turismo que se ha desarrollado durante décadas, convirtiendo nuestra comuna en una nueva zona de sacrificio».
Solicitan inhabilitación de la ministra de Medio Ambiente
A esto se suma la presentación que realizaron los sindicatos de pescadores y asociaciones de pescadores artesanales de La Higuera, acompañados del abogado Marcelo Castillo, para solicitar la inhabilitación de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, del Comité de Ministros, debido a una supuesta falta de imparcialidad por sus declaraciones contra el proyecto y sus vínculos con el abogado que representa a la Fundación Oceana en el caso Dominga, Ezio Costa.
Según expresó Castillo “dadas sus declaraciones previas y su relación de amistad con el abogado de la ONG Oceana, sería inmoral y legalmente reprochable que la ministra Rojas participe en el Comité de Ministros respecto del proyecto Dominga”, y añadió que “este gobierno está aniquilando el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, actuando con frivolidad, con criterios meramente políticos y contra los intereses de los más pobres”.
Por su parte, el vocero de los pescadores de Totoralillo Norte, Jorge Cabrera, manifestó que “las cámaras de televisión siempre se van a grabar a Punta de Choros, donde hay un grupo minoritario de colegas que se oponen al proyecto. Ahí, sin embargo, no está él ni el puerto ni la mina, por lo que invito a las autoridades que vayan a conocer la zona y su gente antes de pronunciarse. La Higuera quiere Dominga y quienes hemos trabajados toda una vida en el mar sabemos que un barco a la semana que llegará a ese puerto no va a afectar en nada el medio ambiente, el cual nosotros también queremos proteger, porque vivimos del mar”.
Tras 10 años de una compleja tramitación, el próximo miércoles 18 de enero el Comité de Ministros definirá el futuro del polémico proyecto minero-portuario Dominga, que se pretende desarrollar en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, a expensas de causar daños en su ecosistema.
Cabe recordar que la iniciativa, vinculada al empresario Carlos Alberto Délano, ya fue rechazada en una primera oportunidad en 2017 durante el segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, cuyo efecto provocó la salida de los entonces ministros de Economía, Luis Felipe Céspedes, y de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Sin embargo, esta decisión fuera revertida por el Tribunal Ambiental de Antofagasta y ratificada por la Corte Suprema en mayo de 2022, que rechazó una serie de recursos de casación interpuestos en contra del proyecto.
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