Esta acumulación de riqueza de grupos que a su vez han sido beneficiarios directos a lo largo de 40 años de subsidios estatales, hace al menos cuestionable la decisión del gobierno de continuar apoyando al sector forestal por medio de subsidios estatales (con impuestos de toda la población chilena) para su desarrollo.
La economía neoliberal promovida por el Estado chileno, la cual se centra en la apropiación de territorios para la promoción y multiplicación del capital, como bien lo detalla David Harvey en su “Breve Historia del Neoliberalismo” (2007), ha actuado permanentemente por medio de legislaciones que son funcionales a la lógica del DL 701, es decir, subsidios a la inversión privada buscando una “externalidad positiva” para la población. Sin embargo, este tipo de políticas ha permitido que aquellos territorios “beneficiados” por la inversión vean alteradas sus propias dinámicas territoriales (productivas, sociales, recreacionales, ecológicas, entre otras).
Es en este contexto que académicos de la Universidad Austral de Chile (1) han manifestado su preocupación por los impactos ambientales y sociales que el fomento a las plantaciones forestales ha generado.
Entre los impactos más destacados se mencionan: 1) la pérdida en la provisión de agua de calidad en sectores donde se sitúan las plantaciones; 2) la disminución de la biodiversidad en zonas donde existen grandes extensiones de plantación; y 3) la fragmentación y sustitución de especias nativas por exóticas, generando una importante disminución del valor para la conservación de la biodiversidad.
Son estos impactos el mayor reflejo de una intencionada mercantilización de los recursos naturales del país, por medio de políticas y programas estatales. Es así como se ha fomentado el asentamiento de industrias (capital) en los territorios, permitiendo al sector empresarial forestal capturar dichos territorios, donde la población local pasa a ser la principal afectada con la promesa incumplida de la llegada de la tecnología, nuevas oportunidades laborales y un mayor crecimiento económico local.
Así, es justamente en estos territorios donde se han presentado condiciones de características socio-económicas contrarias a lo que podrían ser “polos de desarrollo”, a saber: 1) mayores índices de migración rural-urbana, 2) establecimiento de empleos precarios, 3) altos índices de pobreza en comparación con el resto del país, 4) pérdida de la diversificación de la matriz productiva (menor agricultura, por ejemplo), 5) entre otras.
Estas dinámicas, para ser resueltas, requieren de un sector forestal más sustentable e integrado a las diferentes realidades presentes en los territorios, a partir de una institucionalidad pública que resguarde el interés de todas y todos los chilenos, velando por una gestión sustentable de sus recursos naturales, con respeto y consideración de las distintas visiones sobre el sector, consultando a los pueblos indígenas por medio de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, y promoviendo el encuentro entre los diversos actores territoriales.
Hoy en día el país se encuentra en quizás el periodo político más complejo luego del regreso a la democracia. Fuertes presiones de los grupos de poder sobre las denominadas “amenazas reformistas” ponen al gobierno en la necesidad de re-establecer un orden económico que ha beneficiado, en demasiadas ocasiones, a unos pocos (por ejemplo en el caso del sector forestal). En este escenario es donde la urgencia por la aprobación del DL 701 se está presentando, con la promesa de una reactivación económica y la llegada de las anheladas inversiones que supuestamente reactivarían una dañada economía.
En este contexto, se hace más necesario que nunca estar atentos y ser activos participantes de la discusión y difusión de proyectos como el de extensión del DL 701. Nuestra preocupación debe ser el resguardo de nuestros territorios y nuestras culturas, instalando el debate al más alto nivel. El sector forestal es importante, pero requiere de un cambio relevante en el modelo gestión de sus recursos naturales. Los esfuerzos deben centrarse en políticas que promuevan el fomento forestal en todas sus áreas (bosque nativo, plantaciones, conservación y fomento), de forma participativa, sustentable y que permitan un mejor entendimiento de las dinámicas territoriales como esenciales en la relación sociedad naturaleza.
Es ahora el momento en que nuestra definición como agentes políticos debe jugar un rol preponderante, sentando las bases de una nueva sociedad justa, ecológica y democrática.
Por Raúl Contreras D., Ingeniero Agrónomo.
[1] http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=84582
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