En Argentina nace Red de educadores con la intención de proteger la salud de trabajadores y familias que hacen vida en espacios rurales y han sido victima de fumigaciones agrotóxicas
Son trabajadores de la educación en contacto directo con fumigaciones y agrotóxicos, en nueve provincias. Su primer plenario se realizó en San Andrés de Giles a un mes de la muerte de Ana Zabaloy, docente de una escuela fumigada en San Antonio de Areco.
“Red Federal de Docentes por la Vida”, es una organización nacida en defensa de la salud de los alumnos, trabajadores de la educación y familias rurales. Creada a partir de ser víctimas de fumigaciones con agrotóxicos, está presente en nueve provincias, donde se repite el avance del agronegocio sobre ciudades, pueblos y hasta sobre los niños de guardapolvo blanco. En su primer plenario nacional denunciaron la presencia de empresas en las escuelas (desde Bayer-Monsanto hasta Aapresid), repudiaron el decreto de Entre Ríos que permite fumigar a pasos de las escuelas y llamaron a producir de otra manera (agroecología), sin agrotóxicos ni transgénicos.
“Es necesario unirnos, porque cuando estás sola no sabés para dónde salir, a quién pedirle ayuda. Creo que el trabajo de las redes en comunidad es súper interesante. Aspiramos a que la red se fortalezca y haga fuerza”, proponía Ana Zabaloy, docente rural fumigada de San Antonio de Areco, fallecida en junio pasado, y fundadora de la Red Federal de Docentes por la Vida.
A un mes de su fallecimiento, la Red tuvo su primer plenario, realizado en San Andrés de Giles con trabajadores de la educación de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Salta, Catamarca y Tucumán. Y la adhesión y compromiso de otra decena de provincias. Daniela Dubois, integrante de la Red de Docente, explicó que durante dos días de trabajos en comisión y plenarios puntualizaron las principales amenazas: agrotóxicos, la “falsa solución” de las “buenas prácticas agrícolas (BPA)” en la curricula y formación docente, el financiamiento de programas educativos y materiales didácticos para las escuelas agrotécnicas (realizados directamente por las empresas del agronegocio). También señalaron la misma incumbencia empresaria (y efectos en el ambiente y la salud) de la megaminería y el fracking.
Precisaron que en Argentina hay 12.000 escuelas rurales, espacio de educación y arraigo de comunidades locales, que desde hace décadas sufren el abandono de los distintos gobiernos (tanto provinciales como nacionales). No creen que sea casual. Los establecimientos educativos pueden funcionar como frenos a la avanzada territorial del extractivismo (agro, minería, forestales, petróleo).
En el plenario de docentes tuvo gran espacio la situación de Entre Ríos. El Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrotóxicos a los niños y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre: en un fallo judicial sin precedentes, prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre Ríos. Y la distancia de protección se extiende a 3000 metros si las aplicaciones son aéreas. La protección abarcó a todas las escuelas de la provincia.
El amparo que protege las escuelas fue apelado cuestionado por el gobernador Gustavo Bordet, que el 2 de enero de 2019 publicó un decreto contrario al fallo y redujo a sólo 100 metros la protección de las escuelas rurales. El presidente Macri, en apoyo explícito al agronegocio, cuestionó al Poder Judicial: “Es un fallo irresponsable. Pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos». La Coordinadora «Basta es Basta» (reúne a asambleas socioambientales, organizaciones sociales y docentes) le contestó en un comunicado: «Señor presidente, nuestros gurises merecen el mismo ambiente que su hija Antonia».
En mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del gobernador Gustavo Bordet. De esta forma, mantuvo vigente el amparo que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas.
El 1 de agosto, el gobernador Gustavo Bordet ignoró el fallo judicial y emitió un nuevo decreto. Habilitó las fumigaciones a 100 metros de las escuelas. La Red Federal de Docentes por la Vida cuestionó al Gobernador: “Porque defendemos el derecho a la educación, la salud y un ambiente sano, repudiamos el decreto 2239 con el que el gobernador Bordet da permiso para que se fumigue a la gurisada. No podemos permitir que los agrotóxicos invadan las escuelas y los contenidos curriculares”.
Por otro lado, el gobierno nacional cuenta con el programa “Escuelagro”, en el ámbito del Ministerio de Agricultura. Es un espacio impulsado, entre otros, por la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid), promotores del modelo transgénico en Argentina y que actúa junto con las grandes empresas que venden semillas y agrotóxicos.
Yamila Vega, de la Red de Docentes, asistió a una de las jornadas de Escuelagro. “Es tremendo. Presentan las ‘novedades’ sobre insumos y semillas, todo orientado a justificar el agronegocio como único modelo posible. Se plantea la ‘inocuidad’ de los agrotóxicos y se trató de ignorantes y fanáticos a los ambientalistas. Se planteó que trabajando con buenas prácticas el tema de las distancias no afecta a la población y al ambiente, cuando hay estudios científicos que ya han comprobado lo contrario”, alertó Vega.
La Red de Docentes forma parte del movimientos de “Pueblos Fumigados” de Argentina e integra el Foro Agrario Nacional, que se realizó en mayo pasado por decenas de organizaciones campesinas y técnicas que impulsan un modelo de producción de alimentos sanos, en manos de campesinos y agricultores familiares, con la agroecología y soberanía alimentaria como bandera.
Cortesía de Darío Aranda Pressenza
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