Ecuador rompe su mandato ecológico y libera explotación petrolera en la Amazonía

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, canceló lo que posiblemente fue la iniciativa ambiental más original de los últimos años en América Latina: impedir la explotación petrolera en la Amazonia. En su formulación más reciente, el gobierno ofrecía no extraer hidrocarburos solo si se completaba un fondo de compensación económica que cubriera aproximadamente la mitad de lo que esperaba ganar vendiendo ese crudo. Se buscaba preservar los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (de allí la sigla ITT), que en parte se superponen con el parque nacional y reserva de biósfera Yasuní, que en sus 9820 kilómetros cuadrados, es una de las zonas de mayor riqueza ecológica del continente.

Después de seis años, Correa canceló esa iniciativa el pasado 15 de agosto, para dar paso al llamado “plan B”, que permite la explotación petrolera en la zona. En un discurso por cadena nacional, lanzó ácidas críticas al ambientalismo, sostuvo que la comunidad internacional era hipócrita y le falló al país por no haber depositado dinero suficiente, e invocó repetidamente la miseria como factor clave para tomar la decisión de exportar el petróleo. Según Correa, con ese petróleo del Yasuní se conseguirán más de 18 mil millones de dólares, y que con ello, la Amazonía podría salir con “holgura” de la pobreza (video del discurso presidencial aquí…).

Dentro de Ecuador, la medida ha despertado la reacción de organizaciones ambientalistas, y las federaciones indígenas ya anticiparon su oposición activa. Según las últimas encuestas de opinión pública, más del 90% de la población urbana estaba en contra de extraer petróleo del ITT Yasuní. Asimismo, distintas voces invocaron el marco constitucional para llamar a una consulta ciudadana sobre ese tipo de explotación. Este pasado sábado, en su programa de radio y televisión, Correa desafió a esos grupos a que no fueran “vagos” y recogieran las firmas necesarias para obligar a una consulta ciudadana (5% del patrón electoral) (la noticia aquí…).

Esta medida ecuatoriana tendrá efectos tanto sobre los países vecinos como a nivel internacional. Al desaparecer una de las propuestas icónicas de una alternativa postextractivista, se refuerzan los avances mineros y petroleros dentro de áreas naturales y territorios indígenas. En países como Bolivia, Perú y Colombia se repiten las presiones para comenzar a explotar áreas silvestres o tierras en manos de indígenas o campesinos.

Al desplomarse la iniciativa, los gobiernos vecinos reforzarán similares discursos donde se dice que no hay más opción que el extractivismo para superar la pobreza. Estamos presenciando un nuevo embate de avance la frontera petrolera sobre las selvas tropicales.

La propuesta de dejar el crudo bajo tierra nació desde la sociedad civil mucho antes de la presencia política de Correa, y fue rescatada hacia 2007, por Alberto Acosta, quien era entonces el ministro de energía de su primer gobierno. En sus orígenes, la propuesta apuntaba a proteger la biodiversidad y pueblos indígenas dentro del área, cumpliendo con los nuevos derechos constitucionales ecuatorianos. En efecto, la Constitución mantenía los clásicos derechos ambientales de las personas, pero agregaba derechos propios de la Naturaleza o Pachamama. El Parque Yasuní era una candidato ideal, ya que dentro existían algunas explotaciones petroleras que le amenazaban, pero sobre los intereses de petroleras de expandirse sobre los campos llamados ITT.

A esos argumentos se sumó la idea de una compensación económica, solicitada a la comunidad internacional como muestra de solidaridad con el esfuerzo ecuatoriano. El problema es que ese componente económico cobró cada vez más fuerza. Se sostenía que como el Ecuador perdería mucho dinero al dejar de exportar el petróleo, los demás países lo deberían compensar con al menos la mitad de esos valores (estimados en unos 3 600 millones de dólares).

Al avanzar el tiempo, el compromiso con la conservación y los pueblos indígenas quedó en segundo plano, y el interés económico comenzó a ser justificado en el marco de los debates sobre cambio climático global. Las posturas más recientes del gobierno sostenían que al preservar el petróleo, éste no sería quemado, y por lo tanto se evitarían emisiones de gases con efecto invernadero. Consecuentemente la comunidad internacional debía pagar por esas emisiones evitadas, e incluso se intentó crear “bonos” atados a la reducción de emisiones contaminantes.

Todo esto entreverado con las idas y venidas del propio gobierno, que en más de una ocasión parecía torpedear su propia iniciativa, minando la confianza internacional en cualquier fondo. Sin dejar de olvidar que Correa llegó a burlarse de los donantes internacionales.

Tanto los cambios como los discursos dejan en claro que Correa, y sus colaboradores más cercanos, en realidad nunca entendieron el corazón de la propuesta. Eran los mandatos constitucionales de los derechos de las personas y la Naturaleza los que le obligaban a preservar el parque nacional. Para cualquier observador desapasionado es evidente que es muy difícil pedirle dinero a otras naciones por llevar a la práctica acciones a las que está obligado un gobierno. Para decirlo en forma más simple, es como si Colombia o Perú pidieran una compensación internacional por los gastos que deberían asumir para asegurar la salud o educación de sus niños.

Como primaron las consideraciones económicas, no puede sorprender que los atributos ecológicos del Yasuní, uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta, quedaran desatendidos. Por ello estuvieran ausentes en el discurso presidencial. Todo esto confirma que ese gobierno, poco a poco, está haciendo desaparecer los derechos de la Naturaleza. El mismo Correa lo dejó en claro cuando al final de su discurso se refirió a ellos como “supuestos derechos”.

De esta manera, la decisión final no se fundamentó en el marco de los derechos, sino que se articuló como un ejercicio costo beneficio: como el fondo internacional de compensación resultó muy pequeño, lo más rentable era comenzar a vender el stock petrolero. Aquel fondo de compensación sólo recaudó en efectivo poco mas de 13 millones de dólares, y existían promesas por 116 millones, o sea, muy por debajo de los 3 600 millones esperados. El gobierno hizo las cuentas, y partiendo de reservas calculadas en la zona son de 920 millones de barriles, Correa prometió un ingreso de más de 18 mil millones. Son las matemáticas simples de un análisis costo beneficio.

La decisión de Correa tendrá implicancias en el contexto continental de variadas maneras. Comencemos por señalar que refuerza la postura de gobiernos que se lanzan a la retórica sobre temas ambientales globales mientras debilitan su gestión ambiental interna.

Esta postura es sobre todo seguida por Evo Morales, quien tiene discursos muy radicales en los foros internacionales sobre cambio climático y propone derechos de la Pacha Mama planetarios, y esto sin duda es positivo. Pero el problema es que simultáneamente se desatiende ese compromiso dentro de su propio país. En Bolivia no se atacan decididamente, por ejemplo, las fuentes de emisiones (como la deforestación) o se aseguran los derechos de la Pacha Mama a nivel local (por ejemplo frente a mineras o petroleras). Por el contrario, la administración Morales quiere seguir un camino muy parecido al ecuatoriano, ingresando en áreas protegidas o territorios indígenas y campesinos para explorar y explotar minerales y petróleo.

De alguna manera, el camino seguido por Correa es similar. Su discurso se centró en el cambio climático y la hipocresía global, pero no en las demandas ambientales dentro del país. Siempre es más sencillo atacar a los países industrializado como contaminantes, que tomar medidas frente a los intereses internos que defienden el extractivismo.

Regresan actividades de exploración y explotación, con todos sus conocidos impactos ambientales a zonas amazónicas de enorme diversidad, y con ello toda la problemática social. Se siguen encogiendo las áreas verdaderamente silvestres y aumentará la fragmentación.

Paralelamente, si un gobierno autoproclamado como del socialismo del siglo XXI o de la nueva izquierda, redobla la explotación petrolera más allá de advertencias sociales y ambientales, otros países vecinos que siguen caminos similares podrán decir que son tan progresistas como Correa. Las diferencias entre Correa con Santos o Humala se reducen más y más.

Finalmente, se refuerza el corazón ideológico del fatalismo extractivista como único medio para atacar la pobreza. Son posiciones que se repiten en casi todos los países sudamericanos. Se está imponiendo una forma de entender el desarrollo, donde volvemos a caer en el papel de simples exportadores de materias primas, y la explotación de la Naturaleza no sólo es necesaria, sino que se la presenta como un mandato para asegurar el progreso.

Acaba de desplomarse en Ecuador la iniciativa ambiental más original frente a ese empuje petrolero sobre la Amazonia. Una vez más, la ambición petrolera pudo más que una ética de la conservación.-

Por Eduardo Gudynas