Hace algunos días, El Ciudadano publicó una carta que la Fundación por la Conservación de los Salares, dirigió a parlamentarios e instituciones de la región de Antofagasta, con el objetivo de denunciar el grave daño ecológico ocasionado por Minera Escondida (cuya propietaria es la australiana BHP Billiton), calificándolo como un ‘crimen ambiental’.
La misiva explica que la principal compañía minera del mundo no cumplió con un protocolo de cuidado ambiental firmado con el SAG, establecido en relación al Salar de Punta Negra, ya que sus acciones extractivas han dejado el salar seco y se estima que extinguieron una especie de flamencos que se aposaba en el lugar.
El petitorio de tres puntos de la Fundación por la Conservación de los Salares exige, en primer lugar, que se cumpla el convenio suscrito entre Minera Escondida y el SAG para monitorear la zona, el que fue establecido como un ‘acuerdo de caballeros’; también se pide restituir el cuerpo de agua original y que permitía la vida de la flora y fauna endémica del Salar de Punta Negra, y por último, que el Estado implemente una política de protección del patrimonio natural que resulta afectado debido a la actividad extractiva de compañías foráneas, cuyo principal interés es llevarse los recursos naturales del país, sin establecer las respectivas mediadas de mitigación.
No obstante la referida carta, en un comunicado fechado el pasado 16 de febrero, la Agrupación de Defensa del Salar de Punta Negra cuestionó la excesiva prontitud con la que el intendente de Antofagasta, Valentín Volta, respondió su denuncia sobre el “desastre ecológico producto de la sobreexplotación del recurso agua por parte de Minera Escondida (BHP-Billiton) en el Salar de Punta Negra”. En la oportunidad, la Agrupación de Defensa del Salar de Punta Negra expresó su rechazo a la respuesta entregada por la principal autoridad regional, quien desestimó la denuncia de carácter medioambiental, afirmando “que (la actividad de la minera en el salar) se ajustaba a la normalidad de su ecosistema y de su entorno biológico”.
Diputada (PR) Marcela Hernando: “Muchas de las competencias y responsabilidades de fiscalización del SAG se les traspasaron a la seremi de Medio Ambiente; por ello, el SAG desestima este convenio”
En respuesta a esta necesidad generada en el seno de la sociedad civil, la diputada (PR) Marcela Hernando (ex intendenta y ex alcaldesa de Antofagasta) conversó con El Ciudadano. En la oportunidad, la parlamentaria por Antofagasta –quien en su calidad de médico desarrolló una fructífera labor en el ámbito de la salud púbica en la región– manifestó su preocupación por el estado del Salar de Punta Negra, y aseguró que los antecedentes ya están en poder de la Cámara Baja.
Hernando explicó que “desde el punto de vista de la extracción del agua, este es un salar que comenzó a ser explotad por Minera Escondida desde su instalación en Antofagasta, y por lo tanto, esa extracción de agua es previa a toda la normativa medioambiental; en esa época, a fines de los noventa (la minera) ya tenía un límite de mil 200 litros por segundo”, sostuvo en referencia a la minera de capitales australianos.
“Lo que sabemos hoy –añadió– es que los acuerdos de caballeros que existían, y que era previos a la normativa medioambiental (antes de 2003) han dejado de tener algún sentido, y por lo tanto, el SAG, que es el que tiene que preocuparse de las poblaciones de flamencos, de la nidificación de los zorros que ha y en el sector, desahució este convenio hace un año.
En términos concretos, ¿en qué se ha traducido esa decisión del SAG?
Hay algunos cambios. Si bien es cierto que ellos (Minera Escondida) sacan el agua, la utilizan y después riegan para que no aparezca sin agua el salar (…) todos entendemos que obviamente esa no es la condición natural, y que si bien todavía hay población de flamencos, eso se logra gracias al ahuyentar a los zorros y que muchos de estos flamencos están llegando a los relaves (mineros) a nidificar. Lo que uno no entiende es que si la empresa tiene una (planta) desaladora que fue construida en 2003, y que debiera crecer desde 500 a 2 mil 800 litros por segundo, no lo haya hecho y sí haya iniciado la construcción de una segunda planta desaladora, con lo cual va a llegar a 2 mil 500 litros por segundo, pero mientras tanto es el salar el que sufre esta depredación de nuestros recursos hídricos.
¿Tiene o no efecto vinculante la resolución del SAG, y en caso contrario, cuáles son las acciones a emprender?
No tiene efecto vinculante porque las resoluciones son previas (a la normativa medioambiental), y porque además fue un acuerdo de caballeros; lo que Minera Escondida ofreció en ese minuto es que iba a monitorear las aves, que iba a preocuparse de la nidificación y que iba a estar atento e informar al SAG, pero luego con la normativa medioambiental muchas de las competencias del SAG y responsabilidades de fiscalización se les traspasaron a la seremi de Medio Ambiente; por ello, el SAG desestima este convenio.
Usted está pidiendo que la Cámara cree una comisión investigadora, ¿cuál es el propósito?
Estamos pidiendo información y recabando antecedentes. El diputado (Fernando) Meza, como presidente de la comisión de Medio Ambiente estuvo en Antofagasta y él propuso formar una comisión investigadora para lo cual se están preparando los antecedentes.
A su juicio, ¿la ciudadanía de la región de Antofagasta se encuentra informada de esta situación, hay conciencia del problema?
Creo que esto más bien es una cuestión de las personas que conocen de los temas medioambientales, de aquellos que van por razones de trabajo a estos sectores, que conocen de la biodiversidad que tiene nuestro desierto, por ejemplo, investigadores de la Universidad de Antofagasta que hoy día trabajan con bacterias que se desarrollan solamente en el desierto, y que además hoy se exploran las potencialidades que tienen en la industria farmacéutica para el desarrollo de nuevos fármacos, de antibióticos, o para cosas industriales, como la biolixiviación. Hay un tema que es bastante desconocido y sobre el cual tampoco existe inversión como país en términos de considerar que eso (el salar) es un recurso.
¿Cuáles son sus expectativas respecto al trabajo de una eventual comisión investigadora?
Ojalá poder clarificar qué está pasando con el agua en nuestra región, no solamente es un tema con el agua de los salares y de los bofedales, sino) también saber qué está sucediendo en términos del cambio, por ejemplo, cuando uno mira Calama. El oasis de Calama ha disminuido en un 50 por ciento la superficie que antes era cultivable; lo mismo uno se plantea cuando estamos teniendo agua desalada, eso es bueno, yo aplaudo que se desale agua, pero de la misma manera critico mucho que estemos votando el agua que usamos y que no se recicla; que se riegue con agua potable en Antofagasta es un desperdicio, y que el 50 por ciento del tratamiento primario que se hace del agua de alcantarilla, vaya a dar al mar.
Declaración pública de la Agrupación de Defensa del Salar de Punta Negra en respuesta al intendente de Antofagasta Valentín Volta
“Somos una agrupación socio ambientalista del norte grande, que hemos puesto en evidencia un grave daño ambiental en el Salar de Punta Negra por parte de Minera Escondida, propiedad de la empresa extranjera BHP-Billiton, quienes han prácticamente secado su recurso hídrico, y con ello, la riqueza patrimonial biológica de especies en extinción como el flamenco, y del contexto natural de los bofedales y vegas que las abundantes aguas del desierto mantuvieron por miles de años, hasta que sus aguas fueron indiscriminadamente utilizadas por la minera en su proceso extractivista transnacional.
Con esta denuncia contra el incumplimiento de un convenio entre el SAG y la Minera firmado en 1996 y al cual el SAG el 2014 habría desistido por incumplimiento de la empresa de las medidas de monitoreo y mitigación en su proceso de extracción de aguas, así como la no fiscalización por parte de este organismo gubernamental de su parte del convenio, en la Superintendencia de Medio Ambiente la semana pasada, que fue ingresada en la intendencia junto a los voceros del Movimiento Socioambiental de Antofagasta “Este Polvo Te Mata” el profesor Ricardo Díaz y el concejal Jaime Araya.
Esta denuncia fue luego respaldada por el presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Fernando Meza –quien viajó exclusivamente a la ciudad para estos fines–, la diputada Marcela Hernando y otras agrupaciones de la región, quienes se reunieron con el intendente, la gobernadora, los seremis de Agricultura y Medio Ambiente, el director de CONAF, la DOH, y la directora del SAG. En la reunión el intendente se comprometió a fiscalizar y a reunirse con la empresa para solicitar información y antecedentes respecto a la denuncia y la visibilización de este grave conflicto socioambiental en la comuna de Antofagasta.
Es por eso que requerimos al señor intendente Volta, que nos brinde los antecedentes entregados por la empresa, los recabados por especialistas, académicos y científicos que le permitieron al día siguiente de nuestra denuncia afirmar que la situación del Salar de Punta Negra, en términos ambientales, se ajustaba a la normalidad de su ecosistema y de su entorno biológico, que mínimo nos parece irresponsable en tan corto tiempo. Nos gustaría que la comunidad científica independiente pudiese tener acceso a estos datos.
De esta misma manera, invitamos a la comunidad a participar en este proceso de concientización de un conflicto ambiental grave, que se enlaza con la serie de depredaciones y devastaciones que la empresa extranjera y la irresponsabilidad institucional provocan en nuestra región, y país, y que gracias al apoyo de autoridades, dirigentes y la prensa local, regional y nacional, se está visibilizando. Al no existir en nuestra región el Tribunal Ambiental –negligencia profundamente irresponsable–, la acción de la empresa Minera Escondida BHP Billiton ha ocurrido en el silencio cómplice que no puede ser tolerado. Además existiendo la tecnología se hace extraño que las mineras sigan utilizando el agua del salar cuando existen otros métodos para nutrir de agua a sus faenas, más aún en un lugar que está en grave peligro ambiental”, concluye la declaración pública.