El cartel del Confort sólo ratifica la condición miserable de la burguesía chilena: esas ansias de aumentar a toda costa sus márgenes de ganancias, llegando a operar tal como lo hacen los carteles del Narcotráfico, ocupando nombres falsos, direcciones de correos inexistentes, lanzando computadores al río y un sin fin de acciones sólo vistas en las películas de la mafia o en las crónicas policiales.
Pero queremos aportar a la rabia, al descontento que se tiene que organizar para parar la mano de estos saqueadores, de estas ratas de la cota mil; uno de los grupos económicos que han salido al baile es el de la Familia Matte dueña de CMPC, Colbún, Forestal Mininco entre otros de sus múltiples negocios y que han sido favorecidos con el Decreto Ley 701 de «Fomento Forestal».
De hecho el Gobierno «Socialista» de Michelle Bachelet ha impulsado la prórroga del DL 701 firmado en 1974 por Julio Ponce Lerou y los asesinos de la dictadura, cuya normativa financia con fondos estatales el desarrollo de monocultivos en Chile, o sea, le subsidia con tú plata el negocio a las forestales de estos personajes.
UN POCO DE HISTORIA
En octubre de 1974, la Junta Militar aprobó el Decreto Ley 701 (DL 701) que posibilitó que las plantaciones de monocultivos de eucaliptus y pino radiata recibieran un subsidio de parte del Estado que nominalmente cubría el 75% de la inversión inicial pero que, en los hechos, cubría un 100% o más.
Además, la dictadura militar subsidió de otras formas a las ricas familias dedicadas a este rubro. Les entregó a precio de huevo: viveros, plantas industriales (celulosas) y decenas de miles de hectáreas de tierras, muchas de ellas arrebatadas a comunidades mapuche. Muchos comuneros fueron asesinados por defender sus tierras y nadie pudo o quiso hacer nada para defenderlos.
Este proceder dictatorial no sólo favoreció la concentración de la tierra, sino también el exponencial enriquecimiento de dos familias: los Matte (Forestal Mininco, papelera CMPC) y los Angelini (Forestal Arauco, celulosa Celco). Estas familias tienen, en conjunto, más tierras que todo el pueblo mapuche. Mientras aquellas poseen en conjunto sobre los dos millones de hectáreas, los 300 mil mapuches que habitan en comunidades rurales detentan poco más de 900 mil. De esta monstruosa injusticia se alimenta lo que equívocamente se ha llamado: “el conflicto mapuche”.