Los grandes conglomerados del negocio forestal –entre los que también se encuentra el grupo Masisa– obtienen actualmente ganancias siderales: el monto de las exportaciones de este sector (en maderas, celulosa y aglomerados) supera los 6 mil millones de dólares anuales.
El costo social y ambiental necesario para llegar a dicho resultado ha sido demasiado alto y no puede mantenerse sin seguir ocasionando una catástrofe.
Hoy, cada familia mapuche tiene, en promedio, tres veces menos tierra que en 1973, cuando gobernaba Salvador Allende. Desde aquel entonces, 2,4 millones de hectáreas de bosque nativo han sido reemplazadas por monocultivos forestales. Estos se ubican fundamentalmente en las regiones del Bío Bío, de La Araucanía y de Los Ríos, en el corazón del histórico territorio mapuche.
En materia socioeconómica, el aporte de la industria forestal es completamente negativo para las comunas y regiones donde surge tan cuantiosa riqueza.
Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2009, la provincia de Arauco (Región del Biobío) presenta un índice de pobreza de un 26,9% de la población, mientras que en las provincias de Malleco y Cautín (Región de La Araucanía) esta cifras son 25% y 35,1%, respectivamente.
En la regiones del Bío Bío y La Araucanía el desempleo también está por sobre la media nacional. Mientras que en la primera de estas regiones este flagelo alcanza al 12,8%, en La Araucanía es del 13,2% (CASEN, 2009).
Hoy sabemos que el gobierno de Bachelet ha ordenado a sus partidos políticos, y a todos los parlamentarios de la Nueva Mayoría, aprobar -con la mayor celeridad- la extensión del DL701. Pagar los favores políticos de la pre-campaña, será en adelante la prioridad del gobierno.
Pero hoy no sólo estamos frente a la amenaza de la prórroga del DL701 sino que, además, para consolidar el nocivo modelo forestal chileno, el gobierno junto al Ministerio de Agricultura ha creado mediante decreto el “Consejo de Política Forestal”, integrado por CONAF, CORMA (entidad que agrupa a las grandes forestales), el Colegio de Ingenieros Forestales, ONGs, CONADI, entre otros. Todo esto con el fin de planificar la nueva Política Forestal para el centro- sur de Chile por los próximos 20 años (2015 al 2035), sin la Consulta Previa a los pueblos ancestrales.
Bachelet ha impulsado la extensión del DL 701, para que entre en vigencia en enero de 2016 para así obviamente contentar a sus patrones y seguir con el negocio.
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