Sin embargo, Rivas también señaló que esta normalización tiene que ver con un eje de desarrollo ad-hoc con el país, lo que, a juicio de El Ciudadano, no necesariamente beneficia a los más pobres. Pero primero, contextualicemos un poco. Como la construcción de estas plantas de tratamiento requiere de desembolsos amplios, el estado chileno tomó la decisión de generar una plataforma jurídica y creó una legislación en la que el sector privado pudiera iniciar su plan de inversiones en este tipo de tecnología. Así, en 1999, el grupo Iberdrola, eminentemente energético, incursiona en Chile en el tema sanitario y adquiere en licitación publica el 51% de la propiedad de Essal.
Según Sáez Albornoz, “La idea era tener saneada toda la región para el año 2010”. Y efectivamente Essal, en los 4 primeros años de esta gestión, trata casi el 90% del agua residual de la región. Lamentablemente, este problema generó enormes alzas de precios que los ejecutivos de la empresa sanitaria justifican a través del concepto de Cuenca. Este término define que todos los habitantes de la zonapagan por la limpieza de las aguas de toda la región, independiente de que en el sector donde viva ya haya sido construida una planta.
Vale decir, si alguien vive en La Unión y se inaugura una planta en Chiloé, el costo (que en las cuentas aparece como “Tratamiento de Aguas Servidas”) debe ser asumido por todos. ¿Hasta cuando la gente debe seguir pagando tarifas que suben cada día por sus servicios básicos? ¿Esto implica que los costos seguirán subiendo si se construyen más plantas? ¿O que bajarán los precios cuando se terminen las obras? Rivas señala que disminución en las tarifas NO HABRÁN, porque “el que contamina debe pagar el tratamiento del agua.” El sistema de tratamiento debe ser pagado y es un costo que, para variar, lo cancelan los usuarios. Está claro, Essal sigue la normativa, pero sigue siendo a costa de los bolsillos de otros.
Pero, ¿qué pasa con la gente que no puede pagar? El estado ha desarrollado estrategias para paliar este problema, con subsidios para aquellos menos favorecidos, tipificándolos a través de las fichas CAS (que registran los antecedentes individuales y familiares de personas de escasos recursos, para determinar su situación social). Estas facilidades van desde un 75 a un 100% del costo de los 15 metros cúbicos mensuales. El problema es que aún así hay personas a las que le es imposible cancelar sus cuentas.
Y las soluciones… ¿cuándo?
Todo esto sin contar problemas adicionales como, las quejas de malos olores y residuos extraños que denuncian habitantes aledaños a la planta (Cartas al Director nº4) o el derrame de petróleo en el agua potable de la ciudad de Río Bueno hace meses, que no sólo provocó contaminación sino también varios cortes del suministro que afectaron a más de 20 mil consumidores. Además, y como indicáramos en nuestra edición número 4, el inconveniente del colapso de aguas servidas en la Población Osvaldo Leal aún no había tenido una respuesta concreta hasta la ceremonia de inauguración de la planta en Cocule, en la que el gerente de Essal fue enfrentado por Sudanita Pérez, presidenta de la Junta Vecinal afectada y por Miguel Molinos, de la Junta de Vecinos de la Llollelhue 2.