¿El colmo de un ambientalista? Condenan a prisión a dirigente por recoger pilas por 15 años

Una pila de pilas acumuladas por 15 años llevaron a la condena al activista por el medio ambiente y presidente de la Fundación Itá Enramada, Rubén Figueredo. Se trata de una peripecia. La decisión tomada por el ambientalista pretendía aportar a la limpieza de su entorno. Y resultó ser más dañina. Fue condenado a dos años en prisión.

El Tribunal de Sentencia, institución paraguaya a cargo del fallo, determinó que Figueredo no contaba con permiso ni estudio de impacto ambiental para almacenar las pilas y otros desechos considerados peligrosos en las inmediaciones del local del predio de la entidad y concluyeron unánimemente que no había «justificación legal» para la situación.

La condena de dos años, sin embargo, tendría la posibilidad de remitirse a otro formato a determinarse el próximo viernes 27, fecha prevista para la lectura del fallo íntegro.

La reacción de la ciudadanía, según consigna el diario ABC de Paraguay, fue de desconcierto y condena a las autoridades. Llamó la atención el empeño en perseguir penalmente y a exigir cárcel inclusive, para un ciudadano que actuó en pro del bien común en contrapartida con la desidia observada en sancionar a los que hace años contaminan impunemente ríos, arroyos y lagos y ni qué decir de aquellos que roban con total descaro las arcas del Estado, entre los cuales están varias autoridades nacionales.

“Llevamos las pilas a la Fiscalía. Justicia para Rubén Figueredo”  fue la consigna a partir de la cual se organizó una campaña para defender al ambientalista.

La abogada defensora de Figueredo, Rosa Vacchetta, señaló: “No estoy conforme, esto demuestra que la institucionalidad en este país es lo que está faltando, falta una política ambiental, que las instituciones se encarguen de su rol y que aprendamos a cobrarles las facturas a las instituciones y no al individuo que, a brazo partido, intenta hacer algo”. Agregó que  “La ley es muy clara respecto a lo que tienen que hacer las empresas que importan esos residuos, tienen que obligarles a esas empresas a retirar (las pilas) nuevamente de nuestro país; sin embargo, no se les obliga ¿y a quién le caen encima? Al individuo que está preocupado, una ONG particular, pero al (sector) público no le pasa facturas, eso es lo grave”, según el medio.