El Estado debe restituir a los afectados por el ecocidio de la Cuenca Atoyac-Zahuapan: representante de la ONU

Abusos, trata de personas con fines de explotación sexual, despojo, contaminación, robo de combustible, afectaciones a la salud, son los hechos violentos que ocurren en la cuenca y subcuenca del Río Atoyac-Zahuapan.

Así lo revela el Informe del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local AC “19 años de comunidad en la vida y la esperanza” que señala que la omisión del Estado en estos delitos que forman parte de la devastación socioambiental “lo vuelve cómplice de la barbarie junto con la industria”.

Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, señaló, en la lectura del informe, «El impacto integral territorial de las problemáticas que se vive en el estado de Tlaxcala. Retomando la interconexión de los sistemas naturales y sociales», reconoció que la devastación deriva en la afectaciones de la vida identitaria, cultural y social, en la alimentación, la relación con el río, con la comunidad y con la historia.

Sobre la contaminación ambiental, asentó que el Centro, año con año ha denunciado el aumento de la terrible contaminación de tierra y aire en la Cuenca del Alto Atoyac provocada por los desechos tóxicos de las empresas y otras descargas de la cuenca Atoyac Zahuapan, que han causado enfermedad y muerte.

Recordó que la recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), gracias a la queja interpuesta por el Centro Fray Julián Garcés y por la Coordinadora Un Atoyac con Vida, determinó la relación entre la contaminación y las enfermedades detectadas en la zona.

Nuevo grupo interinstitucional

Esta Recomendación, sin precedentes en el país, llamó a la urgencia de un plan de saneamiento en la cuenca. En el año 2020 se formó un grupo interinstitucional formado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal para la Protección al Riesgos Sanitarios, así como los gobiernos de Tlaxcala y Puebla y de municipios afectados, desafortunadamente -dijo- hasta ahora este grupo de coordinación interinstitucional no ha dado señales de funcionar adecuadamente.

“Los cambios de gobierno, la falta de compromiso y el desdén hacia ésta grave problemática han echado por la borda sus posibilidades de acción. Es claro que no entienden el impacto de esta grave contaminación en los estados, en la cuenca y en el país. Las autoridades son cómplices de ésta barbarie en coadyuvancia con la industria”.

Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés

Sin embargo, reconoció que a partir de la caravana Toxitur se formó otro grupo interinstitucional formado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Salud y el Conacyt con el fin de establecer un Programa Nacional de Atención a la Salud Humana y Ambiental.

“Este grupo ha demostrado que se puede ser una vía para realizar acciones concretas junto con las organizaciones y comunidades que participaron en la caravana.

El informe, pieza clave

Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reveló que con respecto de la cuenca Atoyac-Zahuapan, el informe del Centro Fray Julián Garcés es una herramienta de enorme utilidad porque identifica violaciones históricas y recientes, recoge las propuestas de las comunidades y organizaciones, así como las brechas que persisten en la respuesta del Estado y las propias empresas, las oportunidades de colaboración y avances.

“Destaca con mucha claridad que los derechos al agua, al saneamiento, al medio ambiente sano y a la salud, han sido y siguen siendo gravemente afectados por la industrialización y la urbanización en éste cauce”

Señaló que el marco normativo no es suficiente para resolver el problema, pues si no hay una política para implementarlo así como recursos humanos y económicos necesarios, será más difícil y no se podrán hacer efectivas las leyes y las recomendaciones.

Indicó que gracias al Acuerdo de Escazú, se podrán fortalecer capacidades para recopilar, mantener y evaluar información ambiental, medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, prevenir, mitigar o recomponer daños al entorno, y mecanismos de reparación, como la restitución del Estado previo al daño, compensación o pago de una sanción económica.

“Y esencialmente la garantía de no repetición”, dijo el representante de esta oficina de Naciones Unidas, que llamó a la reparación integral del daño causado.