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Este jueves se presentó y deliberó el Segundo Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Contenía 52 artículos sobre Estatuto Constitucional particular de Bienes Comunes, como el agua y las sustancias minerales; Sistema Económico y Política Fiscal; y Derechos Humanos ambientales. Sin embargo, fue rechazado en general con 98 votos a favor, 46 en contra y 8 abstenciones, impidiendo así que se vote en particular sus artículos.
La Comisión tiene un plazo máximo de 15 días para emitir un nuevo informe de reemplazo. Si este es rechazado, todas las normas del informe quedan excluidas del debate constitucional.
El ambiente previo
Previo a la votación del pleno, el ambiente estuvo marcado por una fuerte campaña de las grandes compañías mineras en Chile, con diversas publicaciones en medios comerciales y amplias publicidades en redes sociales en contra del informe de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional.
Las asociaciones de industriales de la Macrozona Norte (AII-Tarapacá, AIA-Antofagasta, Corproa-Atacama y Cidere-Coquimbo), publicaban el 15 de abril sobre el informe de la Comisión de Medio Ambiente: “La instancia de la Convención Constituyente aprobó y despachó el Estatuto Constitucional sobre Minerales. Al respecto, los representantes de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo hicieron un llamado al Pleno a evitar que se debilite el régimen jurídico de la minería y sus encadenamientos productivos, lo que terminará afectando de manera irreversible el sector productivo más importante del norte de Chile”.
El presidente de la AII, Leopoldo Bailac hizo un llamado al Pleno para que “no permitan que se debilite el régimen jurídico minero, ya que terminará paralizando la inversión. Este estatuto ataca al corazón de la actividad minera y sus encadenamientos productivos en las regiones del norte de Chile. Y no solo desconoce las particularidades de nuestra realidad histórica y productiva, sino que además, no aprovechamos la valiosa oportunidad de incentivar el desarrollo de una industria minera sustentable, transparente, inclusiva y cuidadosa del medio ambiente”, publicaba así diversos medios, entre ellos, el reportero de Iquique.
También en nostálgica se destacaba “Los cuatro representantes de los gremios industriales explicaron que se están cimentando las bases de un régimen jurídico minero débil y precario, que terminará dándole un certero tiro de gracia al actual régimen de concesiones y a la industria minera chilena. “Ya no serán los tribunales de justicia los que otorguen las concesiones mineras, sino una entidad administrativa dependiente de la autoridad de turno, la que entregará un permiso transitorio, el que puede caducar o revocar, sin que aún estén definidos los motivos para aquello”, aseveraron.
Por su parte, en entrevista con El Mercurio de Antofagasta, pag. 7 del 25 de marzo, el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, representante de la agrupación de compañías mineras más grandes en el País, manifestó su preocupación sobre tres grupos de normas, que, según a su juicio, “harían imposible el desarrollo de la actividad minera”. Entre estas, el debilitamiento del marco jurídico; el efecto retroactivo de las normas; y, la caducidad de derechos. También agregó que están todos los derechos que reclaman los pueblos originarios y “en el país existe incertidumbre total sobre cuáles son los territorios que le pertenecerían a los pueblos originarios y si todas las concesiones mineras, no solo vuelven al Estado y a todos los chilenos, sino que van a parar a una parte de quienes habitan este territorio, que son los pueblos originarios, y ellos son los que van a tener que determinar a quiénes se les otorgan las concesiones, introduces un tercer elemento de incertidumbre que es muy preocupante”.
Luego de la votación de este jueves 21 de abril, Villaríno, señaló a la prensa minera: “Interpretamos la votación como una señal en el sentido de que, además de elevar los estándares medioambientales, es necesario que existan normas que entreguen certeza y estabilidad para el desarrollo de la actividad minera. Reiteramos nuestra disposición a colabora en la búsqueda de alternativas que no perjudiquen la inversión minera y en consecuencia, el desarrollo del país”, manifestó el presidente ejecutivo del Consejo Minero.
Además de la denominada incertidumbre jurídica y para las inversiones, otros de los elementos que fuertemente han levantado los sectores empresariales, es la dependencia de familias de la actividad mineras, las zonas con tradición minera, la inversión de la minería privada para financiar los programas públicos sociales del estado, entre otros elementos de su campaña.
La constituyente Carolina Vilches, vocera de MODATIMA, sobre el rechazo al informe de la Comisión de Medio Ambiente, manifestó hoy en RRSS: “Se rechazó el informe de Medioambiente construido junto a socialistas. Desconocer el trabajo a temas sensibles es irresponsable, tomemos en serio los debates de #ModeloEconomico, sin excusas, sin victimizaciones para dar el cambio que termine con la política de los 30 años”.
Ayer señaló: “Hoy hubo un desconocimiento de semanas de trabajo. Una vez más el Partido Socialista nos deja sin debatir sobre la #RecuperacionDeLasAguas, tal como lo hicieron durante los 30 años manteniendo el #ModeloNeoliberal”.
I. SEGUNDO INFORME [BORRADOR]
§ Estatuto constitucional del agua
Párrafo I – Estatuto general de las aguas
Artículo 1. Las aguas, en todos sus estados y fases, son esenciales para la vida, el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza.
Es deber del Estado proteger las aguas y su ciclo hidrológico.
• De la señora convencional Vilches y otros, para agregar al final del inciso 1° del artículo 1 inmediatamente después del punto seguido que pasa a ser aparte, la siguiente oración:
“Las aguas son bienes comunes naturales.”
Artículo 2. Los usos prioritarios de las aguas son: el derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas donde estas yacen, el ejercicio de la soberanía alimentaria y los usos tradicionales de los pueblos indígenas.
Siempre prevalecerá el derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. Los demás usos serán determinados por la institucionalidad correspondiente y la Ley. El Estado velará por un uso razonable de las aguas.
Artículo 3. El Estado podrá autorizar el uso de las aguas. Esta autorización será inapropiable, incomerciable, intransferible, temporal y obliga al titular al uso que justifica su otorgamiento.
Estas autorizaciones estarán sujetas a obligaciones específicas de protección, a causales de caducidad, revocación y demás que sean pertinentes.
Las autorizaciones de uso de agua serán concedidas basándose en la distribución y disponibilidad material de las aguas.
• 15- De la señora convencional Vilches y otros, para agregar al final del artículo 3 un inciso nuevo del siguiente tenor:
“Toda persona podrá exigir que el uso para el cual fue otorgada la autorización sea efectivo, en la forma que regule la ley.”
Párrafo II – Deberes del Estado en la gestión de las aguas
Artículo 4. El Estado debe asegurar un sistema de gobernanza de las aguas, de carácter ecológico, democrático y participativo, siendo la cuenca hidrográfica la unidad mínima de gestión y mediante el manejo integrado de estas.
La administración de cada cuenca corresponderá a los Consejos de Cuencas, sin perjuicio de las atribuciones de la Agencia Nacional de las Aguas y demás instituciones competentes. La proyección de los usos del agua, así como los objetivos ecológicos y sociales de su gestión serán establecidos mediante planes hidrológicos de cuenca, elaborados y desarrollados por los Consejos de Cuenca.
• 19- De la señora convencional Vilches y otros, para agregar al final del artículo 4 un nuevo inciso del siguiente tenor:
“Es deber del Estado proteger y preservar la integridad de las cuencas hidrográficas que se encuentren total o parcialmente en el territorio nacional con el objeto de mantener su capacidad de realizar sus funciones socioecosistémicas esenciales.”
Artículo 5. Cada cuenca hidrográfica contará con un Consejo de Cuenca. Los Consejos podrán coordinarse y asociarse para cumplir su mandato.
Cada uno de ellos será integrado por representantes de los titulares de autorizaciones de uso de aguas; de los pueblos indígenas en los casos que corresponda; de los gobiernos que pertenecen a la cuenca; de las gestoras y gestores comunitarios de aguas; de la sociedad civil; y de la Agencia Nacional de Aguas. La ley regulará sus atribuciones, funcionamiento y composición, velando que ningún actor pueda alcanzar el control por sí solo.
Los Consejos de Cuenca podrán solicitar la colaboración de las universidades y organismos competentes.
• 24- De la señora convencional Vilches y otros, para agregar inmediatamente después del artículo 5 un nuevo artículo del siguiente tenor:
Artículo nuevo. Es deber del Estado otorgar servicios de producción y distribución de agua potable, así como servicios de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas servidas en orden a garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento.
Dicha prestación se realizará directa y exclusivamente por entidades públicas estatales, o por organizaciones comunitarias de agua potable y saneamiento, establecidas en conformidad a la ley.
Artículo 6. El Estado deberá promover, proteger y fortalecer la gestión comunitaria de las aguas, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos. Las organizaciones públicas comunitarias que participen de esta gestión, deberán someterse siempre al interés público que funda su prestación y operarán sin fines de lucro.
• 28- Del señor convencional Uribe y otros, para agregar un nuevo artículo inmediatamente después del artículo 6 por el siguiente:
“Artículo nuevo. El Estado reconoce la importancia de los ríos para los ecosistemas, los usos humanos y el ciclo hidrológico. Es deber del Estado garantizar que los ríos puedan mantener su salud e integridad, no ser contaminados, degradados ni sobre utilizados, preservando su biodiversidad nativa y endémica.”
Artículo 7.– La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas los derechos sobre las aguas existentes en sus tierras y territorios, las cuales serán administradas directamente por ellos, de conformidad con su derecho propio y al derecho a la libre determinación. Estos derechos no podrán ser enajenados, gravados, embargados, ni adquiridos pII inor prescripción. El Estado protege especialmente estas aguas y garantiza el normal abastecimiento, disponibilidad y calidad para su consumo y usos tradicionales por parte de los pueblos, comunidades y personas indígenas. Estos derechos deberán constar en el Catastro Público de Aguas.
Artículo 8. De los Humedales. Los humedales son ecosistemas prioritarios de preservación.
Es deber del Estado custodiar, preservar, conservar, catastrar y restaurar los humedales, propendiendo a la mantención de su régimen y conectividad hídrica y de sus funciones y procesos ecosistémicos.
El Estado tomará las medidas necesarias para evitar la destrucción y desaparición de los humedales y su área ecológica funcional.
El Estado reconoce la importancia de los humedales de su territorio, sean cuencas evaporíticas continentales, altoandinos, lacustres, palustres y costero-marino o estuarino, incluidas sus riberas; suelos y subsuelos; bordes lacustres, y ribereños y humedales urbanos.
Se prohíbe la extracción de los áridos en las riberas de humedales y la turba.
• La indicación Nº 130 de la convencional Vilches y otros para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:
“Los humedales son un bien común natural.”
§ Estatuto constitucional del Territorio Marítimo
Artículo 9. El Estado garantizará el acceso y uso al mar territorial, su fondo, las playas, aguas marítimas, los ecosistemas y especies acuáticas, protegiendo las prácticas de los pueblos indígenas, de las comunidades costeras locales y de la cultura de la pesca artesanal. El Estado protegerá los sitios de biodiversidad marina. Se prohíben las autorizaciones sobre especies acuáticas vulnerables o en peligro de extinción.
Artículo 10. Gobernanza del mar. El Estado deberá establecer la ordenación espacial y gestión de los ecosistemas marinos y marino-costero.
• 499- De la convencional señora Vilches y otros, para agregar un nuevo inciso al final del artículo 161°del siguiente tenor:
“El uso continental del agua de mar se regirá por el estatuto de las aguas terrestres en coordinación entre las entidades competentes.”
§ Estatuto Antártico y estatuto de glaciares y criósfera
Artículo 11. Criósfera y glaciares. El Estado preservará la criósfera, glaciares, permafrost y sus áreas conexas.
Sólo se podrán realizar actividades científicas, deportivas, turísticas y usos ancestrales, las que deberán ser de bajo impacto y en ningún caso deben afectar el equilibrio dinámico de la criósfera y sus crioformas.
Artículo 12. Territorio chileno antártico. El Estado ejerce soberanía sobre el territorio chileno antártico, incluyendo sus espacios marítimos y su plataforma continental, con pleno respeto a los tratados ratificados por Chile y el Sistema del Tratado Antártico.
El territorio chileno antártico es un territorio especial y zona fronteriza en el cual Chile ejerce soberanía a través de la conservación, protección y cuidado de su medio ambiente y ecosistema, mediante una política fundada en el conocimiento, y orientada a la investigación científica, la colaboración internacional y la paz.
§ Estatuto constitucional de la tierra y el territorio
Artículo 13. De los suelos. El Estado protegerá, conservará y restaurará los suelos, entendiéndolos como ecosistemas, estableciendo las medidas de rehabilitación y recuperación en aquellos que estén degradados. Aquellas actividades productivas que degraden los suelos serán responsables de su restauración o compensación.
La ley regulará los usos de suelo y su registro, considerando sus aptitudes y riesgos asociados a su ocupación, la soberanía alimentaria y la protección de los ecosistemas.
• La indicación Nº 186 de la convencional Vilches para agregar un artículo del siguiente tenor:
“Artículo nuevo. Es deber del Estado promover una transición productiva de las actividades silvícolas.
La ley establecerá las obligaciones y entidades que regulan las actividades forestales, frutícolas, entre otras, a fin de prevenir la desertificación, los incendios forestales y el desplazamiento forzado de comunidades.”
Artículo 14. De las Áreas Protegidas. La administración y gestión de las áreas protegidas, se realizará promoviendo la participación de las comunidades locales y entidades territoriales. El Estado y los pueblos a través de sus entidades territoriales podrán establecer áreas protegidas.
El Estado, a través de un sistema nacional de áreas protegidas, único, integral y de carácter técnico debe garantizar la preservación, restauración y conservación del patrimonio natural y las áreas protegidas. Asimismo, deberá catastrar y monitorear periódicamente las áreas protegidas, su biodiversidad y patrimonio genético.
En estas áreas sólo se podrán realizar actividades científicas, recreativas, turísticas y usos ancestrales, las que deberán ser de bajo impacto y en ningún caso deben afectar sus ecosistemas.
• La indicación Nº 188 de la convencional Vilches y otros para agregar un inciso final del siguiente tenor;
“El Estado, y los pueblos indígenas en los casos que corresponda, administrarán y gestionarán las Áreas Protegidas, promoviendo la participación de las comunidades locales.”
• La indicación Nº 189 de la convencional Vilches para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:
Artículo nuevo. Se declaran intangibles los elementos naturales que componen las áreas, quedando prohibida toda actividad productiva e industrial en ellas, así como las actividades que, desarrollándose fuera de éstas, puedan ponerla en riesgo.
Para proteger y conservar las áreas bajo protección oficial, el Estado creará el cuerpo nacional de guardaparques, cuya organización, objetivos, atribuciones serán definidas por la ley.”
Artículo 15. Ordenamiento Territorial. El ordenamiento territorial es de interés público. La ordenación y planificación de los territorios y del espacio marino costero será vinculante, realizada de manera participativa y coordinada. Su unidad de ordenamiento será la cuenca hidrográfica y deberá considerar los impactos que los usos de suelo causen en la disponibilidad y calidad de agua. Los planes de ordenamiento y de planificación podrán definir áreas de protección ambiental y cultural.
Es deber del Estado Regional considerar en el ordenamiento territorial y de cuencas la protección de las partes altas de la cuenca, glaciares, las zonas de recarga natural de acuíferos, los ecosistemas de la cuenca como humedales, bofedales, salares, vertientes y turberas; las áreas de inundación de ríos y las de biodiversidad endémica, nativa y migratoria.
• La indicación Nº 192 de la convencional San Juan y Zárate para agregar un inciso final del siguiente tenor:
«Está prohibición también incluye a las zonas contiguas que afecten dichas áreas.”
Artículo 16. El Estado protegerá los bosques nativos y sus funciones ecosistémicas; velará por su preservación, restauración y regeneración; regulará el uso, manejo, conservación y monitoreo de estos con pertinencia ecológica, territorial y cultural; evitará su fragmentación; y favorecerá la conectividad hídrica de la cuenca.
§ Soberanía alimentaria
Artículo 17. Los pueblos tienen el derecho a determinar sus propios sistemas alimentarios con pertinencia local y cultural.
El Estado definirá las estrategias y promoverá las técnicas agroecológicas necesarias para la producción, distribución y consumo, que garanticen el derecho a la alimentación y el ejercicio de la soberanía alimentaria.
Artículo 18. El Estado fomentará las actividades necesarias para la soberanía alimentaria, especialmente a la pequeña agricultura familiar campesina e indígena, protegiendo a quienes las realizan y garantizará el acceso a los bienes necesarios para su ejercicio, en los términos establecidos por la ley.
Artículo 19. Es deber del Estado proteger y recuperar las semillas tradicionales, así como todo patrimonio genético necesario para el resguardo de la soberanía alimentaria, en el marco establecido por la ley.
Artículo 20. Se reconoce el derecho de agricultores, pueblos y comunidades rurales a acceder, utilizar, intercambiar y comercializar libremente estas semillas.
• 347- De la señora convencional San Juan y Zárate, para agregar un inciso final al artículo 99 del siguiente tenor:
“Chile es libre de cultivos y semillas transgénicas.”
Artículo 21. El Estado promoverá una producción alimentaria sana, segura e informada, orientada al bienestar de las personas. Para ello regulará el etiquetado de alimentos y podrá limitar el uso de agroquímicos, de conformidad a la ley.
§ Estatuto constitucional de la energía
Artículo 22. Toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura.
Es deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, asegurando la continuidad de los servicios energéticos.
El Estado deberá planificar y fomentar una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajas emisiones. La infraestructura energética es de interés público.
El Estado fomentará las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo, protegiendo a quienes las realizan y garantizará el acceso a los bienes necesarios para su actividad.
§ Estatuto constitucional sobre minerales
Artículo 23. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situados.
La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable y de interés intergeneracional.
Artículo 24. Corresponderá al Estado guiar la política nacional de toda actividad minera y su encadenamiento productivo, introduciendo criterios democráticos, sociales y ecológicos a la toma de decisiones, y promoverá la diversificación productiva de esta actividad y la generación de valor agregado, a través de la innovación y los conocimientos.
• 595- De la convencional señora Vilches y otros, para agregar al final del artículo 199, inmediatamente después del punto aparte que pasa a ser seguido, una oración del siguiente tenor:
Esta política velará por una repartición justa entre las cargas y beneficios de la actividad minera.
Artículo 25. Quedarán excluidas de toda actividad minera aquellas zonas que se definan como áreas protegidas o que se rijan por estatutos especiales, como los glaciares, el permafrost, la Antártica, las turberas y pomponales, las zonas que dan origen al nacimiento de una cuenca hidrográfica, aquellas en que la actividad requiera el traslado forzoso de una población o pueblo, y otras que determine la Constitución y la ley.
Quedarán excluidos de actividad minera los humedales.
• 599- De la convencional señora Vilches y otros, para agregar un nuevo inciso segundo del artículo 200, del siguiente tenor:
También quedarán excluidos de actividad minera los salares, vegas y bofedales, las lagunas altoandinas, sitios sagrados, ceremoniales o de relevancia cultural de pueblos indígenas y aquellas zonas con presencia de especies en peligro de extinción.
• 600- De la convencional señora Vilches y otros, para agregar un nuevo inciso tercero del artículo 200, del siguiente tenor:
“Quedará excluido de actividad minera el fondo marino.”
Artículo 26. El Estado regulará los impactos y efectos sinérgicos generados en las distintas etapas de la actividad minera y su encadenamiento productivo, considerando, a lo menos, la capacidad de carga de los ecosistemas afectados, la disminución de emisiones, residuos y sus cuotas de extracción. Asimismo, asegurará la participación de las comunidades involucradas y el respeto a las disposiciones de ordenamiento territorial, en el procedimiento de autorización.
• 607- De la convencional señora Vilches y otros, para agregar un nuevo inciso al final del artículo 201, del siguiente tenor:
Las comunidades, con las herramientas que otorgue la ley, participarán de la planificación, control y fiscalización en todas las actividades de la cadena productiva minera, para el resguardo de estos principios y el cumplimiento de la Constitución y las leyes”.
Artículo 27. Toda actividad minera debe restaurar la Naturaleza en relación a los daños y pasivos ambientales, de acuerdo a los principios consagrados en esta Constitución y la ley. Esta responsabilidad alcanza todas las etapas de la actividad, incluyendo su cierre o paralización.
El Estado deberá garantizar la generación de información integrada y monitoreo respecto de la actividad minera y sus efectos.
• 611- De la convencional señora Vilches y otros, para agregar un nuevo inciso al final del artículo 202, del siguiente tenor:
“El Estado deberá garantizar la generación de información integrada y monitoreo respecto de la actividad minera y sus efectos.”
Artículo 28. El Estado y sus empresas podrán explotar por sí mismo las sustancias establecidas en el artículo primero. No serán objeto de autorizaciones administrativas las sustancias como el litio, los minerales no metálicos, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos, aquellas sustancias situadas en áreas que la Constitución y la ley consideren de interés nacional, y las demás sustancias que determine la ley. Estas sustancias serán explotadas por las empresas del Estado.
Las autorizaciones mineras se otorgarán de forma temporal, mediante un procedimiento transparente e informado a la ciudadanía, en los términos y condiciones que establezca la ley. Estas autorizaciones no otorgan propiedad.
Será de competencia de un órgano administrativo la evaluación, otorgamiento, revisión, caducidad y extinción de las autorizaciones administrativas, así como el seguimiento del cumplimiento de las mismas.
Las controversias que surjan de estas instancias darán derecho al afectado a reclamar ante los tribunales competentes.
• 621- De la convencional señora Vilches y otros, para agregar un nuevo inciso segundo al artículo 203, del siguiente tenor:
Tampoco serán susceptibles de autorización administrativa el cobre, oro, plata y tierras raras.
Artículo 29. La ley regulará las regalías u otro tipo de compensaciones patrimoniales que deberá percibir el Estado por la explotación de las sustancias del artículo primero.
El Estado deberá destinar recursos para reparar los daños causados a la Naturaleza y mitigar los efectos sociales de las actividades mineras en los territorios en que estas se desarrollan.
• 625- De la convencional señora Vilches y otros, para agregar un nuevo artículo inmediatamente después del artículo 204, del siguiente tenor:
Artículo nuevo. La ley podrá nacionalizar empresas que desarrollen actividades mineras. La nacionalización comprenderá a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular, y a la totalidad de sus bienes. La nacionalización se extenderá a los bienes de terceros, de cualquier clase, destinados a la normal explotación de dichas actividades y empresas.
La indemnización se determinará en base al valor libro de los bienes de dichas empresas, y podrá descontarse de ella las rentabilidades excesivas. La indemnización será pagada en dinero, a menos que el afectado acepte otra forma de pago, en un plazo no superior a veinte años.
Artículo 30. Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos a las sustancias referidas en el artículo primero situados en sus territorios, en conformidad con los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte. No podrá realizarse actividad alguna que amenace la supervivencia física o cultural de los pueblos indígenas.
Artículo 31. El Estado protegerá la pequeña minería y pirquineros, resguardando a quienes las realizan y facilitando el acceso al uso de las tecnologías necesarias para el ejercicio tradicional y sustentable de la actividad.
• 633- De la convencional señora Vilches y otros, para agregar al final del artículo 206, inmediatamente después del punto aparte, que pasa a ser una coma, una oración del siguiente tenor:
“teniendo en consideración su relación asimétrica con la gran minería.”
§ Estatuto de la atmósfera, espacio, del aire, y de los cielos
Artículo 32. De la protección de la atmósfera, el aire y los cielos. Es deber del Estado proteger la atmósfera y establecer medidas para su restauración.
El Estado tiene el deber de asegurar el aire limpio a todas las personas y seres vivos, debiendo resguardar su disfrute para las generaciones presentes y futuras.
El Estado adoptará las medidas para preservar el cielo nocturno, según las necesidades territoriales, y promoverá las actividades relacionadas con la observación e investigación astronómica.
El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para el acceso a la información sobre los niveles de contaminación y sus fuentes para el mantenimiento de la calidad del aire, evaluando, fiscalizando y sancionando las actividades que emitan contaminantes para prevenir el riesgo a la afectación de la salud de las personas o de los elementos que componen el medio ambiente.”
Artículo 33. El Estado reconoce que el Espacio es común a todas las personas y seres vivos.
Es deber del Estado contribuir y cooperar internacionalmente en la investigación del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y científicos. El Estado desarrollará una política espacial chilena.
• 758- De la señora convencional Vilches y otros, para agregar al final del artículo 235, inmediatamente después del punto aparte que se suprime, una oración del siguiente tenor:
“y una institucionalidad, conforme a los tratados internacionales en la materia.”
§ Desarrollo sostenible, Buen Vivir y modelo económico
Artículo 34. El Estado participa en la economía del país para cumplir con los objetivos sociales y ecológicos establecidos en esta Constitución y alcanzar el buen vivir. Para ello regula, fiscaliza, planifica, conduce, fomenta y desarrolla actividades económicas.
El Estado promoverá, entre otros, el pluralismo en la economía, la diversificación productiva y la innovación, así como fomentará la economía social y solidaria, los mercados locales y los circuitos cortos.
Artículo 35. Principios Económicos. El Estado en materia económica promoverá la justicia social e intergeneracional, la solidaridad, la igualdad sustantiva, el respeto a la Naturaleza y el medio ambiente, el trabajo decente y la democracia económica.
Artículo 36. El Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica.
La ley regulará la actividad empresarial del Estado en atención a su función pública, la que podrá adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización.
La ley podrá reservar al sector público la provisión exclusiva de bienes o servicios cuando así lo exigiere el interés general.
Toda iniciativa pública del Estado en materia económica se regirá por los principios de esta Constitución.
• 777- De la señora convencional Vilches y otros, para agregar un nuevo artículo después del artículo 238, del siguiente tenor:
“La nacionalización es un derecho inalienable del Estado y constituye un acto fundamental del ejercicio de la soberanía.”
Artículo 37. Del Consejo de Planificación. Habrá un Consejo de Planificación integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Congreso, de las regiones, de las comunas autónomas, de los pueblos indígenas, de las y los trabajadores, de las y los empresarios y de las universidades públicas.
El Consejo será presidido por un representante del Ejecutivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional para el Buen Vivir.
En las regiones y comunas autónomas habrá también consejos de planificación, según lo determine la Constitución y la ley. El Consejo Nacional y los consejos regionales y municipales de planificación constituyen el Sistema Nacional de Planificación.
El Plan Nacional para el Buen Vivir deberá ser aprobado por mayoría absoluta del Congreso.
Artículo 38. El Estado tiene la obligación de proveer bienes y servicios públicos universales y de calidad.
• 784- De la señora convencional Vilches y otros, para adicionar un nuevo artículo después del artículo 240, del siguiente tenor:
“Artículo nuevo. La propiedad es una función social y ecológica que implica limitaciones y obligaciones. El Estado reconoce la existencia de distintos regímenes de propiedad, y promoverá los regímenes colectivos y comunitarios.”
Artículo 39.- Todas las personas y entidades que establezca la ley deberán contribuir al financiamiento del gasto público, mediante un sistema tributario fundado en los principios de igualdad, progresividad y solidaridad.
Los tributos serán establecidos por ley, salvo las excepciones que establezca esta Constitución.
El ejercicio de la potestad tributaria admite la imposición de tributos que respondan a criterios extrafiscales.
Los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al erario público del Estado salvo las excepciones que establezca esta Constitución.
La ley podrá establecer la afectación de tributos para el cumplimiento de fines específicos relativos a la protección y restauración de la Naturaleza y el medio ambiente.
La evasión, la elusión y cualquier otra acción encaminada a contribuir menos que lo establecido por el espíritu de la ley, son contrarias a la Constitución.
• 789- De la señora convencional Vilches y otros, para agregar al final del inciso segundo del artículo 241, después del punto aparte que pasa a ser una coma, una oración del siguiente tenor:
“y se basarán en la capacidad contributiva de las personas.”
Artículo 40.- El gasto público se orientará a la satisfacción de los derechos humanos y de la Naturaleza y el funcionamiento de las instituciones del Estado, considerando una recaudación suficiente para estos fines.
Este deberá diseñarse e implementarse de forma transparente, participativa y con instrumentos de rendición de cuentas.
Artículo 41. La política fiscal debe ser eficiente, promover la remoción de las desigualdades sociales, económicas, culturales y de género, y con responsabilidad intergeneracional.
Artículo 42.– Toda persona tiene derechos, individual y colectivamente, en su condición de consumidor. El Estado garantizará la defensa y reparación de los usuarios y consumidores. Para ello protegerá, mediante procedimientos eficaces, su seguridad, salud e intereses económicos. Así mismo asegurará un trato digno y la provisión de información fidedigna y oportuna. El Estado promoverá la educación de las y los consumidores.
• 803- De la señora convencional Vilches y otros, para agregar un nuevo inciso al final del artículo 244, del siguiente tenor:
“La información sobre los productos debe contener su huella ecológica.”
Artículo 43.- En los términos que establezca la ley, toda iniciativa de inversión y actividad económica que pueda generar impactos significativos sociales, ambientales o ecológicos, deberá someterse a un proceso de evaluación y monitoreo participativo, considerando los efectos acumulativos de los mismos.
• 807- De la señora convencional Vilches y otros, para agregar un nuevo inciso segundo al artículo 245, del siguiente tenor:
“La participación en esta materia será de manera incidente o vinculante.”
• 808- De la señora convencional Vilches y otros, para agregar un nuevo inciso al final del artículo 245, del siguiente tenor:
“La ley definirá los límites sociales, ambientales y ecológicos de las actividades económicas.”
Artículo 44. El Estado debe regular, fiscalizar y adoptar todas las medidas necesarias respecto de las actividades económicas que involucren sustancias peligrosas que sean nocivas para la salud de las personas y la Naturaleza, desde su producción, comercialización, transporte, uso y disposición final.
• 811- De la señora convencional Vilches y otros, para agregar al artículo 246 un nuevo inciso del siguiente tenor:
“Las facultades del Estado en este aspecto incluirán la de prohibir determinadas sustancias.”
Artículo 45. El Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados. Para ello combatirá la colusión, el abuso de la posición dominante, las prácticas monopólicas, entre otras.
Artículo 46. Los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho colectivo a elaborar prioridades y estrategias económicas, sociales, culturales y ambientales.
• 816- De la señora convencional Vilches y otros, para agregar los siguientes incisos al artículo 248, del siguiente tenor:
En virtud de este derecho se garantiza su participación en el diseño, planificación y supervisión de los programas sociales y económicos u otros que les conciernan, así como a ejecutarlos mediante sus propias instituciones.
Es deber del Estado financiar estos programas garantizando el ejercicio de estos derechos, con pleno respeto a las formas de organización propia de los pueblos.
Artículo 47. Las relaciones comerciales de nuestro país con la comunidad internacional responderán a los intereses de los pueblos de Chile, los derechos de la Naturaleza, y la crisis ecológica global, estableciendo como prioridad el fortalecimiento de los mercados locales y territoriales del Estado Plurinacional, en segundo lugar, el intercambio con los países vecinos y de la región latinoamericana, y en tercer lugar con el resto del mundo.
§ Reconocimiento de la función ecológica y social de la propiedad
Artículo 48. El Estado reconoce la función social y ecológica de la propiedad en sus diversas formas, pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta.
Nadie es dueño del vínculo que existe entre los elementos naturales y su ecosistema o ciclos naturales. El propietario tiene el deber de mantener las funciones ecológicas esenciales asociadas a dichos elementos, a restaurarla en su caso y abstenerse de realizar actividades que puedan perjudicar tales funciones.
La ley podrá establecer restricciones al ejercicio de otros derechos o libertades establecidos en esta Constitución con la finalidad de proteger el medio ambiente, los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad.
Artículo 49. Todas las personas y comunidades tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
• 1042- De la señora convencional Vilches y otros, para agregar un nuevo inciso segundo al artículo 343, del siguiente tenor:
“Todas las personas tienen derecho a la democracia ambiental. La democracia ambiental incluye, a lo menos, la participación, el acceso a la información y la justicia ambiental.”
Artículo 50. El Estado garantiza el derecho a la justicia ambiental.
Artículo 51. Todas las personas tienen el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de vida, la ley determinará las características que definen dicha condición.
Artículo 52. Derecho humano al agua y al saneamiento. La Constitución garantiza a todas las personas los derechos humanos al agua y al saneamiento, para las generaciones presentes y futuras.
Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas de la cuenca hidrográfica del territorio.
§ Derechos humanos ambientales
Artículo 53. Es deber del Estado garantizar la educación ambiental, que permita crear conciencia ecológica en los seres humanos, considerando las características culturales, ambientales y territoriales.
Artículo 54. El Estado debe garantizar parámetros saludables de calidad de los elementos y componentes ambientales, priorizando estándares internacionales; y regular la emisión de contaminantes que pongan en riesgo la salud de las personas y ecosistemas; asegurar el acceso a la información sobre los niveles de contaminación y sus fuentes; mantener un sistema coordinado de evaluación, monitoreo, fiscalización y sanción; entre otras medidas que resulten necesarias.
• 1064- De la señora convencional Vilches y otros, para agregar un nuevo artículo después del artículo 348, del siguiente tenor:
Artículo nuevo. Es deber del Estado garantizar un entorno seguro y proteger a las y los defensores de derechos humanos y de la Naturaleza.
• 1065- De la señora convencional Vilches y otros, para agregar un nuevo artículo después del artículo 348, del siguiente tenor:
“El Estado deberá sancionar administrativa y penalmente a quienes contaminen y destruyan el medio ambiente y la naturaleza.”
• 1066- De la señora convencional Vilches y otros, para agregar un nuevo artículo antes del artículo 348, del siguiente tenor:
“Artículo nuevo. Las personas y comunidades víctimas de daño ambiental tienen derecho a ser reparadas integralmente.”
- SEGUNDA PROPUESTA CONSTITUCIONAL
Artículo 12. Los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la Naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Este deber existe respecto de todos los bienes comunes naturales, sean apropiables o inapropiables.
Artículo 12A. Son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino; las playas; las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos; el subsuelo, y los demás que declaren la Constitución y la ley.
Entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire; los reconocidos por el derecho internacional; y los que la Constitución o las leyes declaren como tales.
Artículo 12B. Tratándose de los bienes comunes naturales que sean inapropiables, el Estado deberá preservarlos, conservarlos y, en su caso, restaurarlos. Deberá, asimismo, administrarlos de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa.
Respecto de aquellos bienes comunes naturales que se encuentren en el dominio privado, el deber de custodia del Estado implica la facultad de regular su uso y goce, con las finalidades establecidas en el artículo primero.
Artículo 12C. Cualquier persona podrá exigir el cumplimiento de los deberes constitucionales de custodia de los bienes comunes naturales. La ley determinará el procedimiento y los requisitos de esta acción.
Artículo 12D. El Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables, conforme a la ley, de manera temporal, sujeto a causales de caducidad, extinción y revocación, con obligaciones específicas de conservación, justificadas en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. Estas autorizaciones, ya sean individuales o colectivas, no generan derechos de propiedad.
Artículo 12E. Los derechos de los pueblos indígenas sobre bienes comunes naturales que se encuentran en sus tierras y territorios, reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos, ratificado y vigente en Chile, serán reconocidos por la ley. Esos derechos en todo caso implicarán los deberes establecidos en el artículo tercero”.
Artículo 19. Acceso responsable a la Naturaleza. Se reconoce a todas las personas el derecho de acceso responsable y universal a las montañas, riberas de ríos, mar, playas, lagos, lagunas y humedales, entre otros que defina la ley.
Este derecho se ejercerá respetando los derechos de la Naturaleza y de los pueblos indígenas.
La ley regulará el ejercicio de este derecho, las obligaciones de los propietarios aledaños y el régimen de responsabilidad aplicable, entre otros.
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