El grupo Luksic contra un pequeño poblado campesino del norte de Chile

FOTO: Tomada de El Clarín

La familia Luksic es la mayor fortuna del país, sus múltiples empresas se han ido apoderando de los negocios claves en el país, minería, agua, alimentos, energía, comunicaciones, bebidas, cervezas, y otros. En algunos círculos, simplemente son definidos como los dueños del país.

Tienen gran cercanía con las altas esferas de la Iglesia Católica (que les vendió el emblemático Canal 13), y están asociados a sectas católicas como los Legionarios de Cristo, con un fundador de la peor reputación. Su influencia en política no es menor, pues sus generosos aportes financian campañas de todo el espectro político.

Mediante sus fundaciones, ejercen un poder incontrarrestable sobre intendencias, gobernaciones, municipios y comunidades mediante generosas donaciones en ambulancias, remodelación de plazas, calles, edificios, iglesias y otros, mientras las comunidades locales, se ven divididas por el dinero de una de sus mineras, como es el caso de la localidad de Caimanes, en la comuna de Los Vilos, mientras les contaminan y les quitan el agua, ponen en peligro su salud y su vida y desvalorizan su patrimonio familiar.

Un país como Chile, con una de las peores distribuciones del ingreso, donde las empresas lucran con derechos tan básicos como la salud y la educación, se ha formado la fortuna Luksic Nº 27 en el mundo, según la revista Forbes. De acuerdo a datos de esta publicación, la fortuna Luksic se duplica cada dos años (no solo las ganancias), esto es imposible si se trata de negocios legales, que pagan todos los impuestos que deben pagar.

Cabe preguntarse ¿dónde irá a parar esta ambición sin límites? Es simple, si sigue la tendencia actual, terminarán haciéndose literalmente dueños del país y de todos sus recursos.

Los alcances de los proyectos en que está involucrada la familia Lucksic son muchos, los cuales no están exentos de abusos y descalabros ambientales, amparados por la permisiva legislación chilena en esta materia.

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EL CHOAPA, IV REGIÓN, ZONA DE SACRIFICIO MINERO

Minera Los Pelambres, propiedad de la familia Luksic, desarrolla su actividad extractiva y contaminante en el Choapa donde, entre otros, ha afectado toda la cuenca y por añadidura a la salud humana y del medio ambiente, pero también ha matado la vida marina del puerto de Los Vilos, donde los pescadores en su área de manejo, son financiados por la minera como pantalla, pues al morirse la vida marina “no hay nada que manejar”.

La minera tiene reservas para 50 o 70 años, pero al costo del alza de la energía, del agua y una creciente conciencia ambiental que hace que los ciudadanos y ciudadanas opongan cada vez mayor resistencia a los mega proyectos contaminantes, les están obligando a extraer estas reservas en 30 años. En este marco han desarrollado el proyecto Scope, que implica una intervención de 10.000 km2, es decir toda la provincia del Choapa, ente Puerto Oscuro a Los Vilos, toda la franja de Cordillera a mar.

Este proyecto nació aprobado, ello lo asegura el hecho que la empresa a cargo de EIA es Gestión Ambiental Consultores, la misma a la que perteneció la actual Ministra de Minería y otros altos funcionarios y asesores ambientales de este ministerio, como veremos más adelante. Implica el mayor impacto sobre la flora, la fauna, el agua, el patrimonio arqueológico (de una de las zonas más ricas en este ámbito) y los seres humanos, de consecuencias irreversibles.

Pero en esta misma zona están operando otros diez mega proyectos mineros, lo cual convierte al Choapa en una zona de sacrificio minero, donde en 40 años solo veremos tranques de relaves de desechos tóxicos y un ambiente sobre saturado de contaminación, muerte y desolación en la tierra pero también en todo el ambiente marino.

Mientras, la familia Luksic –por medio de sus empresas y proyectos- tiene a gran parte de Chile bajo amenaza ambiental y humana, con las ganancias han construido su propio santuario de la naturaleza, 55 mil hectáreas en una zona entre el lago Panguipulli y el Riñihue. Dentro del fundo está el volcán Chosuhenco, un lugar paradisiaco con aire puro, aguas limpias, un paraíso para la vida familiar, un cruel contraste con el infierno en la tierra en que han estado convirtiendo al Choapa.

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LA JUSTICIA AL SERVICIO DEL PODER ECONÓMICO

El 7 de junio comienza el juicio de la empresa minera Los Pelambres contra los abogados y el dirigente de Caimanes, por “Asociación ilícita”. Según los representantes de la comunidad lo que han hecho es defenderse de la injusticia, el daño ambiental, el daño patrimonial y poner en peligro la vida y la salud de 2 mil personas, y a eso es a lo que llaman “asociación ilícita”.

El tema es grave pues si pierden el juicio con recursos ilimitados para litigar contra los 100 abogados de la empresa, podrían pasar 10 años de cárcel y los abogados perder de por vida el derecho a ejercer su profesión.

El derecho a un ambiente libre de contaminación, a vivir en un ambiente seguro y el derecho a la defensa justa, entre otros, son derechos humanos fundamentales, así la empresa y la justicia violan los derechos humanos del pueblo de Caimanes, según el punto de vista de la comunidad, que es la que está siendo afectada.

Mientras el juicio de la empresa contra los abogados avanza, los juicios pendientes, interpuestos por Caimanes (con mucha antelación al juicio interpuesto por la minera) por obra nueva, obra ruinosa, anulación de avenimiento por fallo del juicio que ganaron en 2006 y prevaricación de su ex abogado Fernando Dougnac, están detenidos, en el mismo juzgado y son llevados por el mismo juez.

Los antecedentes indican que es posible que al inicio del juicio, simplemente dejen detenidos a uno de los abogados y al dirigente de Caimanes.

La empresa alega que no existe daño al patrimonio arqueológico, que no hay daño al medio ambiente y que no existe peligro para la vida por posible derrumbe del tranque.

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CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

Las mediciones de contaminación del agua han sido demostradas fuera de toda duda en el informe Informe Nº 3 Aguas localidad Caimanes, 7/04/2012, elaborado por el Dr. Andrei Tchernitchin, Profesor Titular, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Consejero General por Santiago, Colegio Médico de Chile, Presidente Comisión de Medio Ambiente y Salud, Colegio Médico de Chile y por la Dra. Gabriela Muñoz, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Dirigente Nacional Comité de Aguas Rurales. Estos resultados son avalados por el Colegio Médico de Chile.

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PELIGRO DE DERRUMBE

El peligro para la vida es evidente, el tranque con muros de arena de 300 metros de alto y 1.500 metros de largo que contiene 2.700 millones de toneladas de desechos mineros tóxicos, fue construido para resistir un terremoto de 83º Richter y debió ser construido para un terremoto 9,5º Richter, como máximo terremoto creíble en la zona, de acuerdo a normas internacionales, por estar en la zona 1 de acuerdo a la zonificación sísmica de Chile (Norma NCh. 433. Of 1996 Modificada 2009).

En caso de derrumbe, los habitantes de Caimanes tienen 5 minutos para escapar, siempre que se les avise en el mismo instante del colapso del muro. Actualmente, la municipalidad de Los Vilos lleva 2 meses preparando un plan de evacuación y la instalación de un sistema de alarma tipo tsunami. Sin embargo, señalan que el proceso está detenido pues Minera Los Pelambres no ha entregado los datos que se requieren para completarlo.

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DAÑO AL PATRIMONIO

Antes de construir el tranque, se elaboró por parte de la autoridad la Resolución de Calificación Ambiental Nº 038 de 2004. En ella le impuso a la empresa minera, las compensaciones que obligatoriamente debía realizar para resarcir el impacto ambiental y arqueológico entre otros. La empresa ha violado sistemáticamente la RCA 038, esto es un delito. A cargo de realizar los estudios y las tareas de compensación estaba la empresa Gestión Ambiental Consultores (GAC), cuyos miembros al iniciar el gobierno actual, pasaron a ser parte del Ministerio del Medio Ambiente. La actual encargada de la cartera, María Ignacia Benítez, era la jefa de proyectos de GAC, es decir, tiene responsabilidades directas en la violación de la ley que ahora tiene que hacer cumplir. De acuerdo a la ley, estas personas debieran estar detenidas y no a cargo de un Ministerio.

La pérdida arqueológica es la mayor de la historia de Chile, la empresa nunca entregó informes finales y se han comprobado una serie de ilegalidades. Entre otras, cambios de informes técnicos, no construir el parque rupestre que indicaba la RCA 038, cambio ilegal del parque rupestre. La empresa nunca entregó las cantidades exactas de piezas arqueológicas y petroglifos encontrados, diversos informes parciales indican cantidades diferentes, debido a esto hemos denunciado un posible tráfico de piezas arqueológicas. Al no existir los informes finales, no se sabe cuántas son ni donde están las piezas arqueológicas del alto valor patrimonial y comercial.

Según la Ley 17.288, entre otros en el Artículo 38º bis indica.- “La apropiación de un monumento nacional, constitutiva de los delitos de usurpación, hurto, robo con fuerza en las cosas, o robo con violencia o intimidación en las personas, así como su receptación, se castigará con pena de multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales, además de la pena privativa de libertad que corresponda de acuerdo a las normas generales”.

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ATACAR A QUIEN DENUNCIA

En cuanto a quienes tienen facultades para denunciar, el Artículo 42º dice.- “Se concede acción popular para denunciar toda infracción a la presente ley”. Es decir, cualquier ciudadano puede denunciar, sin importar su cualificación.

Por denunciar estos hechos hace años estoy vetado por el Consejo de Monumentos Nacionales (que se niega a investigar las denuncias), con lo cual se me impide ejercer mi labor profesional. He sido difamado, atacado de diversas formas y actualmente algunos arqueólogos han amenazado con querellarse contra mí, con lo cual pretenden que se impida realizar una investigación a fondo, de las denuncias fundadas, realizadas de acuerdo a la legislación con antecedentes concretos.

LA JUSTICIA COMO ARMA CONTRA LAS VICTIMAS

En Chile, cuando se denuncia irregularidades cometidas por el gobierno, instituciones como la iglesia o grandes empresas, inmediatamente se ataca y se criminaliza a quien denuncia, intentando acallar su voz. Así ha ocurrido con Mapuches, Rapa Nui, los habitantes de Aysén, los estudiantes, las victimas de pedofilia en la iglesia, los habitantes de Huasco y Freirina, estos últimos por simplemente exigir el derecho a vivir sin olores pestilentes.

Así usan la “justicia” como un arma apuntando a la frente de quienes protestan o exigen sus derechos en esta “copia Feliz del Edén”, donde existe la peor distribución del ingreso del planeta y la democracia, solo existe en el papel. La policía, en la práctica, está para defender a las empresas, pagada con los impuestos de la ciudadanía, la misma que sucumbe bajo el ataque de las Fuerzas Especiales.

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DÍA DEL PATRIMONIO

El 27 de mayo fue el Día del Patrimonio, las ceremonias fueron presididas por el Consejo de Monumentos, el mismo que ha tenido un comportamiento negligente al fiscalizar la aplicación de la ley de patrimonio. Solo podemos imaginar cuanto patrimonio se ha perdido, si el ejemplo típico es El Mauro, entonces se ha producido una pérdida patrimonial incalculable e irreversible.

Durante el juicio contra Caimanes, veremos por primera vez a Jean Paul Luksic sentarse en el banquillo de los testigos para tratar de demostrar lo imposible, que su minera no contamina, no ha dañado el patrimonio y que el muro del tranque resistirá un gran terremoto.

Enfrentamos un tercer milenio y el peligro del cambio climático, de la peor forma posible, contaminando y destruyendo el medio ambiente, dios y la ministra del medio ambiente nos pillen confesados.

Por Patricio Bustamante

Investigador en Arqueoastronomía. Diplomado UC en Conservación del Patrimonio.

Texto original publicado en El Clarín