El Gobierno no aprende; no aprende porque no entiende; y no entiende porque no quiere.
La presidente Bachelet ha conformado una comisión asesora para proponer cambios al Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).
Según informa el Ministerio de Medio Ambiente, “la comisión tiene como objetivo –en un plazo de nueve meses- analizar la estructura, procedimientos, mecanismos y herramientas vinculadas al SEIA, y evaluar ajustes en sintonía con las exigencias actuales, para aumentar su eficiencia y confiabilidad, y fortalecerlo como un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo.”
Hasta aquí nada terrible, dado que se trata de un objetivo neutro, políticamente correcto, aunque carente del énfasis en aspectos que han sido de enorme importancia en la crisis de credibilidad del propio SEIA, tales como la equidad y la participación sociales, y la transparencia, en todas las etapas del proceso de evaluación ambiental de proyectos.
Pero el anuncio presidencial arriesga toda su legitimidad al dar a conocer la lista de integrantes de la comisión.
El comunicado del MMA expresa: “(La Comisión) Está compuesta por representantes de organizaciones no gubernamentales, el mundo académico, las industrias y asociaciones gremiales, consultores ambientales y representantes de los miembros del Comité de Ministros.”
Mis respetos a los designados del mundo académico, que sin duda intentan realizar su trabajo con independencia de los intereses privados. Pero ya hace mucho tiempo que esta pretendida neutralidad ha quedado en entredicho, en tanto es el sector privado -sobre todo las grandes corporaciones de los sectores productivos y de infraestructura con el mayor impacto ambiental negativo- el que en mayor medida financia y orienta la investigación y la ciencia aplicada en nuestro país.
Los consultores que integran la comisión conocen muy bien las debilidades y fortalezas del SEIA, y las han sabido aprovechar para asegurar el mejor resultado para sus clientes -titulares de los proyectos evaluados-, desplegando un trabajo tanto o más intenso en el campo del lobby político que en el del análisis ambiental. Es muy probable que su aporte a esta tarea continúe en esta línea.
El sector ampliamente dominante de la comisión es el gran empresariado, con representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Cámara de la Construcción, ENDESA, SalmonChile y el Consejo Minero. Sus intereses, sobre-representados a través de sus propios directivos y ejecutivos, así como de sus proveedores de consultoría, lobby e investigación, serán sin duda los que definirán el ADN y las principales características de la criatura que -tras 9 meses de deliberación- parirá esta comisión.
Por el sector de la sociedad civil, era más que esperable la inclusión de la filial chilena de la WWF, ONG multinacional que desde hace mucho se ha dedicado al “greenwashing” de industrias depredadoras y contaminantes, mediante alianzas y certificaciones que en nada han colaborado a mejorar la sustentabilidad de los territorios en que se desarrollan.
Es lamentable que otras personas del ambientalismo ciudadano estén formando parte y otorgando a esta comisión una legitimidad que no tiene, y cuyo destino no puede ser otro que reforzar los criterios de una gestión ambiental al servicio del crecimiento económico comandado y concentrado en las élites tan bien representadas en este grupo. La participación de estas ONG no conduce a ninguna real incidencia de las demandas e intereses de la sociedad civil en el proceso de reforma, ni mucho menos de las comunidades potencialmente afectadas por proyectos insustentables.
No por casualidad se ha puesto énfasis en la búsqueda de “certeza jurídica”, uno de los reclamos favoritos del empresariado ante las dificultades que han encontrado, producto de la movilización y la acción legal y el despliegue comunicacional de comunidades organizadas que no se han subordinado a las empresas titulares de los proyectos ni se han sometido a la lógica de las compensaciones.
Al constituir la comisión asesora con esta “correlación de fuerzas”, Bachelet mantiene y busca profundizar el paradigma “desarrollo=crecimiento” a base de un sistema fuertemente extractivista, que tanta desigualdad, injusticia social y daño ambiental y natural ha provocado en Chile y el mundo, y lo expresa claramente cuando se refiere al “necesario equilibrio entre desarrollo y los legítimos intereses de las comunidades y los territorios”, dando a entender que son objetivos antagónicos (el desarrollo y los intereses de las comunidades).
“Queremos que la naturaleza sea una oportunidad de desarrollo”, afirma la presidente, y sabemos que esta frase representa una gran amenaza para la propia naturaleza, pues la concibe como una mercancía, transable y desechable.
Mientras no avancemos como país en la construcción de un paradigma de sociedad más democrático, donde la participación social –y no el dinero- oriente a la política, y más sustentable, donde busquemos genuinamente la justicia ambiental y la armonía con la naturaleza; mientras la democracia y la sustentabilidad no sean a la vez la estrategia y el objetivo, la verdad, sería mejor no emprender mayores reformas en el sistema de evaluación ambiental de proyectos.
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