El oscuro negocio de la energía

Pero no sólo a los habitantes afectan estas grandes intervenciones, sino que también al ambiente ha sido seriamente dañado, alterado, vulnerado, por la invasión del ecosistema. Los embalses de Pangue y de Ralco, hoy existentes, más el de Angostura, próximo a estar operativo, han significado la inundación de enormes superficies de terreno y con ello la pérdida de la flora y fauna de las cuencas afectadas. Por si esto no fuera suficiente, otro embalse de nombre Remanso está en proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, y ya se ha insinuado la instalación de un quinto embalse en la misma cuenca.

Para los habitantes de las comunas ribereñas del Bío-Bío la invasión de estas mega plantas hidroeléctricas es mega injusta. Invaden el territorio, alteran el ecosistema, no aportan recursos legales a los municipios ni impuestos a la zona, no generan fuentes de trabajo para los lugareños, y cobran por la energía eléctrica domiciliaria una de las tarifas más caras del país. Absurdo, para una zona que aporta sobre los 1470 Mw al sistema interconectado central.

Además de estos flagelos, los habitantes de las comunas ribereñas viven con la permanente sensación de inseguridad por el riesgo de colapso de alguno de los embalses. Las comunidades se han organizado para exigir mayores y efectivas regulaciones de los complejos ya instalados y para detener la instalación de nuevos proyectos. Sin embargo, la preocupación e inquietud ciudadana choca con la indolencia, frialdad e intereses de las autoridades de todo orden, desde el gobierno central hasta las municipales. La encargada de Medio Ambiente del municipio de Santa Bárbara, Viviana Pulgar, por ejemplo, ha señalado sin reparos: “no queremos detener los proyectos, es parte del desarrollo económico no sólo de las comunas afectadas sino también del país”. Este bien aprendido discurso encierra la falacia del desarrollo como el gran objetivo de estos mega proyectos; la verdad es que solo buscan aumentar las tasas de rentabilidad de empresas depredadoras de cuanto encuentran a su paso: riquezas básicas, medio ambiente, poblaciones, seres humanos.

Mintiendo, mintiendo, que algo queda.

El mundo empresarial se ha empeñado en imponer la instalación de proyectos energéticos en función de sus necesidades de explotación. Los intereses de estos sectores no representan los intereses del país, por más que el discurso político y económico de las clases gobernantes nos pretendan hacer creer lo contrario.

La implantación de proyectos energéticos, por lo demás, se ha hecho sin ningún plan maestro de desarrollo que anteponga las necesidades de los habitantes y la protección de los recursos del país por sobre las aspiraciones mercantilistas de los poderosos empresarios que controlan la economía y la clase política. La carencia de una matriz de desarrollo energético que tenga estas premisas es lo que permite el abuso y el descaro con que son invadidos habitantes y territorios, generando enormes daños y costos a las poblaciones y zonas afectadas. En alguna parte del país, algún poderoso empresario ve crecer su riqueza sobre la base de la destrucción de realidades cercanas o lejanas, a ellos les da lo mismo; y disponen, además, de una clase política servil y obsecuente que les prepara el camino y les resuelve los problemas legales.

Hace unos años, el desastre nuclear de Japón nos salvó de la inminente construcción de complejos nucleares en Chile, cuestión de la que la colusión político-empresarial nos quería convencer de que era una necesidad imprescindible para el país. Mentira. Con el mismo fervor, políticos y empresarios nos pretendieron convencer que el proyecto HidroAysén era la salvación para la vida nacional, porque de lo contrario vendrían cosas terribles. Otra mentira; las resoluciones judiciales supremas nos vinieron a salvar de este crimen. La lógica conque imponen sus negocios es la mentira, el engaño, la falsedad; así manipulan las conciencias de la población para imponer sus voluntades mercantiles.

Persistir en la falacia.

Tras el fracaso de la opción nuclear provocada por el desastre japonés, la colusión dominante se aprovechó del escenario para tratar de imponer a rajatabla el monstruo de HidroAysén. Tras el fracaso del proyecto HidroAysén se produjo una arremetida de la colusión político-empresarial para imponer a rajatabla cuanto proyecto energético tuvieran en carpeta, fueran hidroeléctricos o termoeléctricos, la cosa era aprovechar el triunfalismo en que se encontraba la causa ambientalista, para meter bajo cuerda cualquier proyecto que comparado con el de Aysén resultaba insignificante. En realidad, cualquier proyecto comparado con el monstruo que pretendían en Aysén es una insignificancia: así de monstruoso era el crimen que se frustró en Aysén.

Sin ir más lejos, reaccionando al fallo que daba por terminada la cuestión de HydroAysén, la gerente general de la empresa consultora Energética, María Isabel González, ex Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, calificó como “una resolución lamentable” y aseguró que los ambientalistas tendrán un escenario adverso pues “para reemplazar los 2750 Mw que produciría HidroAysén se requerirían de unas ocho centrales a carbón o gas de 350 Mw”. Es decir, se sigue creando la sensación de una crisis energética y de la necesidad del país de tener que producir electricidad para mantener su desarrollo. En realidad, lo único que pretende la colusión político-empresarial es producir energía a bajo costo, en corto plazo y a una alta rentabilidad para dar “desarrollo” a sus respectivos negocios, es decir, aumentar sus tasas de ganancia. No existe tal crisis, no existe tal necesidad. Y en caso de que tales males existieran la solución sigue pasando por desarrollar proyectos a partir de un concepto matriz que priorice por los intereses nacionales y no por los caprichos o intereses empresariales.

Contaminando, contaminando, que no importa.

A partir de esa premisa afloraron como callampas de bosque las “aprobaciones” de proyectos termoeléctricos, en base a carbón o gas, que se desparraman por el litoral central afectando la vida de miles de personas, de pueblos, ciudades, territorios y mares. Es para preocuparse si se considera que ya en el anterior gobierno de Michelle Bachelet se aprobaron 12 proyectos termoeléctricos y que en Chile ya funcionan alrededor de un centenar de centrales de este tipo, según registros del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Entre los proyectos actualmente en tramitación o instalación se encuentran la Central Bocamina II, de Endesa, en Coronel, que tiene características de una gran central que funciona en base a carbón; la central de biomasa Newenkutral, en Yungay, y otra en Mulchén; una central en base a gas en Bulnes, que forma parte del proyecto Octopus (actual GNI).

En Coronel, el proceso de funcionamiento de la Central Bocamina II fue revocado por resolución de la Corte Suprema del año 2012 tras un recurso de protección interpuesto por los pescadores artesanales y las poblaciones afectadas. Ahora, se supone que Endesa deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental para optimizar su funcionamiento. En Coronel ya existe la central Bocamina I, además de la Santa María, perteneciente a Colbún, que han operado sin normas que controlen las emisiones de gases, de polvo, de agua que vierten al mar generando graves problemas al borde costero pues afecta la pesca artesanal, entre otras calamidades.

La central térmica Agrícola Newenkutral, de Yungay, es un proyecto de la empresa Narvik que planea construirse el 2015. Para su aprobación solo bastó que presentaran una Declaración de Impacto Ambiental (en lugar de un Estudio) y se ignora por completo a la población circundante.

La central de biomasa de Mulchén, es un proyecto de la empresa Energía Pura que espera su aprobación luego de haber presentado también solo una Declaración de Impacto Ambiental. Esta central ya está en proceso de construcción.

En los hechos, todas estas centrales o proyectos de centrales comienzan a ser construidos, primero, y solo después o en paralelo inician o hacen los trámites legales que posibiliten a autoricen su construcción; es decir, actúan sobre la base de hechos consumados para imponer sus arbitrios y doblegar voluntades de políticos de cualquier pelaje.

Octopus se disfraza

Con el nombre de Terminal GNI Penco-Lirquén fue reingresado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Octopus, perteneciente a las empresas estadounidenses Australis Power y Cheniere Energy, junto con las chilenas Andes Mining Energy y Gasoducto Innergy, radicado en la comuna de Bulnes. Este proyecto incluye la construcción de un gasoducto desde Lirquén a Bulnes y una central térmica de ciclo combinado en Bulnes. Como se sabe, en noviembre de 2013 la empresa Octopus retiró el Estudio de Impacto Ambiental que había presentado al Sistema de Evaluación Ambiental, con lo que se daba por cancelada la iniciativa. Sin embargo, con nuevo nombre de fachada han vuelto a la carga.

Al mismo tiempo que GNI Penco-Lirquén, ingresó al SEA la tramitación presentada para la central hidroeléctrica El Campesino, y su línea de transmisión hacia Charrúa.

La oscura colusión

La facilidad que encuentran los proyectos para ser aprobados con simples Declaraciones de Impacto Ambiental o luego de determinados Estudios de Impacto Ambiental, develan que la legislación medio ambiental chilena es permisiva, deficiente e ineficaz para regular y controlar este tipo de proyectos. Es más bien una formalidad burocrática que cumple la apariencia de ocuparse de un cierto control pero que en la práctica resulta una farsa.

No es casualidad que, hoy por hoy, sean solo los tribunales de justicia la única y última instancia que queda utilizable para proteger los intereses de la población y del país; peor aún, en tribunales hay que llegar hasta la Corte Suprema para obtener resultados satisfactorios y confiables. Esto demuestra que en el camino de instalación de muchos de estos proyectos, ni siquiera se cumple la limitada legislación medio ambiental existente por parte de autoridades y empresarios. De nuevo se expresa en toda su dimensión y en todos los niveles esta oscura colusión político-empresarial.

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