El polémico caso de contaminación por plaguicidas en 3.500 hectáreas de uva que alertó sobre su excesivo uso agrícola

A fines de 2015, el SAG lideró la investigación acerca de una denuncia por contaminación de cerca de 3.500 hectáreas de uvas, producto del uso de un plaguicida de la empresa Anasac, una de las más importantes en el país en la fabricación de agroquímicos.

Durante meses, el organismo estuvo determinado a encontrar las responsabilidades del daño provocado por el fungicida, llamado «Pasta Poda Full», ante la desatenta mirada de los medios sobre el tema.

La denuncia fue desarrollada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, después de que uno de sus agrónomos se percatase de cómo decenas de parrones mostraban deformaciones en sus ramas, además del estado atrofiado de las plantas. El error en el producto ocasionó gravísimos daños en plantaciones de uvas de mesa y viníferas, debido a que el producto agroquímico traía incluido como principio activo dosis del herbicida Quinclorac, que actúa dañando las plantas de forma sistémica.

El error en el producto encendió la preocupación de las comunidades especializadas en el tema por el uso de plaguicidas en los cultivos. Sin embargo, hasta ahora, este ha sido un debate silenciado en Chile, pese a la insistencia de las organizaciones medioambientales por denunciar los diversos efectos negativos que su uso tiene sobre el medioambiente y la salud de las personas.

En los casos más graves -que debieron destruir la fruta de la temporada, casi en la totalidad de las 3.500 hectáreas- Anasac debió pagar indemnizaciones, aunque abogó por la recuperación de 280 hectáreas que a su juicio se encontraban libres del producto tóxico. Para los agricultores, las pérdidas involucraron el trabajo de todo un año.

¿QUIÉN FISCALIZA A LOS PLAGUICIDAS?

Actualmente, el único encargado de la fiscalización sobre plaguicidas es el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), aunque parece ser un rol que no puede desempeñar solo.

SAG, que es el encargado de fiscalización realmente no da abasto para fiscalizar todos los predios y las empresas que fabrican los plaguicidas, por lo tanto persisten graves problemas con la fiscalización, relacionados especialmente con la periodicidad y la extensión, tanto en predios como en las plantas que fabrican y formulan plaguicidas”, explica María Elena Rozas, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL).

Según los nuevos criterios de la Organización Mundial de la Salud y la FAO, los plaguicidas se clasifican como altamente peligrosos, considerando tanto sus efectos agudos como crónicos. Dependiendo de su grupo químico y modo de acción, pueden alterar el sistema nervioso, reproductivo e inmunológico de las personas. A la vez, pueden provocar daños genéticos y enfermedades graves como cáncer y alzhaimer. En nuestro país, hay entre 800 a mil marcas comerciales registradas.

Aunque esta contaminación por plaguicidas fue de alto impacto, una serie de intoxicaciones agudas ocurren cotidianamente por el uso de estos productos en Chile. De hecho, hay cerca de 800 intoxicaciones al año que son notificadas a la Red de Vigilancia de Intoxicación Aguda por Plaguicidas y el Ministerio de Salud estima que, por cada caso notificado, hay cinco sin notificar. 

Según esto habría más de 4 mil intoxicaciones al año. Y eso que no se notifican los daños crónicos ni los incidentes en el medioambiente, porque no hay registro de ello”, apunta Rozas. Esto, aunque ya hay evidencias sobre la contaminación de aguas por plaguicidas y el daño a la población de abejas, por ejemplo.

LA VERSIÓN DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Los especialistas en el tema aseguran que los problemas asociados al fungicida se provocan por la fabricación de estos productos en China, país donde este tipo de mezclas agroquímicas no goza de particular confianza. Hace años atrás, de hecho, el Pentaclorofenol exportado desde China fue prohibido en nuestro país por poseer diversos contaminantes.

“Los dos plaguicidas que se utilizaron -Poda y Quinclorax- son sistémicos, quiere decir se absorben y trasladan a todas las partes de la planta a través de la savia. No es que contaminen superficialmente, sino que toda la planta está contaminada con esos plaguicidas. Quinclorac es herbicida que quema la planta”, apunta Rozas. 

El incidente tras Pasta Poda Full incluso llegó a provocar la creación de una comisión de investigación sobre el tema, que como tantas otras no prosperó. En tanto, contactados por El Ciudadano, el SAG señaló que del total de la superficie afectada por la aplicación del plaguicida, » el 80% (1160 hectáreas aprox.) de la producción de uva de mesa fue eliminada por los productores por presentar sintomatología asociada a daño por esta sustancia».

Además, establecieron que para el resto de la producción, el SAG indicó retención temporal, la prohibición de la utilización o venta de dicha producción presuntamente contaminada, y la ejecución muestreos y análisis de residuos para determinar la detección o no de dicha sustancia química.

Por otra parte, el Servicio Agrícola y Ganadero informó que, en base a los resultados de los análisis efectuados en que se pudo determinar que la fruta proveniente de los cuarteles involucrados «no presentaba residuos detectables de la sustancia Quinclorac, se resolvió la liberación de la producción de uva que estaba retenida«.

EL PROBLEMA DE FONDO: EL MODELO AGRÍCOLA CHILENO 

Aunque el SAG aseguró a El Ciudadano no haber recibido nuevas denuncias de este tipo relacionadas con Pasta Poda Full o algún otro plaguicida, las dudas sobre la posibilidad de un nuevo «accidente agrícola» provocado por el uso de estos productos persisten. De hecho, voces de algunos especialistas en el tema, como el ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca, dirigente de Modatima, son enfáticos al apuntar el modelo de desarrollo agrícola como el fondo del problema.

«En rigor, la utilización en Chile a gran escala de plaguicidas derivados de la industria química es una realidad que se extiende a lo largo de todos los campos del país. Es decir, el modelo de producción agrícola chileno se caracteriza por el uso intensivo e irracional de bienes naturales -suelo y agua-, el monocultivo como estrategia de desarrollo y la sobrequimización de los medios de cultivo», enfatizó Mundaca.

En su opinión, los cuadros de contaminación vegetal son el resultado y reflejo del modelo actual de alimentos que existe en Chile, asociado a una gran dependencia de los productos de la industria química. Por ello, muchos llaman a los agricultores a reflexionar sobre el uso excesivo de estos productos, considerando el daño que generan para la salud y el medioambiente, además de lo difícil que es prevenir nuevamente un caso de estas dimensiones.

«Se mejora el rendimiento, sin cautelar que este modelo de desarrollo no es ecológicamente sostenible. Aplicas productos de esta naturaleza a gran escala sin las medidas mínimas de protección del medioambiente y sin cautelar la integridad de quienes van a producir estos alimentos», enfatiza Mundaca.  Esto es especialmente peligroso para las comunidades rurales, que suelen ser los principales afectados de las consecuencias de la exposición a agroquímicos.

Por ahora, la ley no puede hacer mucho, ya que, tal como cuenta María Elena Rozas, «todos los proyectos de ley en la materia han sido bloqueados en el Parlamento por el lobby que hacen las grandes corporaciones trasnacionales agroquímicas, así que cualquier regulación que signifique un avance para la salud y el medioambiente lamentablemente no ha prosperado en Chile».

En este tema, tal como también reconoce Mundaca, las presiones de empresas como «Anasac, Monsanto o Bayer cumplen un rol fundamental, inhiben que se regule el uso de insumos sintéticos». Esto, sumado al desconocimiento general de la opinión pública sobre el tema, aumenta el peligro provocado por la hegemonía de un modelo extractivista que podría sumar nuevas víctimas a futuro.