En alerta: “Isla Riesgo”

Uno de los proyectos más cuestionados en torno a la minería está en la palestra de la agenda nacional. Isla Riesco, la cuarta isla más grande de Chile, ubicada en la comuna de Río Verde en la XII Región, será víctima de las garras de la explotación de la debatida energía a carbón con la aprobación de los proyectos anunciada la semana pasada.

En este lugar casi virgen confluyen una gran gama de flora y fauna: cerros, humedales, ríos, glaciares, ventisqueros, además de diferentes especies que están protegidas como el huemul, cóndor, puma y más de 66 especies de aves. Lo que hace de Isla Riesco un lugar rico en patrimonio natural.

Sin embargo, pareciera que  las grandes empresas y los ostentosos apellidos de este país hacen vista gorda de toda esta abundancia. Los grupos Copec y Ultramar, de las familias Angellini y Von Appen respectivamente, son los que amenazan el territorio con el controversial proyecto Mina Invierno, de la Minera Isla Riesco.

La intervención comprende reservas de más de 240 millones de toneladas de carbón y una inversión de US$ 500 millones. El proyecto busca la explotación de carbón sub-bituminoso para abastecer proyectos termoeléctricos, entre ellos cinco minas a rajo abierto: Mina Invierno, Mina Río Eduardo, Mina Elena, Mina Oeste y Mina Adela.

El objetivo de estas moles de energía es producir anualmente entre 4 y 5 millones de toneladas de carbón.

La primera de ellas, Mina Invierno, ya fue pre aprobada el pasado 15 de febrero. El encargado de dicha resolución fue el Servicio de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente (SEA), quien resolvió el proyecto de forma unánime a pesar de haber recibido muchas peticiones y argumentos esgrimidos por parte de ONG medioambientales, autoridades y diferentes actores sociales de no hacerlo.

El SEA está integrado por la intendenta Liliana Kusanovic y diez seremis de diferentes carteras.

En las próximas dos semanas se entregará el resultado final de la evaluación a lo que la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benitez, ha señalado en varias conferencias de prensa que espera que tanto el comité como el grupo técnico resuelva adecuadamente y conforme a la ley, para que no se produzca una judicialización del conflicto.

EL EMPRESARIO QUE SOBREPONE AL PRESIDENTE

Sebastián Piñera se encuentra una vez más envuelto en conflictos empresariales por su calidad de Primer Mandatario. Al empresario, que ya ha tenido varias trancas por ser socio y dueño de diversas empresas nacionales como LAN o Chilevisión, se le suman 785.609 acciones de Copec, tal como él lo señaló en su declaración de intereses y patrimonio el 4 de abril de 2010, las cuales son administradas por fideicomiso ciego por  la corredora Larraín Vial.

Debido a estos datos la presidenta del PPD, Carolina Tohá, y el diputado Enrique Accorsi, interpusieron la semana pasada un recurso de reposición en la Contraloría, presentando nuevos antecedentes y pidiendo especificar la resolución emitida por el organismo sobre el proyecto.

Dicho recurso pretende inhabilitar al Presidente y a los integrantes del Consejo de Ministros –integrado por titulares de Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Vivienda, Transportes, Minería y Planificación- quienes resolverán el resultado del proyecto.

“Presentamos este escrito porque pensamos que hay una incompatibilidad por las acciones del Presidente y el rol de los ministros, ya que ellos están llamados a calificar el proyecto. Cuando Mina Invierno se aprobó, las acciones de Copec subieron y esto significó una ganancia de $ 2.500 millones para el Presidente”, señaló Acorssi el jueves pasado en la Contraloría.

El diputado recalcó que la iniciativa no pretende solamente indagar en los conflictos de interés del Presidente, sino que también dejar un estipulado para los proyectos ambientales venideros.

La Contraloría por su parte emitió la semana pasada un dictamen que desestimó el conflicto de interés: “Las opiniones que ellos (los ministros) manifiesten y las decisiones que el comité adopte no dicen, en principio, relación con los intereses personales del Primer Mandatario”, aseguró la resolución.

A pesar  de esto los opositores de diferentes esferas sociales insisten en que el conflicto de intereses es un hecho. Por esto la representante de Alerta Isla Riesco, Ana Stipicic, señaló que “ahora entran dudas de por qué se hace esto. Por qué las autoridades, que no debieran referirse al tema porque saben que van a influir de una u otra manera en los servicios evaluadores, se refieren a esto. Si más encima hay algún tipo de interés involucrado, es delicado”.

Por su parte el director de ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asún, emitió la postura de la organización mediante un comunicado en el que destacó: “El Presidente es uno de los accionistas mayoritarios de las empresas involucradas y por lo tanto sí incrementará su patrimonio en función de la decisión del Comité. Si bien la resolución de Contraloría se apega a la letra de la ley 19.300 y asume que los ministros cumplen su función obligados bajo dicha normativa, Greenpeace exige analizar cuándo dichas decisiones tienen, de hecho, consecuencias de aumento de patrimonio del presidente de la República. Más aún cuando desde el ejecutivo se ha dado apoyo a esta iniciativa para la región de Magallanes”.

Por el momento la ciudadanía y los actores sociales en contra de proyecto se mantienen alerta a lo que resuelva en unos días más el Consejo de Ministros.

Por Camila Méndez P.

El Ciudadano