La minería del carbón en España finaliza el primero de enero de 2019 con el cierre de los últimos 26 yacimientos ubicados en Asturias, Aragón y Castilla y León. 12 de ellos actualmente en producción. Asimismo, 9 de las 15 centrales térmicas que queman el mineral también dejarán de funcionar en el año 2020.

A esta medida se comprometió el Gobierno español con la Comisión Europea a principios de esta década, cuando Bruselas concedió la prórroga final a una actividad económica deficitaria con más de 30 años de ocaso en el país.

Cierre vs. ayudas públicas

Bruselas aceptó en 2010 –tras las presiones de España y Alemania– que las minas deficitarias siguieran recibiendo ayudas públicas. Pero estableció como condición principal del acuerdo, que  incluía a España, Alemania y Rumania,  que los yacimientos tenían que cerrar el 31 de diciembre de 2018 como máximo. Si, llegada esa fecha, decidían seguir operando, debían hacerlo sin soporte público y además tendrían que devolver las ayudas recibidas.

En el caso de España, al margen de las prejubilaciones y bajas de los mineros, el plan de cierre acordado incluyó 26 minas, propiedad de 15 empresas, las cuales recibieron desde 2011 ayudas directas para el cierre por un valor de 504 millones de euros.

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Respecto a Alemania, hace una semana de forma solemne el primer ministro del Land de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet expresó durante los actos de clausura del último yacimiento de hulla del país  “Terminó un capítulo de nuestra historia”.

Industria en descenso

Hasta al momento, la generación de electricidad es el principal uso que le ha dado España a este mineral,  que se encuentra en la mira de las políticas medioambientales por ser altamente contaminante, por ser el causante de acumular alrededor del 15% de todos los gases de efecto invernadero de la economía española.

El 90% del carbón que se quema en el país ibérico para producir electricidad se importa de otros países como Colombia o Rusia.

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En noviembre quedaban 2.046 trabajadores adscritos al régimen especial de la minería del carbón, frente a los 51.420 que había en 1985.

Por su parte, Bruselas pone cada vez más trabas a los Estados a la hora de dar subsidios encubiertos a las plantas, mientras las normas europeas se encaminan a consolidar la desaparición de las centrales de carbón.

A esto se suma que el mercado de emisiones desde hace años obliga a las industrias a pagar más de 20 euros por cada tonelada de CO2 que expulsan a la atmósfera.

De las 15 centrales que queman carbón que hay ahora en España –y que este 2018 han generado el 14% de la electricidad del país– nueve cerrarán en el próximo año y medio. Al menos, es lo que quieren sus propietarias.

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