En 2017, España experimentó el segundo peor año de la década en cuanto a superficies arrasadas por el fuego: más de 500 hectáreas. Asimismo, registró el mayor período con grandes incendios (56, para ser específicos) que consumieron al menos 55% de todo el territorio quemado.
En este sentido, la Organización No Gubernamental Greenpeace presentó este martes un informe en el que reveló que 80% de los municipios españoles que se encuentran en zonas de alto riesgo de incendios carecen de planes de emergencia para combatir estos eventos.
Entre las causas de estos siniestros, destacan el abandono de las actividades de pastoreo y limpieza de los bosques propios de la vida rural, el cambio climático y, especialmente, «las nuevas planificaciones urbanísticas que han convertido los montes en espacios altamente inflamables«.
El informe titulado «Protege el bosque, protege tu casa» denunció la falta de planes de prevención, emergencia y autoprotección contra incendios forestales por parte de los gobiernos locales de España.
El trabajo, elaborado conjuntamente con Medi XXI, consultora especializada en ingeniería forestal y gestión de emergencias, recomienda una correcta gestión forestal, de forma que se protejan los bosques y a las personas que los habitan. Asimismo, apunta que es necesario que la ciudadanía proteja su vivienda, tomando medidas preventivas y de autoprotección.
Bajo nivel de prevención
El representante de la consultora Medi XXI, David Caballero, advirtió que los bosques españoles «están sufriendo el crecimiento de viviendas sin planificación» y respondiendo a «normas estéticas, sin contemplar el riesgo por incendios«.
El informe de Greenpeace detalló que 12 comunidades autónomas obtienen una valoración «deficiente» o «muy deficiente» en su planificación, mientras las Islas Canarias, Cataluña y la comunidad Valenciana son las que cuentan con planificaciones más avanzadas, «aunque todavía queda mucho por hacer».
Modelo de gestión de incendios
En España existe la Ley de Montes, que regula la planificación de incendios a nivel autonómico y municipal y establece la obligatoriedad de las comunidades autónomas de elaborar planes preventivos en aquellas áreas declaradas zonas de alto riesgo de fuego. Sin embargo, se incumple la normativa de forma casi generalizada en todo el territorio.
Mónica Parrilla, de la campaña de Incendios de Greenpeace, afirmó que «en zonas susceptibles de sufrir terremotos, por ejemplo, hay percepción del riesgo. Sin embargo, en zonas de riesgo de incendios forestales se insertan viviendas sin que la población perciba el peligro y, por tanto, se prepare para prevenir incendios y mitigar sus impactos».
La organización ecologista advirtió que cada vez hay más episodios de siniestros forestales de altísima gravedad con desalojos masivos, pérdidas de bienes, personas fallecidas y miles de hectáreas calcinadas.
“En un contexto de calentamiento global y sequía, la vegetación seca se transforma en un polvorín. Es momento de cuestionar los principios en los que se basa el modelo tradicional de gestión de incendios”, advierte Greenpeace.
“La lucha contra los incendios forestales, especialmente en áreas aledañas a las ciudades, es una responsabilidad compartida entre los poderes públicos y la sociedad civil. El reto pasa por conseguir comunidades organizadas y adaptadas que asuman el riesgo de incendio para prevenirlo y mitigarlo”, concluye la investigación.
Los riesgos de incendios forestales no son una situación única de España, ya que países como Portugal, Chile, Australia, Sudáfrica o Estados Unidos han sufrido siniestros de gravedad en entornos altamente poblados en los últimos años.
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