Sobre la mesa del Consejo de Ministros del martes 2 podría estar el primer anteproyecto de ley español que limita los plásticos de un solo uso. Las pajitas, los bastoncillos o los platos y la cubertería desechable estarán prohibidos en España a partir del 3 de julio del año que viene.
Además, desaparecerán de bares y restaurantes los recipientes y vasos para alimentos y bebidas, incluidos sus tapas y tapones y habrá que pagar por los envases de comida para llevar, pero esta última medida se estima para 2023. Sin embargo, el documento va más allá e incluso estudia introducir sanciones por meter residuos en España o abandonarlos en el campo que pueden llegar a los dos millones de euros si son peligrosos.
El objetivo es que dentro de 10 años el uso del plástico haya caído un 70% y que para 2026 su uso disminuya a la mitad con respecto a 2022. Deberán ser las propias empresas las que deban fomentar otras alternativas, ya sea a través de otros materiales o el uso de productos reutilizables. Habrá que ir desechando las botellas de plásticos por lo que se obliga a bares y restaurantes a que ofrezcan siempre a los clientes agua gratis o envasada.
De tal modo, el Gobierno plantea instalar fuentes de agua para garantizar su consumo a la ciudadanía. Se busca la mayor eficacia en la gestión de residuos para conseguir en 2030 una reducción de 10 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. La industria del reciclaje podría atraer inversiones de cerca de 2.500 millones de euros de aquí a 2035 y generar hasta 70.000 puestos de trabajo.
Por otro lado, se prohibirá a partir de 2021 la destrucción de excedentes textiles, juguetes, aparatos eléctricos. Asimismo, el mismo 2 de junio se aprobará previsiblemente, la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) con el objetivo de reducir un 30% el consumo nacional de materiales para 2030 y rebajar un 50% la generación de residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria per cápita a nivel de hogar y consumo minorista. También se pretende reducir un 20% las cadenas de producción y suministro a partir de 2020.
Ambas medidas buscan contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas aprobada por los dirigentes mundiales en 2015. Esta ley ya existe en el Parlamento de las Islas Baleares desde que aprobó el 29 de enero la Ley de residuos y suelos contaminados.
Además, este anteproyecto de ley llega en el contexto oportuno, donde la llegada de la pandemia por coronavirus ha incrementado la producción y el consumo de material de plástico, sobre todo de usar y tirar. Este aumento se da tanto en el uso hospitalario como en el uso doméstico y probablemente irá en aumento a medida que avance el desconfinamiento de los ciudadanos.
No debemos olvidar que la contaminación por plásticos es uno de los principales problemas ambientales del planeta según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicado en 2019.
Cortesía de Sputnik
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