Este verano nos quieren privatizar el mar

Este verano, mientras usted disfruta de la playa, el mar de Chile está en grave peligro: sobreexplotado y contaminado, ahora quieren privatizarlo. Todo ello con el auspicio de los gobiernos de la Concertación y con la complicidad de la derecha y la «gran prensa» que nada informa. La Armada tampoco dice ni pío. La defensa del mar recae en pescadores artesanales y de mapuche-lafkenches y en quienes han dado vida a la campaña «Salvemos el Mar de Chile». Aún queda tiempo.

El extenso mar de Chile está siendo depredado y contaminado. Amplios fiordos como el de Reñihué (Región de Los Lagos), bahías completas como la de Chañaral (Región de Atacama) o inmensos estuarios como el de Reloncaví (Los Lagos) son hoy tristes trozos de mar muerto. Testimonios de un modelo de desarrollo que ve la naturaleza como un objeto de explotación y acumulación de recursos. Nada más.
El daño más grave se ha producido en las últimas dos décadas, período que coincide con la mayor expansión de la industria salmonera, con la promulgación de la Ley 19.713, mejor conocida como Ley «corta» de Pesca y con el inicio de los gobiernos de la Concertación.
Mientras  la salmonicultura es responsable de la contaminación de extensas zonas del sur, entre ellas el mar interior de Chiloé, desde donde se extrae el 70% de los pescados y mariscos que se consumen en Chile, la Ley corta ha implicado el agotamiento de las principales pesquerías del país como son el jurel y la merluza común. Otros culpables de este desastre son las grandes mineras, celulosas y termoeléctricas. Sumadas a la salmonicultura y a la pesca industrial, responden por más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
«(Las empresas contaminantes) han actuado bajo la directa protección de los gobiernos de la Concertación que han creado leyes e instituciones cuyo objetivo es hacer que estas empresas obtengan la mayor cantidad de ganancia en el menor tiempo posible, sin importar las consecuencias sociales, económicas, ecológicas y culturales», expresa Cosme Caracciolo, secretario general de la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach).
Los productos del mar que hasta hace pocos años se podían encontrar en abundancia y eran orgullo de Chile, hoy son escasos. Además, se han vuelto peligrosos, ya que debido a la contaminación contienen tóxicos causantes de enfermedades. En la caleta de Angelmó, que hasta hace 15 años fuera símbolo de abundancia marina,  hoy sólo se encuentran salmones llenos de piojos de mar (caligus sp) y posiblemente contagiados con virus ISA (anemia infecciosa del salmón).
«Lo que sucede con el mar chileno es una tragedia. Comunidades completas que hasta hace pocos años vivían en la abundancia, hoy sobreviven en la más horrible de las miserias, como ocurre con los pescadores de Chiloé, San Antonio o Valparaíso y de otras cientos de caletas. Invaluables hábitats marinos han sido destrozados. Y todo esto como resultado de decisiones políticas motivadas por el egoísmo, por la ambición (…) nadie que tenga conciencia de lo que está sucediendo y que quiera al mar puede hablar del tema sin que su alma llore y sus ojos se humedezcan», dice Caracciolo.

LA «LEY LAGOS»
El dirigente señala que «de todas las políticas que han favorecido la contaminación del mar y la depredación de sus recursos, la más nefasta ha sido la Ley Corta de Pesca» implementada durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000- 2006).  «Antes de esa ley los peces eran cosa de nadie (res nullius) y lo que hacía el Estado era velar por su preservación. La Ley Lagos (como él la llama) cambia el estatuto jurídico de los peces que pasaron a ser propiedad privada».
Además, las nuevas disposiciones implicaron una nueva distribución de las cuotas de pesca entre los pescadores artesanales y las empresas industriales. La asignación resultante fue del todo desigual: los grandes empresarios se quedaron con la mayor parte de la torta. Por ejemplo, en el caso de la pesca de jurel, el 95% le fue asignado a éstos y sólo un 5% a la pesca artesanal. En el caso de la merluza de cola, el 100% de la cuota fue asignada a los industriales. En la merluza  común, el 65% fue para la industria y 35% para los artesanales.
Para capturar sus cuotas los industriales han ocupado la pesca de arrastre. Este sistema implica utilizar redes que arrasan con el fondo marino. No sólo se capturan las especies buscadas, para las que cuentan con permiso de pesca, sino que también su fauna acompañante. En el caso de la merluza común, está compuesta por 92 especies, entre las que se cuentan tiburones, diversos tipos de crustáceos y hasta esponjas. Una vez dentro del barco pesquero, son apartadas y arrojadas muertas al mar. Esta práctica es conocida como descarte. También se descartan los ejemplares juveniles de las especies objetivo de la pesca.
Según un estudio de la Conapach (2006), basado en bitácoras de viaje de barcos arrastreros, el descarte en el caso de la merluza común constituyó el 2005, un 36,8% del total de la biomasa de merluza capturada.
Según Caracciolo, otro de los aspectos esenciales de la ley de pesca de 2001 fue que cambió el criterio sobre el que se regía la actividad pesquera. «Antes lo que importaba era la seguridad alimentaria y la sustentabilidad de los recursos. Tras la dictación de esta ley se impuso como criterio fundamental la eficiencia económica. Esto tuvo como consecuencia la depredación de los recursos».
Y las cifras parecen darle razón: El descenso de la biomasa marina desde el comienzo de la Ley corta es elocuente. Según el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), dependiente del Ministerio de Economía, el jurel existente en la zona económica exclusiva de Chile descendió de 6 millones de toneladas en 2001, a las 91 mil toneladas de 2007. A pesar de ello, el Consejo Nacional de Pesca, institución encargada de asignar las cuotas año a año y que en su gran mayoría está integrada por representantes de grandes industriales, otorgó una cuota de pesca de esta especie de un
millón 300 mil toneladas para 2008.  Es decir, el Consejo Nacional de Pesca distribuyó una cuota de captura de jurel que es 13 veces mayor a la biomasa de esta especie.  Según Caracciolo, este tipo de decisiones «pone en evidencia lo irracional y absurda de la política pesquera vigente en Chile que han llevado al colapso de la mayoría de los recursos pesqueros».
En el caso de la merluza común, que es (o era) la especie más consumida por los chilenos y fuente principal de sustento de decenas de miles de personas dedicadas a la actividad pesquera artesanal durante décadas, desde el comienzo de la aplicación de la Ley de Pesca (2001) la biomasa ha descendido de 1.555.000 tns. a las 300.000 tns. de la actualidad según el IFOP. Esto, con el agravante que el 90% de estas merluzas son especies juveniles que no han alcanzado la etapa de reproducción. Debido a ello y previendo la extinción de la especie, la Conapach pidió en agosto de 2007 la veda total de este recurso. El Consejo Nacional de Pesca, sin embargo, optó por inclinarse ante las demandas de los industriales arrastreros asignando 55 mil toneladas de cuotas para el 2008.

Todas las especies en las que la flota industrial usa el arte de arrastre, entre las que se cuenta el congrio dorado, el besugo, el alfonsino y el bacalao de profundidad, se encuentran en estado crítico.

En estos momentos se debate en la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados un proyecto de ley impulsado por la Conapach por el que se busca poner fin a la pesca de arrastre. Este proyecto es respaldado por una decena de diputados encabezados por René Alinco (PPD). El 7 de enero la comisión deberá decidir si impulsa la iniciativa y la lleva al pleno de la Cámara o la deja morir antes de nacer.

Los impulsores de esta ley, entre los que también se encuentran Greenpeace y organizaciones sociales congregadas en torno al Movimiento de los Pueblos y a la campaña Salvemos el Mar Chileno, sostienen que, de no aprobarse esta ley, en pocos años desaparecerán buena parte de los más importantes recursos marinos chilenos.
LA PRIVATIZACIÓN DEL MAR

Pero las salmoneras no se quieren ir sin llenar por última vez sus alforjas. Para ello han solicitado al Estado que les entregue 450 millones de dólares para superar la crisis. Ello, pese al grave daño medioambiental, económico y sociocultural que han dejado como secuela. Y, a pesar de las inmensas ganancias obtenidas en los últimos 20 años, período en el cual se le han entregado cuantiosos subsidios. Sólo el 2008 el Estado ha reconocido haberle regalado a esta industria más de 30 millones de dólares en subsidios, fundamentalmente destinados a combatir el ISA y mejorar su dañada  imagen.

Por todo lo anterior, causó sorpresa el anuncio hecho por Bachelet ante el empresariado reunido en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade), el pasado 28 de noviembre, en Casa de Piedra, Santiago. Allí, la presidenta anunció que el Estado aportará los recursos pedidos por esta industria, con el fin de revertir los efectos de la «crisis sanitaria» que tiene en el virus ISA su máxima expresión. Como hoy es de público conocimiento, a la industria salmonera la acechan plagas y epidemias. Está extinguiéndose y es casi seguro que desaparezca como actividad económica dentro de 2009. La crisis había sido anticipada en la edición Nº 50 de El Ciudadano (octubre de 2007).

Es importante considerar que las salmoneras prácticamente no pagan por el agua que usan y contaminan. Y que la mayor parte de ellas son propiedad de empresas extranjeras, principalmente noruegas, como es el caso de Marine Harvest y Mainstream.

Según expresó Héctor Kol, encargado del programa de salmonicultura de la Agrupación de Pescadores Artesanales de Aysén (AGO de Aysén), «Mientras a la industria causante de ese desastre ambiental y social el Gobierno le quiere regalar más US$ 450 millones de recursos que nos pertenecen a todos los chilenos, a los pescadores que han hecho un manejo responsable y sustentable de los recursos marinos se les quiere condenar al exterminio».

El miércoles 17 de diciembre, Felipe Sandoval, gerente de la Mesa de Trabajo del Salmón, organizada  por el gobierno para abordar la crisis de la industria salmonera, dio mayores detalles de su proyecto ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Dijo que para hacer efectivo estos traspasos de fondos era necesario hacer modificaciones legales que en la práctica suponen la privatización de las concesiones salmoneras, que actualmente son bienes fiscales.

La cosa funcionaría así: El gobierno transfiere los 450 millones de dólares comprometidos a bancos privados. Estos se los entregan a la salmoneras, las que, para recibir el dinero, deben entregar en hipoteca las concesiones acuícolas a los bancos. Un día antes el senador Camilo Escalona había reconocido que ya se inició en la cámara alta la tramitación de la Ley de Concesiones Acuícolas a través de la cual se hacen los cambios legislativos aquí reseñados.

El Estado y las salmoneras acordaron -en la citada Mesa del Salmón-, crear «barrios salmoneros». Estos extienden el área de dominio de las salmoneras e impiden el desarrollo de otras actividades –turismo, pesca artesanal- en las zonas bajo su influencia. También sería motivo de adecuaciones legislativas.

Por todo lo anterior, y a pesar que son empresas que están desapareciendo, las salmoneras están solicitando miles de concesiones de acuicultura en las regiones de Aysén y Magallanes, las que se entregan en forma gratuita. Una vez tramitadas estas concesiones  pasan a ser parte de los activos de las salmoneras. Así sus tenedores pueden transferir a los bancos o al mejor postor estas concesiones que sólo costaron las molestias de la tramitación. ¡Negocio redondo!

Cesar Barros, presidente de Salmón Chile, recomendó que la Armada de Chile fuera «liberada» de la responsabilidad de administrar el territorio marítimo chileno. Esta solicitud la hizo en el seminario Salmonicultura en Chile: una mirada Transversal, organizado por la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados, realizado el 21 de noviembre de 2008 en Puerto Varas. Hasta el momento no ha habido ninguna declaración de la Armada ni de la subsecretaría de Marina en que exprese su opinión respecto de esta «solicitud» que implica una notoria reducción de funciones de la Armada. El Ciudadano intento conocer la posición de esta institución pero no fue posible obtenerla.

Kol señaló que «el Estado no sólo le permitió a las salmoneras que hicieran pedazos el mar territorial austral, sino que ahora quiere regalárselo. No podrán devolver los créditos que solicitarán a los bancos y que respaldarán con estas hipotecas y, por lo tanto, los bancos se quedarán con el mar territorial austral». Y agrega: «En ningún caso lo permitiremos (…) exigiremos a todas las instituciones vinculadas con el tema, en particular al parlamento y a la Armada, que se pronuncien al respecto. Queremos que digan si están dispuestas a aceptar que el mar deje de pertenecer a todos los chilenos».

Los cambios legislativos antes mencionados implican privatizar el mar de Chile, tal como la dictadura de Augusto Pinochet hizo con las aguas continentales al dictar el Código de Aguas (1981). Una de las consecuencias sería acabar con la actividad pesquera artesanal desde la Décima a la Duodécima regiones, puesto que los bancos podrían impedir el libre tránsito por los canales y fiordos australes que ahora pasarían a formar parte de su propiedad.

La maniobra de Sandoval, los salmoneros y la banca, está encontrando creciente resistencia de organizaciones sociales que intentan frenar la destrucción y privatización del mar. Muestra de esto es que el pasado 6 de diciembre las organizaciones que dan vida al Movimiento de los Pueblos (MP) acordaron en su reunión fundacional -en Valparaíso-, lanzar la campaña Salvemos el Mar Chileno. Ella tendrá un momento clave cuando en enero se presente el proyecto de Ley a través del cual se intenta modificar las normas ambientales que rigen la acuicultura, y que será patrocinado por el senador Nelson Ávila.

EL BASURERO DE LA SALMONICULTURA

La AGO de Aysén ha denunciado el «inmundo» accionar de la industria Salmonera. El 8 de diciembre pasado, denunció ante la Contraloría General de la República (oficina de Aysén) que las empresas salmoneras utilizan el territorio marítimo como un vertedero industrial, donde descargan millones de toneladas de residuos orgánicos (heces de salmones y alimentos industriales). Respaldándose con fotos que muestran el fondo marino, la AGO dio a conocer la existencia de cinco vertederos de plásticos y otras estructuras no  biodegradables, en las zonas de Canal Jacaf y Puyuhuapi. Específicamente, de estructuras metálicas que corresponden a balsas-jaulas completas (incluidos los pasillos también metálicos), mallas loberas que cubren una amplia superficie del sedimento y redes con cadáveres de salmones en estado de putrefacción. Todo esto, en dos sectores que fueron clasificados como «Zonas Preferentes para la Conservación» o «el Turismo» en el proceso de Zonificación del Uso del Borde Costero vigente desde el año 2005. En su denuncia, la AGO identificó a las empresas Aquachile y Multiexport entre las responsables de la creación de vertederos industriales en el fondo del mar de la comuna de Puerto Cisnes.

La AGO también acotó que había hecho en septiembre esta denuncia ante el Servicio Nacional de Pesca y que el director regional de Aysén de dicha repartición, Gabriel Aqueveque, se negó a investigar estos hechos.

¿Y LA MINERÍA?

La pesca industrial y la salmonicultura no son las únicas amenazas que afectan al mar de Chile. La gran minería, en las cuatro regiones del norte, ha destinado sus relaves tóxicos hacia el mar por medio de emisarios (tuberías) que han provocado desastrosas consecuencias de las que la contaminación de la bahía de Chañaral es un oscuro ejemplo. En las regiones del centro sur, es la industria forestal y celulosa la que se encarga de destruir el mar, como ocurre en el caso del Golfo de Arauco, que está completamente contaminado por dioxinas generadas por la industria forestal local.

Esto mismo ocurriría en caso de concretarse el proyecto de CELCO-Valdivia, que quiere arrojar al mar un ducto en la costa de Mehuín. El intento ha sido consistentemente frenado por los pescadores y comuneros lafkenches que durante 12 años han cerrado el paso a la celulosa. Junto a la defensa territorial que realizan para impedir que se hagan los estudios que la celulosa necesita para construir el ducto, los lafkenches están recurriendo a las alternativas que ofrece la recientemente aprobada Ley de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios, mejor conocida como Ley Lafkenche, cuya utilización  se está convirtiendo en una eficaz herramienta para defender el mar. Esto porque prioriza las solicitudes de uso del mar hechas por representantes de pueblos originarios, reconociendo entre los usos que respalden las solicitudes prácticas culturales, sociales y económicas, que hayan sido realizadas en el pasado por los solicitantes o sus antecesores.

Hay dos proyectos termoeléctricos que también están dando que hablar en lo relativo a la defensa del mar. Se trata de la construcción de  termoeléctricas en Punta de Choros (Región de Coquimbo) y junto a la desembocadura del río Maule (proyecto Los Robles). Éstos, que han sido aprobados por las autoridades ambientales en procesos muy dudosos, han generado gran oposición ciudadana, a la que se han sumado científicos de prestigio internacional que hacen incierto su futuro. Los primeros días de diciembre visitó Chile Celine Cousteau, nieta del celebre oceanógrafo Jacques Cousteau, quien se dirigió a bucear a Punta de Choros. También se entrevistó con la presidenta Bachelet a quien le solicitó evite destruir el medioambiente de Punta de Choros que es vecino a la reserva de Pingüinos de Humboldt, ubicada en Isla Damas.

por Francisco Marín

El Ciudadano