La forestal afirma que pudo tomar las mediciones para el Estudio de Impacto Ambiental gracias a un acuerdo con 600 pescadores de Mehuín, pertenecientes a cinco sindicatos a los que en 2007 CELCO pagó US$ 8,9 millones. Claro que gran parte de los residentes de la costera localidad jamás dejaron entrar a los técnicos de CELCO a hacer las mediciones.
El viernes pasado la Celulosa Arauco Constitución, CELCO, presentó a la Comisión Regional de Medio Ambiente de Los Ríos el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el emisario submarino que transportará las descargas de la planta Valdivia (la misma que mató a miles de cisnes de cuello negro en el Santuario Carlos Anwandter) a la bahía de Maiquillahue, en Mehuín.
La empresa forestal del grupo Angelini, que invertirá US$ 65 millones en el ducto, sostiene que el acuerdo al que arribaron con 600 pescadores de la Federación de Pescadores de Mehuín le permitió completar las mediciones tanto de mar, ríos, aire y costas en invierno y verano, que estaban pendientes desde 1995 para presentar el EIA.
Sin embargo, pescadores y comunidades lafkenches de la zona sostienen que una vez más CELCO presenta un estudio con mediciones falsas. “Las mediciones no se hicieron, estuvimos día y noche cuidando las aguas, sólo nos retirábamos cuando había temporal, y CELCO nunca apareció a tomar las mediciones que dice sacó para hacer su estudio”, afirma Patricio Olivares, presidente del Sindicato de Pescadores de Queule.
Sobre el supuesto acuerdo al que habría llegado CELCO con pescadores de la zona, Olivares asegura que “se formaron cinco sindicatos brujos, con gente que no sale a la mar, de los 600 pescadores que dice CELCO, poquísimos operan realmente”. Según los ejecutivos de la forestal, el pacto con los pescadores contempla también el desembolso de US$ 7,5 millones en mitigación y obras “sociales” durante 10 años después de construido el ducto.
“Para nosotros esto no es sorpresa, no es primera vez que CELCO presenta informes falsos a la COREMA. En el fondo nos lo esperábamos, esta empresa es capaz de todo, sobre todo cuando cuenta con el apoyo del Gobierno”, sostiene Olivares en nombre de su sindicato, uno de los más grandes de la zona junto a la Federación de Pescadores Artesanales del sur, FIPASUR.
ESPERANZAS PUESTAS EN LA “LEY LAFKENCHE”
Por “sindicatos brujos” Olivares se refiere a las agrupaciones que el otrora líder de la oposición a CELCO, Joaquín Vargas, separó de la FIPASUR para conformar una nueva federación sindical proclive a los intereses de la forestal de Angelini: la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, con la que CELCO firmó un “Convenio de Colaboración y Asistencia Recíproca” por US$ 8,9 millones en 2007.
Vargas, luego de acusar al director de la FIPASUR, Marco Antonio Ide, de negociar con CELCO “a espaldas de los pescadores”, terminó afirmando al Diario Austral de Valdivia que era “un sinsentido seguir rechazando el ducto de CELCO”, lo que se tradujo en la firma notarial del millonario convenio entre el sindicato y la forestal para colaborar en los estudios, construcción y funcionamiento del emisario y en las gestiones para que a CELCO le sean autorizadas las concesiones de suelo y fondo de mar.
En el Comité de Defensa del Mar, tampoco están sorprendidos con la insistencia de CELCO por construir su ducto. Eliab Viguera, uno de los directores de la agrupación, confía en que el rechazo de la Subsecretaría de Marina a la solicitud de concesión marítima que presentó la forestal para hacerse de la playa Pichicullín impida la construcción del ducto.
“Independiente de los estudios truchos que presente CELCO, las comunidades lafkenches de las comunas de Mariquina y Valdivia ya solicitaron que tres espacios marinos sean decretados áreas de manejo para la explotación de sus recursos, lo que hace imposible a CELCO conseguir un lugar en la región para instalar su ducto”, explica Viguera, quien fuera vocero del Comité hasta que tuvo que renunciar por las constantes agresiones y amenazas de muerte que recibió de los pescadores comprados por CELCO.
En efecto, en diciembre de 2007 se solicitó a la Subsecretaría de Pesca que decretara el último sector marítimo de la costa de Mariquina área de manejo para la pesca artesanal ajustada a cuotas de extracción y usos tradicionales por parte de las comunidades mapuche-lafkenches, que invocando la ley 20.249, también conocida como Ley Lafkenche, tienen prioridad absoluta sobre cualquier otra solicitud de concesión marítima.
La CONAMA de la Región de Los Ríos manifestó a El Ciudadano que hoy podría conocerse la decisión del organismo sobre la admisibilidad del EIA presentado por CELCO. No quisieron referirse a las opiniones del Comité y los sindicatos pesqueros.
Por Francisco Figueroa Cerda
El Ciudadano
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