Evaluación 2022: Entre el “ecologismo” del gobierno y la resistencia ambiental de las comunidades

Por Javier Karmy Bolton

Si bien la firma del TPP-11 se ve como uno de los mayores puntos críticos del “gobierno ecologista” de Boric, desde diversas comunidades y territorios se han organizado para enfrentar las amenazas de diversos proyectos que pretenden instalarse en sus territorios.

Para realizar un recorrido por los hitos más relevantes del 2022 y una evaluación del desempeño ambiental del gobierno de Gabriel Boric es importante recordar que el Presidente se autodenominó como el primer “gobierno ecologista” de Chile y, por ende “se le debe exigir más” que a los gobiernos anteriores, dice Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), quien agrega que si bien “se puede hacer una línea concordante entre esa declaración y el anuncio del cierre de Fundición Ventanas, la suscripción del Acuerdo Escazú y la creación de la Oficina de Transición Socioecológica Justa”, hitos que -dice Cuenca- “se encaminaban en una buena dirección”, al poco andar, se evidenció que “mantiene e incluso renueva el impulso de políticas pro extractivistas de gobiernos anteriores”.

La aprobación del TPP-11 y la renovación del Acuerdo Comercial con la Unión Europea van en sentido contrario a un gobierno ecologista. Cuenca considera que esto es uno de los puntos “más negativos” de este año en materia ambiental porque la entrada en vigencia de estos tratados “va en sentido totalmente contrario a una transición socio ecológica justa y porque son acuerdos que amarran al Estado de Chile a seguir siendo un país que provee materias primas a la economía global”.

En la misma línea, Lucía Sepúlveda, vocera de Chile Mejor Sin TLC, comenta que la aprobación del TPP 11 por parte del Senado y el “dejar hacer” por parte del gobierno “no nos sorprendió” porque ya habían visto cómo votaban en la Convención Constitucional los representantes de los partidos del Frente Amplio, socialistas y democratacristianos. Para la también activista del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), la aprobación del TPP 11 “desmiente totalmente el carácter autoproclamado de gobierno ecologista, porque implica autorizar a las corporaciones, a los grandes inversionistas transnacionales de países como Canadá, Japón y Australia, a seguir adelante a destajo con megaproyectos de inversión que agreden los derechos de la naturaleza”.

Sepúlveda, también integrante de RAP-AL Chile, espeta que “estos tratados son un pasaporte para extender los territorios en sacrificio”, porque ambos tratados, el TPP 11 y el TLC con la Unión Europea, “entregan soberanía y amenazan los bienes comunes naturales como el agua y la semilla tradicional, acelerando el extractivismo y el agronegocio en los territorios”.

Para Lucio Cuenca, quien también integra el MAT, la estrategia del Hidrógeno Verde es otra política que va en la dirección contraria a la de un gobierno que se autoproclama “ecologista”. Esta política fue generada durante el gobierno de Sebastián Piñera sin participación ciudadana y ahora, el gobierno de Boric “la impulsa formando un Comité Interministerial, entregando tierras fiscales a inversores extranjeros y adquiriendo deudas con el BID y el Banco Mundial”, explica el especialista, quien recalca que es una política “inconsulta” y no se han “evaluado estratégicamente los impactos que se prevén en relación a la ocupación de tierra y a la cantidad de agua”.

Si hay algo en que todo sigue igual es en el rubro minero en donde “nada se ha revisado y no hay anuncios que nos indique algún cambio de la matriz productiva”, sostiene Cuenca. Ha sido el mismo Presidente Boric y sus ministros quienes han salido a buscar inversiones mineras al extranjero “con el único objetivo de seguir profundizando este modelo minero del despojo”, dice el activista. A esta política minera, se le puede agregar la eliminación de la Unidad de Glaciología y Nieves del Ministerio de Obras Públicas, dejando la protección de los glaciares en la División de Hidrología. Esto podría facilitar la intervención de los glaciares por parte del rubro minero, pero además cambia la mirada y retrocede lo avanzado en protección de los “bancos perpetuos” desde que la lucha contra el proyecto Pascua Lama visibilizara la relevancia de estos cuerpos de agua para el país.

Resistencia creciente

Pese a las precariedades que están viviendo las familias, a lo duro que ha sido el fin de la pandemia y el proceso constituyente, la resistencia local ha dado logros importantes que se han hecho en “contextos muy difíciles”, sostiene Cuenca, quien aclara que en algunos casos todavía son temporales o parciales. Así se puede mencionar el anuncio del cierre de la Fundición Ventanas de Codelco, hecha tras una larga y conocida lucha de la comunidad por mejorar sus condiciones ambientales. Quedará pendiente la palabra Justicia Ambiental y la reparación a la población, sobre todo a las infancias.

Relevante es también el rechazo que realizó el Comité de Ministros a la construcción del Terminal Marítimo de Regasificación y la instalación de la termoeléctrica LNG, de la Empresa Andes LNG. No solo porque ponía en riesgo a las comunidades costeras de la Bahía de Chasco, en la región de Atacama, sino porque contemplaba un gasoducto que atravesaría la zona del Desierto Florido hasta Canto del Agua, entre Copiapó y Vallenar. Con esta decisión impulsada por la movilización social “se protege un ecosistema oceánico de alto valor ecosistémico donde llegan a habitar tortugas marinas, lugar único en Chile”, sostiene el director del OLCA. Pero queda pendiente al menos, la Declaratoria de la Bahía Chasco como Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos, y el cambio de Uso de Suelo del Plan Regulador Comunal de Bahía Salado por el Municipio de Copiapó.

También es importante la paralización temporal del proyecto Vizcachitas, de la transnacional Andes Copper. Una lucha que todo el pueblo de Putaendo dio durante años diciendo “no a la minería”, pero la transnacional sigue amenazando al valle con sus 350 sondajes y todo su proyecto minero extractivista. Si bien es una paralización temporal “estas acciones de las comunidades bloquean y retrasan las pretensiones de Andes Copper”, explica Lucio Cuenca.

En la misma región de Valparaíso, las comunidades lograron que la empresa desistiera del proyecto termoeléctrico Los Rulos tras años de movilización. Esto, pese a la aprobación que dio el Comité de Ministros al proyecto. Otro logro importante, pero en la comuna de Lo Barnechea en la región Metropolitana, fue el rechazo por parte de la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental al proyecto Los Bronces Integrado de la transnacional Angloamerican por considerar que no había “información suficiente” en temas relevantes del proyecto. Ahora bien, la empresa busca revertir este resultado ante el Comité de Ministros.

Una importante defensa territorial también está ocurriendo en la costa del Litoral Central, donde vecinas y vecinos de Punta de Tralca, en El Quisco, fueron violentados el 5 de septiembre por Carabineros, piquetes del Gope y Seguridad Privada (fuera de norma) contratada por el Grupo Feria que intentaba cercar un terreno con alta valoración de la biodiversidad, paisajístico y cultural que pretende lotear y construir. Gracias a las acciones de la comunidad, aún no se logra el cometido.

Una victoria importante dieron las comunidades y organizaciones de Penco, en la región del Biobío. Participando, activando y ahora denunciando las malas prácticas de la empresa que lleva adelante el Proyecto Minero de Tierras Raras de la canadiense ACLARA (ex Biolantánidos). Pese a que la transnacional desistió en marzo de 2022, argumentando que lo hacía para “potenciar el proyecto con el objetivo de tener el tiempo adicional necesario para abordar, plenamente, los nuevos desafíos surgidos durante las últimas etapas del proceso de evaluación ambiental”, según dijeron en un comunicado corporativo, las presiones a las comunidades han continuado. Es importante recalcar el rol de las organizaciones quienes tras una importante movilización social, lograron realizar un referéndum municipal que se realizó en febrero de 2022, dando por resultado un 99% de rechazo a la iniciativa. La compañía ha continuado realizando campañas comunicacionales y consultas telefónicas para hacer un diagnóstico y reingresar el proyecto. Sin embargo, las comunidades están alertas y activas en su defensa territorial.

En la misma región del Biobío se da la paralización de la Central Hidroeléctrica Rucalhue en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco. Este mega proyecto fue aprobado el año 2016 y paralizado por Conaf este 2022 al dictaminar que el proyecto de la China Three Gorges Corp no era de Interés Nacional, evitando con ello la tala de bosque nativo protegido. Si bien esta paralización ocurre “en una etapa temprana del conflicto”, como señala Lucio Cuenca, también aparecen las heridas de la lucha dada en los años 90’ en el Alto Biobío. Esta sería la cuarta represa en ese mismo río sagrado. En este conflicto territorial, la transnacional ha criminalizado a los defensores de la naturaleza con diversas estrategias.

En Temuco y Lautaro comunidades mapuche y organizaciones socioambientales lograron el rechazo del proyecto de Incineración de Residuos Domésticos, WTE Araucanía. “Esto luego de un largo trabajo de difusión y movilización explicando que la incineración no era una práctica sustentable, como decía la empresa”, comenta Cuenca.

Quien se lleva el premio del “horror ambiental”, en lo que se puede mencionar como el caso más desastroso del año 2022, Lucio Cuenca no duda en entregárselo al socavón de más de 32 metros de diámetro y de 64 metros de profundidad de Minera Ojos del Salado de la canadiense Lundin en Tierra Amarilla. “Además, tiene un largo historial de infracciones ambientales y corrupción”, cierra Cuenca.

Para evaluación, conversación y diálogo quedarán los muchísimos procesos de defensa territorial que no se han mencionado en este texto pero que son igualmente relevantes por los aprendizajes que se pueden ir haciendo de forma colectiva. Esto es una rápida mirada al Chile que se va este 2022, pero que deja enseñanzas para seguir en la organización de las defensas territoriales que se anotarán en las agendas del próximo 2023.