Exclusivo: Los mecanismos que el Estado y el sector maderero han utilizado para promover sin ninguna restricción la plantación de pinos y eucaliptus tras el megaincendio de 2017

*Foto de portada: Ministro de Agricultura Antonio Walker en Hualañe (Región de O’Higgins) 12 de julio de 2019. Reparte plantas de pinos como parte del programa de Reforestación de Bosques Quemados «para recuperar las superficies afectadas».

La doctora en Ecología de la Universidad de Chile, Fernanda Salinas publica en exclusiva para El Ciudadano esta investigación que detalla la desconocida implementación de una serie de medidas que apuntan a perpetuar el cuestionado modelo de monocultivos forestales, pese al acreditado daño ecológico, económico y social que éste ha provocado.

Renovados subsidios e instrumentos de fomento para plantaciones forestales

1- Contexto

Los subsidios a plantaciones forestales se extendieron en Chile desde 1974 mediante el Decreto Ley 701 y sus modificaciones. A pesar de que el 31 de diciembre de 2012 expiró la vigencia de este sistema de incentivos a las plantaciones, las bonificaciones continuaron, en los hechos, entregando financiamiento hasta el año 2017. Actualmente, no existe un instrumento legal de fomento vigente que autorice la bonificación para plantaciones forestales.

Los impactos de los incentivos a los monocultivos forestales de especies exóticas de rápido crecimiento han sido documentados ampliamente en el país. Entre ellos, destacan la pérdida de bosques nativos, de biodiversidad, y de la capacidad de almacenamiento de carbono, la disminución en la provisión hídrica, la expansión de las plantaciones, la invasión de ecosistemas naturales amenazados y protegidos, el incremento en la pobreza y el incendio más intenso de los últimos 15 años en todo el planeta.

Los incendios de gran magnitud del verano del 2017 fueron devastadores. Afectaron cerca de 600.000 hectáreas, once personas perdieron la vida y destruyeron más de 1.500 viviendas. Los costos de extinción alcanzaron más de USD $350 millones. En ese período se emitieron casi 100 millones de toneladas de CO₂eq, equivalentes a un 90% de las emisiones nacionales de CO₂ del 2016 de todo el país. En Chile, las causas de los incendios, intencionales o accidentales, tienen origen humano salvo excepciones.

2- Reacciones frente a los incendios

Después de los incendios, Sociedades Científicas, Centros de Investigación y ONGs analizaron cómo el paisaje con amplias superficies de plantaciones forestales comerciales homogéneas de especies exóticas en Chile Central se relacionaban con los incendios de gran magnitud y la pérdida de biodiversidad, y manifestaron su intención de participar en la elaboración de políticas públicas basadas en evidencias, planificando la restauración para mitigar los efectos del cambio climático, asegurar el abastecimiento de agua en las cuencas y conservar la biodiversidad. Desde el Congreso Internacional de Ecología Mediterránea MEDECOS XIV, se refirieron a la sequía, altas temperaturas y paisajes continuos y homogéneos generados por las plantaciones forestales como un factor relevante para la propagación del fuego, apuntando a la importancia de actualizar la gestión de las plantaciones forestales. Asimismo, señalaron la necesidad de planificar la restauración ecológica de bosques nativos y matorrales para incrementar la heterogeneidad de los paisajes. En otra declaración conjunta, apuntan también a la importancia de incorporar modificaciones estructurales al modelo forestal, con regulaciones en materia de ordenamiento territorial y de cuencas que consideren el cambio climático.  

Desde el gobierno de Michelle Bachelet, ministerios de Agricultura, con Carlos Furche; Hacienda, con Rodrigo Valdés; Medio Ambiente, con Pablo Badenier y Economía, Fomento y Turismo, con Luis Felipe Céspedes, consideraron la catástrofe una oportunidad para poner en marcha programas para recuperar la actividad productiva y forestal. Publicaron a principios de Marzo de 2017 un Plan de Acción para la Recuperación de Patrimonio Natural y Productivo Afectado por los Incendios de 2017. En este plan, se incluyó el fomento a “la corta y limpieza de los sitios afectados por los incendios”, y se señala que “las plantaciones forestales restablecidas con apoyo de recursos públicos se adaptarán a nuevos estándares (…) con una estructura espacial que asegure la discontinuidad del combustible, el manejo adecuado de la interfaz urbana-rural, el respeto de las comunidades indígenas (…) y un manejo apropiado para proteger la calidad y cantidad de las aguas que generan las cuencas (…) en un marco en que se facilitará la participación ciudadana y el diálogo temprano en zonas urbanas y rurales aledañas a las plantaciones”.

Para los pequeños propietarios forestales más vulnerables, el Plan describe que daría un apoyo urgente para la rehabilitación y plantación de suelos afectados por el fuego directamente por la vía de licitación de servicios con contratistas. Para medianos propietarios, se desarrollarían instrumentos de fomento para la rehabilitación de suelos y replantación de especies comerciales. Mediante postulaciones, estos propietarios podrían postular a instrumentos financieros y al Fondo de Inversión Forestal creados por CORFO, para facilitar el acceso a financiamiento, asistencia técnica, logística y comercial.  

3- A un año de los grandes incendios

El Programa CORFO del Fondo Forestal y Maderero, presentado por Eduardo Bitrán en Marzo de 2018, tenía como objetivo el fomento a “la creación de fondos de inversión que permitan el financiamiento y desarrollo de proyectos de forestación en terrenos de aptitud preferentemente forestal de pequeños y medianos propietarios”. Este fondo incluye como beneficiarios finales a los afectados por incendios forestales inscritos en los registros de afectación de CONAF, pero también a: i) propietarios que sometan sus predios a Planes de Forestación aprobados por CONAF, ii) Tierras Indígenas, iii) pertenecientes a las Zonas de Rezago y iv) propietarios de predios con bosque nativo en estado de renoval.

Al final de la presentación del Programa CORFO, se precisa que para el Programa de captación de predios susceptibles de ser plantados a futuro desarrollado por CORFO-CONAF, incluye como beneficiarios a los predios que cumplan alguno de los siguientes criterios: 1. No tienen plantaciones, 2. Tienen plantaciones jóvenes que requieren manejo, 3. Tienen plantaciones quemadas en enero de 2017, 4. Tienen plantaciones con especies con bajo rendimiento económico.

4- Después de dos años de los grandes incendios

El Mayo 2019, según expuso el entonces Director de CONAF, José Manuel Rebolledo, ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el año 2017 se transfirieron de Fondos por Emergencia Agrícola entre la Subsecretaría de Agricultura y CONAF correspondientes a una ejecución por $1.057.162.000. Se elaboró el 2017 un Programa Recuperación Productiva de Bosques Quemados 2018-2022, con financiamiento a través de la Ley de Presupuesto.

Este programa habría contado con un financiamiento para el año 2019 de $2.527.632.000, donde se incluye el subsidio CORFO. Relató además que el año 2019 se habrían adjudicado siete licitaciones, por un total de $870.138.571 para plantaciones en 1.548 hectáreas, como un programa donde la elección de la especie para reforestar es decisión del propietario.

A pesar de que Rebolledo sostuvo que en los cursos de agua se restablecería el tipo forestal nativo original correspondiente a la región, y se refirió al Protocolo de Plantaciones Forestales elaborado por el Consejo de Política Forestal, señaló que el protocolo fue diseñado para grandes empresas y que, como CONAF, “vamos a aplicar criterio”, porque entonces “gran parte de la superficie del pequeño propietario va a ser, finalmente, no productiva, por lo tanto, para no afectar al propietario, si nosotros fuéramos rigurosos en aplicar el distanciamiento que hay desde la línea del agua hasta las primeras plantaciones exóticas, perjudicaríamos en términos de superficie en forma considerable al propietario, por lo tanto, eso lo estamos analizando, para finalmente tomar una decisión” (minuto 52).

Transcurrido poco más de un mes, el 24 de junio de 2019, se firmó un Convenio de Cooperación entre la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y se anunciaba por redes sociales en julio de 2019. Este convenio, de tres años de duración, consiste en el aporte de CORMA de 4 millones de plantas para pequeños y medianos propietarios, mientras CONAF aporta la implementación de las actividades de forestación y reforestación y contribuye a mejorar la calidad de las plantaciones forestales de pequeños y medianos propietarios. Este año, vimos la entrega de cajas con plantas de pino principalmente y eucaliptus nitens.

Ese mismo año, se generó el Anteproyecto Estudio de Nuevo Sistema de Financiamiento para la Reforestación de Áreas Quemadas por Incendios y la Promoción de Nuevas Plantaciones Forestales en Tierras de la Pequeña y Mediana Agricultura de INFOR-CORFO 2019. Este estudio reconoce que los pequeños y medianos propietarios obtuvieron sus plantaciones mayoritariamente mediante incentivos estatales. Señala además, que la tendencia creciente permanente durante cuarenta años a la forestación se ha estabilizado y el sector forestal ha visto detenido su crecimiento habitual. El estudio reconoce que esta situación “es una preocupación sectorial, y diversas iniciativas para extender la ley de fomento a las plantaciones o generar un nuevo cuerpo legal al respecto no han prosperado aún, pero se trata de una necesidad urgente si se considera que pequeños y medianos propietarios de suelos forestales no tienen la capacidad económica par forestar sin los incentivos estatales”.

El estudio señala además que la superficie potencialmente disponible para nuevas plantaciones sería de 2,63 millones de hectáreas entre las regiones de O’Higgins y Aysén. Aunque indica que diversos actores sectoriales estiman que esta cifra es significativamente mayor si también se incluyen las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Magallanes. Señala el documento que mientras no esté vigente una nueva ley de fomento forestal con incentivos para las plantaciones, se podría usar una combinación de incentivos estatales y créditos de fomento.

5- Análisis de los hechos

Después de ocurrido un incendio forestal, la mayor amenaza para un ecosistema es la pérdida del suelo por erosión o deslizamiento. Para esto, lo más recomendado es usar restos orgánicos, como paja, acículas, viruta, aserrín o la misma hojarasca, para evitar que las gotas de lluvia impacten el suelo. Cuando los incendios no son de copa, las hojas o acículas de los árboles remanentes cubren el suelo de manera natural después del incendio. Solo en las zonas de mayor pendiente se recomienda sembrar plantas herbáceas pequeñas de rápido crecimiento. Para ecosistemas nativos, los remanentes de los incendios son considerados “legados biológicos” que favorecen la regeneración de la vegetación y la recuperación del ecosistema. Sin embargo, el gobierno optó por remover los remanentes y “limpiar” los terrenos, promoviendo la comercialización de leña reactivando la estatal empresa SACOR, inactiva por 13 años.

Y aunque el Plan de Acción para la Recuperación de Patrimonio Natural y Productivo Afectado por los Incendios de 2017 describía nuevos estándares en las plantaciones forestales, en los hechos, vemos que se prioriza la productividad por sobre la protección de la calidad y cantidad de las aguas de las cuencas. Y a pesar de que Rebolledo sostuvo que los dueños de los predios podrían elegir con qué especie plantar, lo cierto es que en Mercado Público se puede verificar que todas las licitaciones son para que un contratista plante pinos en los predios de los propietarios (ID Licitaciones: 1035-2-LQ19, 1035-9-LQ19, 1090-3-LR19, 2573-3-LE19, 2573-4-LE19, 2573-5-LE19, 2573-2-LE19). Entre los predios que serían plantados, hay predios sin vegetación al momento de los incendios, o que fueron cosechados con anterioridad a los incendios, suelos destinados a la agricultura e incluso bosque nativo.

El Programa CORFO Fondo Forestal y Maderero reconoce un objetivo mucho más allá del de la reforestación de plantaciones incendiadas de pequeños y medianos propietarios. Es un fondo que busca la forestación en predios propietarios que sometan sus predios a planes de forestación de CONAF, a tierras indígenas, a zonas de rezago, o incluso a predios con renoval de bosque nativo. También describe el Programa de captación de predios susceptibles de ser plantados a futuro CORFO-CONAF, que también excede la reforestación de plantaciones incendiadas: incluye predios sin plantaciones, con plantaciones que requieren manejo o plantaciones con bajo rendimiento económico.

Todo parece calzar cuando se firma el Convenio CORMA-CONAF: CORMA entrega 4 millones árboles de interés para la industria forestal, mientras CONAF hace los estudios y entrega el financiamiento para que un contratista los plante en los predios de pequeños y medianos propietarios. También vemos a CONAF entregando como regalo árboles exóticos de rápido crecimiento con afinidad por el fuego y alto consumo hídrico para que los propietarios los planten, sin entregar ninguna orientación técnica. Discontinuidad de combustible, respeto por las comunidades indígenas, protección de calidad y cantidad de agua y participación ciudadana parecen palabras olvidadas.

La declaración de la preocupación sectorial sobre la detención de la expansión de las plantaciones es también un hecho de la causa. Y la intención del sector de consolidar una ley de fomento a las plantaciones es considerada una necesidad urgente. No parecen ser suficientes las 3.115.922 hectáreas de plantaciones del país, que concentran más de un 77% solo en Biobío, Araucanía y Maule, con una tasa de plantación de cerca de 100.000 hectáreas anuales. Pretenden expandirse otras 2.630.000 hectáreas más, entre O’Higgins y Aysén, o aún más, si incluyen desde Coquimbo a Magallanes.

6- Conclusiones

A pesar de que las plantaciones forestales en el país no cuentan con un instrumento legal vigente de fomento, a raíz de los grandes incendios del año 2017 se generaron mecanismos para continuar con el financiamiento estatal por vías innovadoras, de cuestionable legalidad. Las evidencias sobre los impactos de las plantaciones forestales en el país y su crecimiento sostenido en la zona centro sur de Chile son ampliamente percibidas por la población, con aparentemente excepción del sector forestal que las promueve. La comunidad científica, que se mostró abierta a aportar en el diseño de un modelo forestal del país de acuerdo a las condiciones climáticas, sociales y ecológicas después de los enormes incendios, no tuvo recepción en este sector forestal, que ha insistido en promover la fórmula expansiva de los últimos cuarenta años.

Las políticas públicas se deben hacer en base a la mejor evidencia disponible. La evidencia nos muestra que los subsidios a las plantaciones forestales han incrementado la pobreza, entre muchos otros impactos sociales y ambientales. Mi llamado a las y los parlamentarios es a mirar detalladamente el financiamiento 2021 para el Ministerio de Agricultura, para CONAF y para CORFO en materia de forestación y reforestación, y el Fondo Forestal y Maderero. También para el Ministerio de Medio Ambiente, que no descartó la utilización de plantaciones dentro de las NDC de Chile, ni tampoco del Plan de Restauración de Paisajes sometido a consulta pública.

El DL701 se encuentra derogado desde el año 2012, y continuó entregando financiamiento para plantaciones hasta el año 2017. No permitamos que la doctrina del shock impuesta tras los incendios del año 2017 siga operando para que las plantaciones y madereras asociadas con este lucrativo negocio con impactos ambientales no evaluados, mitigados, compensados ni reparados continúen obteniendo financiamiento público.

Por Fernanda Salinas.