Expertos critican institucionalidad ambiental: «No es más que un maquillaje»

La entrada en vigencia de los Tribunales Ambientales, de los cuales hay uno en funcionamiento y en junio serán dos, podría despejar a la justicia de tener que resolver sobre temas medioambientales, pero su ubicación geográfica podría ser un impedimento para el acceso de muchas comunidades. Expertos coinciden en que, para evitar la judicialización de los procesos, lo principal es la prevención, apuntando a una mayor rigurosidad en la aprobación de proyectos que intervengan en el ecosistema.

El Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, se refirió a la gran cantidad de recursos sobre temas medioambientales que han llegado a la justicia en el último tiempo. “Nosotros no debiéramos estar resolviendo problemas de tipo ambiental, ya que eso corresponde a otros organismos especialistas”.

Ballesteros lamentó que “la administración no ha sido suficiente para resolver esos problemas, por lo que la gente no ha quedado conforme y recurre a los tribunales de justicia”, aunque explicó que “la razón porque nosotros tenemos que hacernos cargo de estos temas es que, constitucional y legalmente, un juez está obligado a seguir un procedimiento y a fallar acerca de un tema que se le lleve, aunque no haya una ley que resuelva la situación”.

Pero si la resolución sobre conflictos medioambientales no compete del todo a los tribunales regulares, ¿entonces en quien debe recaer la responsabilidad? Para la presidenta de Fundación Terram, Flavia Liberona, la respuesta radica en la coexistencia del sistema judicial y los nuevos Tribunales Ambientales, que deben velar por todos los temas técnicos y administrativos.

“El Tribunal Ambiental ve temas entre comillas administrativos, porque también ve temas técnicos pero asociados al proceso de evaluación ambiental, ya sea mientras se está evaluando o después de que se aprobó un proyecto, todo lo que tiene que ver con reclamaciones o también cuando la Superintendencia del Medio Ambiente estableció una sanción y alguien no está de acuerdo con esa sanción, todas esas son las materias del Tribunal. Pero cuando una persona o una comunidad siente que se está vulnerando su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es un derecho, eso se ve en la justicia ordinaria”, explica Liberona.

Con el gobierno de Sebastián Piñera se creó una nueva institucionalidad ambiental, encabezada por el Ministerio de Medio Ambiente. Los Tribunales Ambientales pertenecen a esta nueva normativa y aunque se prevé la existencia de tres, actualmente hay solo uno en funcionamiento.

Pero para el abogado ambientalista Luis Mariano Rendón, “al igual que ocurrió en los gobiernos anteriores, esto que se llama institucionalidad ambiental en el fondo no es más que un cierto maquillaje que se le da a decisiones políticas adoptadas en forma centralista, pasando por encima de la opinión y los intereses de las comunidades más directamente afectadas y por eso no es de extrañar que tengamos tantos conflictos ambientales en este país”.

Rendón apunta a que, con el retiro de los cuatro consejeros regionales medioambientales de la discusión sobre este tema, el sistema se tornó autoritario y beneficioso para las grandes empresas, pero no así para los ciudadanos. “La reforma de Bachelet lo que hizo fue eliminar la participación de estos consejeros regionales y establecer lo que existe hoy día, las comisiones de evaluación ambiental donde los que deciden son todos funcionarios designados por el Presidente de la República. Es decir, el centralismo, el autoritarismo en su expresión más clara, nítida, transparente, silenciando cualquier posibilidad de las comunidades regionales de participar con voz y voto en estas decisiones”, expresó.

Para ambos expertos, el evitar la judicialización de los conflictos medioambientales pasa por la prevención que debe estar presente en la revisión y aprobación de cada uno de los proyectos. Así también lo expresa el presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, quien es partidario “de afrontar todas las dificultades al principio y no dejarlas para después y que sean cotejadas las distintas reclamaciones”. Además, Baquedano apuntó a que “es cierto que muchas veces los conflictos buscan definiciones de tipo económico como tema central. Para mí, creo que no se puede compensar daños ambientales con dinero”.

Se espera que con la puesta en marcha de los dos Tribunales Ambientales que quedan pueda despejarse a la justicia de resolver sobre estos temas. Sin embargo, la distribución geográfica de estos organismos, que implica que en muchos casos las comunidades deben viajar largas distancias para presentar sus demandas, expresa la necesidad de mejorar la institucionalidad ambiental en Chile.

Observatorio Ciudadano