Extractivismo enérgético en Argentina: YPF y la teoría del Derrame

Privatizados

En 2013, la Presidente Cristina Fernández arremetió contra la comunidad mapuche de Neuquén por sus protestas contra el acuerdo entre YPF y Chevron: «Sé que algunos se subieron a torres de YPF, pero con todo respeto a los que se expresan, ¿por qué no lo hacían cuando Repsol se llevaba toda la guita (sic) de la Argentina y no invertía nada acá?».

Como aclaró Mapuexpress, la mandataria: «al parecer no se ha informado sobre las graves denuncias y movilizaciones que se han sostenido desde hace años en territorio Mapuche contra los daños e impactos de la explotación petrolera y particularmente sobre el saqueo de la transnacional REPSOL».

En el mismo sentido, el periodista Darío Aranda puntualizó: «El Pueblo Mapuche denuncia la contaminación de Repsol desde 1995 en Loma la Lata«. Incluso en 1997, la Defensoría de Menores de Neuquén inició una causa por los niños mapuches, por la cual el gobierno provincial está obligado a suministrar agua potable, ya que el territorio está contaminado por las explotaciones petroleras.

La Presidente no ha notificado de esta situación, ni pidió disculpas al pueblo mapuche, que sufre desde los noventa la contaminación provocada por la YPF privatizada. Recordemos también que se habló de la contaminación producida por Repsol como «pasivos ambientales» en la negociación de la expropiación, aunque finalmente se terminó pagando un precio que no se ajustaba al reclamo de deuda ecológica.

Más aún, fue por decisión de Cristina Fernández que se eligió este año como candidato del proyecto a Scioli, quien incluso hasta 1998 defendía la privatización. Del mismo modo, se señala que la actual Presidente junto a Néstor Kirchner (entonces gobernador de Santa Cruz) apoyó el proceso de privatización en 1993 por las regalías provinciales y la venta de las acciones de Santa Cruz en YPF a la propia Repsol en 1999.

Extractivismo energético

Tal vez lo más importante en este punto sea retomar el análisis de la denominada política de la «soberanía energética», basada en una parcial estatización de YPF, que llega al 51 por ciento de las acciones. En el momento del debate de la Ley, en mayo de 2012, se cuestionó por qué la empresa seguiría siendo una «Sociedad Anónima» y no volvería a constituirse en una «Sociedad del Estado», que hubiera sido una genuina reversión de la privatización menemista.

Fue la propia Presidente Cristina Fernández quien aclaró las dudas. En el mismo acto de junio de 2012 con empresarios del Consejo de las Américas en Nueva York (donde anunció las inversiones de Monsanto en Córdoba) también dedicó frases para Chevron. Y explicó por qué es importante que el Estado sólo tenga parte de las acciones para dejar lugar a los privados, como era el caso en ese momento de Carlos Slim.

Allí la Presidente manifestó: «Podríamos haber hecho una nacionalización; una estatización, esto es del ciento por ciento del capital de YPF (pero) esto nos hubiera bajado de nuestra cotización de la Bolsa de Nueva York». A pesar del énfasis discursivo en el eje de la soberanía, más bien se trata de una estrategia de mercado para manejar la bolsa de inversiones.

Del mismo modo, puso en venta al mejor postor los yacimientos de YPF: «Seguramente vamos a organizar un road show. Le estaba comentando también a la gente de Chevron creo este tema, un road show con YPF precisamente para hacer una oferta de lo que es los modelos de negocios de producción y explotación y de servicios que hoy puede tener el mundo petrolero».

Se trata de extractivismo energético, porque la necesidad de incorporar capitales privados es imperiosa para aumentar las explotaciones de yacimientos no convencionales con la técnica del fracking. Sin embargo, este modelo energético sólo produce derrames en los territorios afectados, muchos de ellos en comunidades mapuches. Si los derrames se producen con técnicas convencionales, el riesgo es mucho mayor con la hidrofractura.

Desde el espacio del sciolismo se dejó trascender que -de acceder a la Presidencia- se piensa a Jorge Sapag como ministro de Energía. Se trata del gobernador saliente Neuquén, dirigente del Movimiento Popular Neuquino. Es decir, la cara política visible del acuerdo para que Chevron opere en territorios mapuches de la provincia.