Esta semana, la presidenta Michelle Bachelet fue reconocida por ONU Medio Ambiente por su labor en la defensa de las áreas marinas protegidas y el impulso de las energías renovables, convirtiéndose así en la primera mujer y Jefa de Estado en recibir este premio.
Sin embargo, este «premio» contrasta con la delicada situación que vive nuestro país en términos de conflictos socio-ambientales. El funcionamiento de termoeléctricas, construcciones de puertos gasíferos, la instalación de una carretera de torres de alta tensión, la autorización de proyectos de centrales hidroeléctricas de paso de forma fragmentada y regiones en sequía, con un código de aguas que privilegia la propiedad privada.
A ello se suma la existencia de varias comunidades en zonas de sacrificio, como Tocopilla y Mejillones en la Región de Antofagasta, Huasco en la Región de Atacama, Puchuncaví – Quintero en la Región de Valparaíso y Coronel en la Región del Bío Bío. Todas, han levantado la voz para pedir que no se continúen autorizando proyectos industriales en estas localidades, donde las condiciones de vida son cada vez más complejas por la creciente cantidad de enfermedades que padecen niños y adultos mayores debido a la alta contaminación.
“Yo creo que estas zonas de sacrificio no deben existir, son cosas que deben ir desapareciendo, porque no es posible que una parte del territorio y las comunidades de la zona sea declarados desechables, porque se han concentrado proyectos nocivos para el medio ambiente. Es necesario el cambio tecnológico que haga que los proyectos no sean perjudiciales para su entorno y eso es posible tecnológicamente. El tema es que se obligue a una empresa a hacer las inversiones necesarias para que sus proyectos no signifiquen una contaminación que sacrifique una zona. Hay que avanzar a economías circulares donde se reduzca la cantidad de desechos”, explica el abogado Luis Mariano Rendón.
Por lo mismo, añade, la propuesta de la presidenta Michelle Bachelet frente a las Naciones Unidas, donde ofrecía eliminar las bolsas plásticas de las zonas costeras, «parece ser una burla para quienes deben compartir territorio con un basural o ven nacer a sus hijos con malformaciones congénitas por las altas emisión de metales pesados en zonas como Puchuncaví».
El presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González dice que: “cuando Bachelet va a la ONU y en el panel de cambio climático ofrece como compromiso de Chile eliminar las bolsas plásticas de los sectores costeros, es que no ha entendido lo que es el cambio climático. Lo lógico es que se comprometiera, y es lo que le hemos pedido siempre, a no construir más termoeléctricas a carbón, ya que en sus periodos fueron construidas más de cuarenta. Debería pensar en desmantelarlas de manera de no estar emitiendo gases de efecto invernadero, porque de eso se trata el cambio climático, no de las bolsas. Entonces, es muy fácil ser verdes cuando no se tocan intereses económicos, pero cuando sí se tocan, como el caso de las termoeléctricas, ahí nos quedamos los ecologistas de verdad defendiendo el medio ambiente”, profundiza González.
El avanzar a economías circulares en las que los desechos sean cada vez menos, parece ser una mejor estrategia que acopiar basura en vertederos. Así lo expone Gonzalez cuando explica que “el país debe avanzar hacia políticas de basura cero y entender que el desecho es una anomalía desde el punto de vista ambiental y económico, por lo que hay que avanzar hacia economías circulares donde se eliminen todas las formas de desecho, para que lo que sale del proceso productivo, sea reintroducido a través del reciclaje”.
Institucionalidad medioambiental y comunidades
En discusiones como Dominga, GNL Penco Lirquén o el proyecto de Sistema de Transmisión Adicional de Los Ríos, en el que la comunidad entregó más de tres mil observaciones al Servicio de Evaluación Ambiental, la posición de las comunidades ha sido siempre tomada como un insumo, pero no relevada al espacio de horizontalidad con que debería ser considerada. Esta ha sido una de las constantes críticas en los diferentes casos de conflicto socio ambiental donde las personas que habitan el territorio defienden su derecho a seguir viviendo libre de contaminación.
En este sentido, el abogado Luis Mariano Rendón dice que “las comunidades deben ser las primeras llamadas a defender su territorio y deben ser oídas en un cierto plano de igualdad respecto de quienes proponen los proyectos de intervención. Eso no ocurre. Las comunidades no tienen la asesoría necesaria para enfrentarse al análisis de un estudio de impacto ambiental, entonces ahí hay una desigualdad de trato, sin embargo, yo creo que las observaciones de las comunidades deben ser respondidas y tratadas adecuadamente, pero no deben ser vinculantes. En esto, voy en contra de la idea común que se puede haber instalado en este tema”.
El jurista declara esto último porque considera que “las comunidades a veces pueden ser las defensoras de su territorio, pero a veces pueden oponerse a proyectos de interés ambiental sencillamente, porque no quieren tener una molestia cerca, por ejemplo: la oposición a plantas eólicas o plantas solares, que son necesarias para nuestro país porque hay que cambiar la matriz energética”.
“Lo que falta en este punto es traspasar el poder de decisión en materia ambiental, a las instancias descentralizadas del país en las regiones, ya que las decisiones que toma la Comisión de Evaluación Ambiental lo hace con funcionarios que son dependientes de la presidencia de la república: los seremi e intendentes. Esto debería pasar por los gobiernos regionales, que hoy son elegidos de forma directa por la ciudadanía y que en esa instancia política descentralizada se tomen las decisiones de los proyectos que van a afectar el territorio. Es muy diferente que éstas sean tomadas por autoridades que tienen que responder al presidente de la república”, finaliza el abogado.
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