El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, firmó la orden de clausura temporal de la isla de Boracay, uno de los principales destinos turísticos de ese país, tras calificarla como una «cloaca» por la contaminación de sus aguas.
La orden entrará en vigencia a partir del próximo 26 de abril, durante un lapso seis meses.
La isla contaminada posee 1.032 hectáreas y está ubicada a unos 300 kilómetros al sur de Manila. El año pasado este destino para el esparcimiento recibió 2 millones de visitantes.
La decisión Duterte fue tomada por la recomendación de los departamentos de Recursos Naturales, Turismo e Interior, a fin de solucionar los problemas de sanidad que sufre Boracay.
Desde el pasado mes de febrero inició la amenaza de cierre cuando el mandatario de la nación aseguró que las aguas que bañan sus playas de arena blanca, tienen un olor pestilente «huelen a mierda».
Tras la problemática ambiental que atraviesa la isla se han hecho varios planteamientos, entre ellos: la clausura por solo dos meses al principio de la temporada de lluvias (julio y agosto) o un cierre por fases para modernizar el sistema de alcantarillado de la isla y evitar que hoteles, y otros establecimientos emitan al mar vertidos contaminantes de forma ilegal.
Según estimaciones, unas de 36.000 personas verán afectados sus medios de vida, mientras las pérdidas podrían alcanzar los 56.000 millones de pesos (874.000 euros, 1.070 millones de dólares).
Para lidiar con tal problemática la isla será declarada en «estado de desastre» para ayudar económicamente a los afectados. Sin embargo, empresarios y trabajadores de Boracay protagonizaron en las últimas semanas protestas para exigir al Gobierno que modernice la isla por fases en lugar de optar por la vía radical.
Con respecto al plan de saneamiento de la isla -se prevé que sea necesario diseñar un segundo sistema de alcantarillado que ensanche la avenida principal, y demoler los establecimientos ilegales. Hasta ahora no hay proyectos concretos.