Financian enfrentamiento entre vecinos para imponer megacentral termoeléctrica Castilla

El lobby que ha desarrollado la transnacional brasilera CGX, titular del proyecto Castilla, es de tal magnitud que ha revertido fallos judiciales adversos a sus intereses, y ahora ha ofrecido “bonos” para los vecinos que logren romper el movimiento que se opone a la construcción de la más grande central termoeléctrica de América Latina.

Totoral es una localidad que vive de la agricultura de olivos desde 1634, y alberga a alrededor de 400 personas. La electricidad la obtienen de paneles solares, la escuela llega hasta sexto básico y hay un teléfono en la plaza que les permite estar comunicados y generar una resistencia sin precedentes en la zona a un proyecto energético.

El movimiento articulado hace más de dos años encuentra su fortaleza en los lazos comunitarios de los habitantes de la zona, y aunque ha habido reiterados intentos de debilitar a las organizaciones locales instalando desde los medios de comunicación a interlocutores más proclives a la negociación, las y los totoralinos se han mantenido firmes en sus convicciones.

Sin embargo, justo cuando los tribunales deben pronunciarse sobre un recurso de protección interpuesto por la comunidad, la empresa del multimillonario Eike Batista ha sido recibida con barricadas en la localidad, luego de que convocara a asambleas fuera de Totoral y ofreciera directamente a algunos vecinos dinero para que “den vuelta” la apreciación comunitaria. La estrategia no es nueva, la empresa Celco del grupo Matte ya la implementó en Mehuín, donde se pasó de la conversación a la amenaza, de la amenaza a los golpes y luego ya a palos y piedrazos entre las familias.

Para Fabiola Flores, comunera del pueblo de Totoral y representante de la Junta de Vecinos en la Mesa Social de Atacama, esto representa un recurso desesperado de una empresa que sabe que su proyecto no va a mejorar la vida local, sino que va a contaminar y destruir como ya ha sucedido con el puerto de Huasco. “Es terrible ver cómo la empresa actúa sobre las personas y la organización. Hoy existe gente que es capaz de agradecer a la empresa por un proyecto que dicen es inofensivo, sin valorar el futuro, sin pensar en sus hijos, olvidando incluso que esta misma empresa les quitó sus tierras y que viene a destruirlo todo”.

El proyecto fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Evaluación Ambiental en medio de fuertes manifestaciones ciudadanas, que denunciaron las sendas irregularidades producidas en el proceso de evaluación, como la recalificación del Seremi de Salud de Copiapó de “contaminante” a “molesto”, o la evaluación incompleta, ya que no se incluyó el puerto de descarga del carbón, indispensable para el funcionamiento de la mega-central.

Para Fabiola Flores es fundamental que quienes viven en Totoral entiendan que las tareas como la instalación de luz eléctrica o de líneas telefónicas, corresponden al Gobierno y a él hay que exigírselas, porque delegarlas en empresas como CGX permite que se atropelle y confunda a la gente más vulnerable y desvalida con proyectos que solo sirven para generar una imagen de empresa responsable y comprometida. Por lo mismo, espera que el Gobierno cumpla con sus obligaciones y se sancionen este tipo de maniobras empresariales, para que vuelva a tener espacio en Chile la comunidad que construye a mano su destino, sobre valores de confianza, solidaridad y trabajo colectivo.

Comunicaciones Olca – (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales)