Fracking en Chile, entre la producción y la importación de gas no convencional

Un año antes de firmado el acuerdo entre Enap y British Gas, el 29 de junio de 2013, el Sindicato de Trabajadores de la petrolera estatal hizo un anuncio que calificó como histórico: la fracturación del pozo Retamos ZG-A había resultado exitosa, comprobando la existencia de tigth gas -gas de arenas compactas- en la Isla de Tierra del Fuego. La extracción de hidrocarburos a partir de la fractura del subsuelo magallánico es uno de los principales objetivos estratégicos de Enap, pero la exploración de no convencionales no se remite sólo a la Isla, sino que se extiende a la Pampa del Tamarugal y a la zona costera, rica en carbón. Por otra parte, la eventual importación de shale gas de países como EEUU o Argentina, para alimentar termoeléctricas, es la otra cara de cómo desembarcarían los no convencionales y la técnica del fracking en Chile.

{destacado-1}

Panorama chileno

El costo de la energía eléctrica en Chile es el más caro de América Latina, supera el del 60% de los países más ricos del mundo, y el valor del consumo doméstico se ha cuadriplicado desde 1999. El 62% de los insumos energéticos son importados, mientras que en el mercado interno, AES Gener, Colbún y Endesa generan y comercializan el 90% de la electricidad; completando un panorama de generación de energía concentrada, a altos costos, dependiente y contaminante.

Hasta la década de 1990 la mayor parte de la generación provenía de centrales hidroeléctricas, distribuidas a lo largo de Chile, mientras que el resto se obtenía de termoeléctricas, principalmente alimentadas a carbón. Las graves sequías que sufrió el país hacia finales de la década, que implicaron racionamientos y cortes de luz, obligaron a poner en marcha un plan de diversificación de la matriz energética. La primera consecuencia de esto fue la firma con Argentina de acuerdos bilaterales que le permitieron importar, a través de la construcción de siete gasoductos, a un precio mucho menor al que pagaba hasta entonces. En pocos años el gas pasó a representar el 25% de las fuentes de generación de electricidad, proyectándose que en 2015 subiría a un 40%. La realidad mostraría que esos cálculos estaban errados.

El fuerte aumento del consumo interno de gas en Argentina, tras la crisis de 2001, acompañado por un descenso en los niveles de extracción, gatillaron que a partir de 2004 el vecino país comenzara a restringir el envío de gas, hasta llegar a un corte total en 2007. La crisis encontró a Chile no sólo con una gran dependencia del gas argentino sino con una red de infraestructura que quedó obsoleta. Tras eso el gobierno de Ricardo Lagos licitó dos plantas regasificadoras de GNL, iniciándose en 2009 la importación principalmente desde Guinea Ecuatorial, Trinidad y Tobago y Qatar. Desde entonces el gas ha vuelto a tener una alta importancia en la generación de electricidad, pero a un costo mucho mayor: en 2012 el millón de BTU costaba US$ 13, mientras que en 2003 se pagaba US$2,5 a Argentina (Jiménez y Albornoz, 2013).

En 2011 el 62% de la electricidad se generaba en las 239 centrales térmicas del país, mientras que el 35% provenía de hidráulicas. Durante los últimos años, principalmente desde el sector minero, que consume el 34% de la capacidad instalada, se ha iniciado un fuerte lobby bajo el discurso “o duplicamos la generación [para el año 2020] o no saldremos del subdesarrollo”. Para eso se impulsaron megaproyectos como Hidroaysén, que busca crear 5 hidroeléctricas en la Patagonia chilena.

Estos megaproyectos han encontrado una fuerte resistencia de las comunidades locales. En 2011 Hidroaysén provocó una reacción nacional sin precedentes, que marcó la mayor movilización callejera desde el retorno a la democracia, antes de las aún más multitudinarias protestas estudiantiles. A finales de los ‘90, la resistencia contra la construcción de una represa en Alto Bío Bío se convirtió en uno de los principales hitos en la disputa reciente entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche, pero más allá de estos dos conocidos casos, son más de una decena las comunidades locales que se han organizado para impedir proyectos de hidro y termoeléctricas. Dentro de ese contexto, el posible cambio derivado de la extracción de no convencionales plantea, desde círculos empresariales, dos escenarios para Chile: la autoproducción y la posibilidad importar shale gas.

Fracturando la Isla Grande

Tierra del Fuego es una isla de casi 50 mil km2 compartida por Chile y Argentina. Separada del continente por el Estrecho de Magallanes, es una de las porciones de tierra habitada más austral del mundo. En su subsuelo se encuentra la cuenca sedimientaria Austral Magallanes. Según un informe del Instituto Libertad y Desarrollo, el think tank más importante de la derecha chilena, la cuenca completa tiene un potencial de extracción de shale gas de 172 TCF, de los cuales 64 TCF corresponden al lado chileno (Jiménez y Albornoz, 2013) [1]. Este potencial implicó que Enap dispusiera en 2013 de US$ 100 millones en inversión, su mayor presupuesto en 15 años. A través de los no convencionales la empresa busca recuperar su producción, en constante declinación en la última década. Tras la puesta en producción de Retamos (tight gas), se sumaron dos nuevos pozos, los que desde octubre y a través de un colector de 40 km, abastecen a la ciudad de Punta Arenas y la isla de Tierra del Fuego, con cerca de 150.000 m3 diarios de gas (El Dínamo, 18/10/13).

La extracción en este tipo de yacimientos denominados no convencionales -como las arenas compactas, tigth, o las formaciones de esquistos, shale- han sido cuestionadas en todo el mundo e incluso prohibidas en países como Francia y Bulgaria. Esto se debe a que para su extracción se utiliza la fractura hidráulica, más conocida por su término anglosajón fracking, que es una técnica de perforación primero vertical y luego horizontal a lo largo de varios kilómetros. Debido a que los yacimientos no convencionales son formaciones compactas y poco permeables, los hidrocarburos se encuentran dispersos, por lo que para su liberación se utilizan millones de litros de agua a alta presión mezclada con arena y una serie de aditivos químicos, posibilitando su ascenso a la superficie. Expertos de distintas partes del mundo alertan por las posibles consecuencias negativas de la técnica, como pueden ser la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, el aumento de la actividad sísimica, la mayor emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire.

En febrero Enap informó que en 2014 planea fracturar 19 pozos, 4 de ellos en el continente y los restantes en Tierra del Fuego. El principal objetivo de la estatal es, a mediano plazo, mantener el autoabastecimiento de Punta Arenas, única zona del país donde la escasa producción de hidrocarburos ha podido sostener un nivel similar al consumo.

Mientras, en el norte, empresas juniors están interesadas en explorar la Pampa del Tamarugal en busca de gas de yacimientos no convencionales (Qué Pasa, 04/06/12). Esta zona tiene el plus de la cercanía con las grandes minas, sector que consume el 85% de la energía del Sistema Interconectado del Norte Grande. Otra zona explorada en busca de no convencionales es el Golfo de Arauco, donde se ubican las minas de carbón que hace un siglo producían la principal fuente de energía en Chile. El gas asociado a los mantos de carbón, que era la principal amenaza para la vida de los mineros, ha sido explorado por la empresa Layne, presidida por el ex Ministro de Defensa, Jaime Ravinet. Dichas exploraciones, aunque han encontrado el recurso, aún no son económicamente rentables, según palabras de directivos de la empresa (Plataforma Urbana, 09/08/09).

Tropezar dos veces con la misma piedra

«El primer puerto que va a entrar en operaciones para exportar shale gas desde Estados Unidos es el puerto de Cheniere y entre los primeros embarques de gas que van a salir de exportación desde ese puerto es gas que viene para Chile», señaló el 7 de julio el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, al anunciar el acuerdo entre Enap y British Gas una semana después de su gira por EEUU. El shale será utilizado para alimentar las plantas de GNL de Quintero y Mejillones, y en el anuncio oficial no se hizo público el costo que tendrá el gas (Cooperativa, 07/07/2014).

La posibilidad de importación desde Estados Unidos abrió desde hace algunos años los apetitos empresariales, impulsado por el alto nivel de producción que ha alcanzado ese país en hidrocarburos no convencionales. Por motivos geopolíticos y comerciales, la promoción de Estados Unidos de los no convencionales y la técnica del fracking va más allá de sus fronteras, transformándose en el verdadero motor de la denominada revolución del shale. Ese impulso tiene dos motores, uno estatal y otro privado. En una reciente visita a América del Sur, el Secretario Adjunto de Energía norteamericano, Daniel Poneman, cerró distintos acuerdos relacionados con la agenda del shale de Estados Unidos. El funcionario aseguró que «Chile ya tiene un estatus preferente para exportaciones de gas natural» en virtud de los Tratados de Libre Comercio, pero que eran finalmente las empresas las que definían los destinos de la exportación de excedentes del gas norteamericano (La Tercera, 21/05/2014).

Aunque todavía Estados Unidos no ha comenzado a exportar shale, las empresas Cheniere y British Gas ya consiguieron permisos para comenzar a hacerlo y lobistas de la primera y ExxonMobil iniciaron contactos para importarlo a puertos chilenos (Bussines Chile, 27/08/2013).

Pero no todo parece ser tan sencillo. Cheniere tiene el 50% de la propiedad del Proyecto Octopus, terminal marítimo de gas natural licuado (GNL) que, conectado al Gasoducto del Pacífico, alimentaría la mayor termoeléctrica del país, que se pretende construir en la comuna de Bulnes, cerca de Concepción. La empresa planeaba importar shale gas desde EE.UU., pero la masiva oposición local al proyecto, hizo que fuera retirado del Sistema de Evaluación Ambiental. Como en muchos otros casos, la posibilidad de que se reactive sigue latente. En esta línea, distintos grupos y organizaciones de EE.UU. se encuentran realizando fuertes campañas para frenar las apetencias exportadoras de su país debido a las recurrentes y abultadas denuncias de impactos socioambientales.

En paralelo a la eventual importación desde países lejanos, han surgido voces que consideran que un crecimiento de la producción de gas en países vecinos, particularmente Argentina, podría reactivar el suministro. Según palabras de Miguel Galuccio, CEO de YPF, Argentina es el segundo país en implementar a escala la producción de no convencionales, generando su propio boom que está avanzando sobre nuevos territorios, como es el caso de varias comunidades mapuche de la provincia de Neuquén. En ese país ha habido importantes resistencias en torno a la utilización del fracking¸ cuyo punto máximo ocurrió en agosto de 2013 con la movilización de miles de personas en contra un acuerdo entre YPF, la Provincia de Neuquén y Chevron. Además la movilización popular ha llevado a que cerca de treinta municipios dicten normativas de prohibición del fracking.

{destacado-2}

El antes citado informe del Instituto Libertad y Desarrollo concluye que es viable “volver a utilizar en el futuro la infraestructura existente en forma de gasoductos para importar gas desde Argentina” (Jiménez y Albornoz, 2013). Otro informe, de estudiantes de Ingeniería de la Universidad Católica, si bien contempla la posibilidad de reactivar los gasoductos concluye que “la aparición de shale gas, hace que aumenten las probabilidades de que Argentina restablezca el consumo, pero su inestabilidad política y económica no aseguran lo anterior” (Salamunic y Dattas, 2011).

El fracking aún no ha revuelto las ya convulsas aguas del debate energético en Chile. La noticia de la fractura en los pozos de Tierra del Fuego no ha llegado a una discusión pública y sólo los comités opositores al proyecto Octopus señalaron sus críticas al hecho de importar gas obtenido mediante la cuestionada técnica. En un país donde está viva la discusión sobre el recambio de la matriz energética, empresas como Cheniere y Exxon y lobistas del fracking buscan desplazar de la discusión la posibilidad de avanzar hacia fuentes de energías limpias, renovables e independientes, por una nueva aventura de importación de hidrocarburos. En Chile diríamos, “patear la discusión pa adelante”.

Por Felipe Gutiérrez Ríos

Periodista. Investigador del Observatorio Petrolero Sur. El presente artículo es parte del N°3 de la Revista Fractura Expuesta, dedicada al avance del fracking en los países de América Latina.
Notas:
[1] Cabe aclarar que ese estudio tomó como referencia el informe de la EIA publicado en 2011, sin embargo en junio de 2013 la misma agencia estadounidense redujo el potencial de Chile a 48 TCF.