Cada día se registran amenazas, agresiones y hechos de violencia en contra de grupos ambientalistas, fundaciones y organizaciones que trabajan por la justicia social y ambiental
El más reciente de los casos es el de una de las colaboradoras de la Fundación Relaves que recibió amenazas de muerte a través de un mensaje directo en su cuenta de Instagram, que hacía alusión a “meterse en lugares que no debe”, y que, por esta razón, podría recibir un “balazo”.
Así lo informó esta organización sin fines de lucro que trabaja para que se respeten los derechos sociales y ambientales de territorios y comunidades amenazadas por la gran minería.
La amenaza en contra de la colaboradora-que prefirió mantener el anonimato por seguridad- ocurrió durante la madrugada del pasado de octubre, y el mensaje fue enviado desde una cuenta en Instagram, casi sin actividad, que tiene como nombre de usuario @yoyyo540.
“Estamos muy preocupados por la seguridad de nuestra colaboradora, ya que al señalar expresamente en la amenaza -que se mete en lugares que no debe- creemos que existe un conocimiento de las actividades que lleva a cabo en su ámbito profesional, y por consiguiente, su contenido puede ser real y serio, afectando directamente su vida e integridad física y psíquica. Por esto, ya se realizó la denuncia formal a la PDI, esperando a que puedan esclarecer este hecho y dar con los responsables”, expresaron los integrantes de la Fundación Relaves a través de un comunicado.
Henry Jurgens, fundador de la organización ambiental, enfatizó que “llegaremos hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables de esta cobarde amenaza. Hoy diversas organizaciones internacionales que tienen puestos sus ojos en Chile, y en este caso en particular”
En el comunicado, la Fundación Relaves recordó que «trabaja para que se respeten los derechos humanos, sociales y ambientales de nuestros territorios y comunidades amenazadas por la gran minería; trabajo difícil, complejo y con riesgo permanente, ya que la industria minera se ha caracterizado por su falta de transparencia, tanto en sus procesos como en el trato con las personas y comunidades afectadas».
Acuerdo de Escazú
El pasado 6 de septiembre se cerró el plazo para firmar el Acuerdo de Escazú, y tal como se había anunciado desde la Moneda, Chile no se suscribió.
Aunque junto a Costa a Rica, Chile fue uno de los grandes impulsores de esta iniciativa, el gobierno de Sebastián Piñera a última hora se negó a firmar el acuerdo, al que se sumaron 23 países con el objetivo de promover los derechos ambientales, fortalecer la capacidad de cooperación internacional en la materia, fomentar el desarrollo sustentable para minimizar los efectos del cambio climático y garantizar el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en asuntos ambientales.
Por tal motivo, desde la organización plantearon la necesidad de que Chile forme parte de este acuerdo para proteger a los activistas ambientales.
«Con este tipo de amenazas, se hace imperante firmar el Acuerdo de Escazú y todos los tratados que nos ayuden a proteger a quienes defienden la naturaleza y sus territorios. No queremos ver más casos de activistas muertos en extrañas circunstancias, como el caso de Macarena Valdés o Alejandro Castro, que hasta el día de hoy no han sido esclarecidos”, señaló Raimundo Gómez, Director Ejecutivo de Fundación Relaves.
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