«En medio del estado de calamidad pública que vive Brasil, cuando las atenciones se concentran en los esfuerzos para cuidar de la población y salir de la pandemia del coronavirus, el gobierno de Bolsonaro continúa estimulando crímenes ambientales», expone en una nota la Fundación SOS Mata Atlántica. Tras las arremetidas contra la Amazonia, las políticas del gobierno de Jair Bolsonaro colocan ahora en situación de extrema vulnerabilidad las selvas de la Mata Atlántica, el bioma tropical que ocupa los paisajes de toda la parte media y sur de Brasil. Este tipo de vegetación, también denominado como bosque atlántico, está presente en 17 estados brasileños y se extiende también por algunas zonas de Paraguay y Argentina. En Brasil es el bioma más arrasado y mantiene únicamente un 12 % de su proporción original.
El 6 de abril el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, firmó una medida, conocida como Despacho 4.410/2020,que propone la amnistía para todas las actividades de tala ilegal en la Mata Atlántica que hayan tenido lugar dentro de las zonas ambientales protegidas, conocidas como Áreas de Preservación Permanente (APPs), antes de junio de 2008. De esta forma, reconoce como legales todas las propiedades rurales que actuaban en áreas prohibidas, anula las multas contra infracciones medioambientales y los proyectos de reforestación que estaban en curso.
Casi todos los infractores ya habían accedido a compensar los deterioros provocados con medidas de recuperación vegetal mediante el Programa de Regularización Ambiental (PRA). «Esta medida anula los acuerdos de replantación que estaban ya previstos», explica Mario Mantovani, director de políticas públicas de la organización SOS Mata Atlántica. Con esta nueva disposición, el Ministerio de Medio Ambiente «induce al crimen, a que las personas crean que ahora ya pueden destruir la selva sin tener después la obligación de replantarla», añade este investigador, que afirma que esta posición del gobierno contradice los compromisos asumidos por Brasil en el Acuerdo del Clima de París de 2015 sobre reducción de deforestación y recuperación de zonas degradadas.
En forma de acción civil pública, varias agrupaciones de la sociedad civil solicitaron este miércoles, 6 de mayo, la nulidad del Despacho firmado por Salles hace un mes. La denuncia fue presentada por el Ministerio Público Federal (MPF) junto con la Fundación SOS Mata Atlántica y la Asociación brasileña de Miembros del Ministerio Público de Medio Ambiente (Abrampa) bajo el argumento de que la disposición del gobierno pone en riesgo lo poco que resta hoy en día en pie de la selva atlántica y que además «es una falta de respeto a aquellos que sí cumplen la ley».
Antes de ser aprobada, cuando la medida fue propuesta a finales de 2019, Bolsonaro la aplaudió. «Es una posición muy importante para las personas que están en la región de la Mata Atlántica. Esto permite que los agricultores vuelvan a producir en las áreas consolidadas hasta 2008», afirmó el presidente, que califica de «consolidadas» las tierras deforestadas y ocupadas para actividad agropecuaria. «Lo más importante, permite que quien fue multado en aquella época pueda volver a producir», añadía Bolsonaro, que critica los programas de vigilancia ambiental desde su campaña política y deslegitima continuamente el control ambiental realizado por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama). Él mismo fue multado por este órgano por pescar ilegalmente en un área preservada, nunca pagó y la multa prescribió en enero de 2018.
La presión del agronegocio para aprobar la amnistía
Los grandes latifundiarios del sur de Brasil fueron los precursores de la demanda por la amnistía de la deforestación, de las multas ambientales y a favor de la legalización de las actividades agropecuarias que desarrollan en algunas zonas de las áreas protegidas de la Mata Atlántica. La Federación de Agricultura del Estado de Paraná (FAEP), junto con la Confederación Nacional de Agricultura e Pecuaria (CNA), celebran lo que consideran «una conquista más», tal y como muestra una nota publicada en la página de la FAEP. La Federación reconoce que: «A través de peticiones de productores enviadas por los sindicatos a la FAEP y a la CNA, fue posible reunir la argumentación necesaria para la construcción de este entendimiento».
Estas organizaciones consideran que las multas millonarias que estaban recibiendo por parte del Ibama eran abusivas y que la ley que debía prevalecer era la del nuevo Código Forestal aprobado por Dilma Rousseff en 2012 y con exigencias ambientales más flexibles. No obstante, esta disposición nunca se aplicó en la región de Mata Atlántica puesto que ya existía una ley propia desde 1990. Tal y como dispone la Constitución brasileña, una ley general, como es el Código Forestal, nunca prevalece sobre una ley especial como la Ley de la Mata Atlántica nº 11.428, según explica Mantovani.
Este representante de SOS Mata Atlántica explica que las áreas más amenazadas de este bioma son las orillas de los ríos y que no existe ninguna ley brasileña, ni siquiera el Código Forestal, que haya permitido nunca la destrucción de la vegetación ciliar que mantiene con sus raíces las riberas firmes, impide la erosión y dificulta la infiltración de los pesticidas de los cultivos próximos. No obstante, la reciente medida de Salles amnistía también la tala en las riberas y exenta de la obligación de replantación, lo que se traducirá en una rápida degradación de los vitales cursos de agua dulce.
«Hasta 1990 se perdía una parcela de selva del tamaño de campo de fútbol cada cuatro minutos en el estado de Río de Janeiro, ahora la tasa de deforestación es cero, al igual que en otros nueve estado de la región», explica Mantovani, que subraya la importancia de que la Mata Atlántica tenga una ley propia gracias a la cual considera que se había conseguido armonizar la producción agrícola con la conservación ambiental. No obstante, «ahora vamos a entrar de nuevo en el círculo vicioso de la tala ilegal que tanto nos costó frenar. El gobierno está creando un nuevo problema jurídico solo para satisfacer la demanda de un grupo de latifundiarios del estado de Paraná. Esto es un acto criminal», añade este representante de la Fundación SOS Mata Atlántica.
«Todo el sector productivo tendrá un aumento de la eficiencia, con menos regulación y burocracia», declaró Bolsonaro en su discurso de investidura como presidente en enero de 2019. El presidente cumple sus promesas con esta amnistía que anulará más de 1.400 multas del Ibama, sin considerar las expedidas por otros organismos de control. Una buena parte de ellas corresponden a actividades llevadas a cabo en el sur del país. En los estados de Paraná y Santa Catarina abundan los bosques de araucaria o pinos araucanos, un árbol del que se extrae una madera noble muy bien valorada en el mercado y de los que solo resta en pie un 1 % del bosque original. «Ellos quieren explotar hasta la última araucaria, por eso presionan para flexibilizar la ley», explica Montavani.
¿Por qué es importante la preservación de la Mata Atlántica?
En las áreas con Mata Atlántica brasileña reside el 70 % de la población de todo Brasil, 150 millones de personas, lo que provoca, por un lado, que sea el bioma más devastado de todo el país, pero al mismo tiempo el más esencial para el sustento económico de una parte de esta población. La zona de selva atlántica coincide con la parte más desarrollada industrialmente y más rica económicamente del país
«La Mata Atlántica va a entrar en el mismo agujero de destrucción que la Amazonia», declara Mantovani, que añade que esta selva «pasará a tener su imagen manchada por la destrucción ambiental y esto no vende en el extranjero. Hoy en día ningún país quiere comprar producciones que provienen de la destrucción del medio ambiente». La mayoría de la celulosa que Brasil exporta se produce en las zonas de selva atlántica, donde también hay muchos cultivos de soja, entre otros productos. Si bien la degradación de la selva afecta a todos los productores rurales, impacta con mayor fuerza en los agricultores familiares que trabajan a pequeña escala y dependen de los cursos de agua naturales para su subsistencia y la de sus cultivos.
Más allá de su potencial económico, las áreas protegidas de la Mata Atlántica tienen como objetivo proteger los recursos hídricos para abastecer a la región más poblada del país, preservar la biodiversidad, el paisaje, la estabilidad geológica y la fertilidad del suelo, así como la flora y fauna local. La convención de la biodiversidad estipula que cualquier bioma que mantenga menos de un 20 % de su vegetación se encontrará en situación de amenaza de extinción. La Mata Atlántica mantiene los árboles en pie únicamente en un 12 % del total de su territorio, motivo por el que las medidas de control de la deforestación y las exigencias de replantación han sido tan importantes. Una condición en entredicho según las últimas disposiciones del Ministerio de Medio Ambiente que con su nueva legislación ambiental podría fomentar la degradación de las selvas atlánticas restantes. De acuerdo con la Fundación SOS Mata Atlántica, la amnistía aprobada por el gobierno amenaza los esfuerzos de décadas para recuperar las selvas más devastadas del país. «Ahora el gobierno pone en práctica un plan anti medio ambiente y pone en riesgo todo eso. Quien pierde es la sociedad», declara Mantovani.
Asimismo, el ministro de Medio Ambiente presentó el 24 de abril otra medida que todavía no ha sido aprobada y que también amenaza a la Mata Atlántica, pues propone la reformulación del tipo de vegetación que entraría dentro de este bioma. Según la propuesta de Salles, 110.000 km2 de selva atlántica serían excluidos de la categoría y por tanto desprotegidos por la ley de preservación ambiental, lo que representa un 10 % del total de este bioma.
Cortesía de Luna Gámez RT
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