Gobierno busca extender el subsidio a las grandes corporaciones de monocultivos forestales

El gobierno chileno, en medio de una férrea oposición de comunidades y organizaciones, viene promoviendo un proyecto de Ley que busca fortalecer la forestación a nivel nacional por medio de la prórroga del Decreto Ley 701 a veinte años y que va apuntando principalmente a intensificar la introducción de especies de pino y eucaliptus a suelos de comunidades y campesinos chilenos.

Este hecho a la postre significa beneficios para las corporaciones forestales, quienes no están comprando más tierra y esto les ayuda a anexar estos terrenos a sus intereses industriales por cuanto regulan los precios del mercado y pueden adquirir las cosechas de las plantaciones evitando riesgos.

En Chile, de acuerdo a la información oficial sostenida por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) al 2011, las plantaciones forestales son de dos millones setecientas mil hectáreas de superficie, lo que corresponde a 3.1 total de la superficie nacional, sin embargo, con las políticas de incentivo, expansión y proyección, estas bordean o habrían superado las tres millones de hectáreas a finales del 2012.

Dicho modelo fue impuesto en la dictadura militar y con amplia apertura en los denominados gobiernos democráticos a través de diversos acuerdos comerciales multilaterales, cuya producción se ha basado en la instalación sistemática de monocultivos a gran escala de especies exóticas de pinos y eucaliptus para abastecer plantas de celulosa, aserraderos y productos madereros principalmente con fines de exportación.

Cabe mencionar que en abril del 2012 el diario la segunda, medio ligado a sectores empresariales, daba a conocer a través de un artículo denominado “Quiénes son los mecenas de la política chilena” sobre el involucramiento de grupos económicos chilenos de la industria forestal, como los Matte (CMPC) y Angelini (Arauco – Celco) en el financiamiento de partidos políticos de la denominada Alianza o Coalición por el cambio y a la concertación, lo que refleja el nivel de intervencionismo de los intereses empresariales con sectores que en teoría, deberían gobernar y legislar para los intereses de las mayorías.

El modelo de la industria forestal como legado de la dictadura militar

El gobierno del dictador Augusto Pinochet dio absoluta prioridad a los intereses de Angelini y Matte con respecto a establecer políticas de estado que les otorgaran beneficios y ventajas en la instalación del modelo forestal. En efecto, en el año 1974 se establece el decreto Ley 701, que permitió acelerar el proceso de la industria y la expansión de los monocultivos, además de fomentar la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos.

Asimismo, principales empresas de este rubro del Estado, se pasaron al sector privado a manos de dos estos dos grupos (COPEC – ARAUCO – CELCO a manos de Angelini). Sin embargo, se ha señalado que el mayor subsidio a estas empresas lo constituyó el traspaso de tierras y plantaciones correspondientes a propiedades estatales y terrenos expropiados durante la Reforma Agraria. Según cifras, del total de 10 millones de hectáreas expropiadas, 3 millones -ubicadas en la faja costera- fueron vendidas en licitaciones públicas. Los bajos precios y las favorables condiciones otorgadas por el Estado, generaron un rápido vuelco en la propiedad forestal.

De esta forma, el Decreto ley 701 que, además de promover la expansión forestal mediante subsidios, autorizó a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para enajenar las tierras que habían sido objeto de la contrarreforma agraria, muchas de las cuales todavía estaban ocupadas por comunidades mapuche o campesinas.

Con respecto a los subsidios, este decreto actuó bonificando el 75% de los costos de plantación, manejo y de administración, además de eliminar la tributación. El abaratamiento de la mano de obra y las economías de escala, permitieron a las grandes empresas forestales cubrir la casi totalidad de los costos de plantación con el subsidio.

En 1980, la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), que agrupa a los principales empresarios forestales en Chile, intervino directamente frente al gobierno de Pinochet en la confección del reglamento del DL 701 sobre Fomento Forestal, contribuyendo a consolidar aún más al patrimonio de estas empresas y su expansión.

Desde entonces las exportaciones forestales han constituido una alta prioridad para los sucesivos gobiernos chilenos que se han denominado democráticos, desde 1989 hasta nuestros días, los cuales han seguido apoyando y promoviendo la forestación en amplias extensiones y a su vez, estableciendo diversos acuerdos multilaterales con diversas regiones y países para imponerse en el mercado, abrir y consolidar relaciones comerciales y contribuir al enorme aumento de las fortunas de sus grupos económicos.

Los impactos de la industria forestal en el centro sur de Chile

Desplazamiento del Bosque Nativo; Pérdida de los Recursos hídricos, superficiales y subterráneos que ha sido una de las constantes denuncias entre la IX y X regiones (Los monocultivos exóticos actúan como verdaderas bombas de agua); Uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas; Acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos; Destrucción de caminos rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha; Pérdida de Flora y Fauna (también plantas medicinales y alimenticias) ante el desplazamiento del Bosque; Suelos ganaderos y agrícolas reemplazados para la introducción de forestales industriales lo que conlleva a la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria; Transgresión de lugares sagrados; Aumento emigración (disminuye fuente laboral) y pobreza en lugares de alta concentración Forestal; Peligros de plagas como la avisa taladradora, son parte de algunas consecuencias que diversas comunidades y organizaciones han venido sosteniendo.

Cabe mencionar que numerosos antecedentes muestran que las comunas ocupadas por monocultivos forestales (Maule, Bío Bío y La Araucanía) registran una disminución en la disponibilidad de agua y los mayores índices de desempleo, emigración y pobreza del país.

Un ejemplo de esto último, es lo ocurrido el verano pasado donde la sequía de agua se intensificó en diversos lugares a causa de los fenómenos naturales y los lugares comunales en la Región de la Araucanía con mayor escases son coincidentes con los que existe la mayor concentración de plantaciones forestales. De esta forma entre enero y febrero del 2012, fueron más unas 46.000 personas de zonas rurales las afectadas por la falta de agua y con serios trastornos a su agricultura de subsistencia, hechos que llevaron a establecer un decreto de emergencia agrícola a finales de febrero en las comunas de: de Ercilla, Collipulli, Lumaco y Los Sauces, en la Provincia de Malleco, además de Temuco, Padre Las Casas, Cholchol, Imperial, Carahue, Galvarino y Perquenco, en la Provincia de Cautín.

Asimismo, las localidades forestales entre el Bio Bio y la Araucanía, a pesar de las abultadas utilidades que perciben las compañías, son lugares donde se concentran los mayores niveles de pobreza. Asimismo, pueblos que son centros medulares de la actividad forestal prácticamente son poblados “fantasmas” y donde existe un notable aumento emigratorio.

Es importante señalar que suelos ganaderos, de bosque nativos o agrícolas – frutícolas, han sido devastados y reemplazados para la introducción de plantaciones de pino y eucaliptus lo que conlleva a la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria y a su vez, a fuentes activas de trabajo lo que sobrelleva a zonas con alto índice de desempleo, al aumento de las emigraciones, al desplazamientos de población rural y en general, a verdaderos éxodos poblacionales.

De acuerdo a los resultados preliminares del Censo 2012, considerando la variación inter-censal con el 2002, contempla, a modo de ejemplo en la Provincia de Malleco, a la comuna de Ercilla con una disminución de -11,2 % de su población. Lumaco, que ya había tenido una disminución de -7,2 % hoy presenta una nueva y estrepitosa baja de -15,2 %. Los Sauces, que al 2002 había bajado en -15,6 hoy tiene una disminución poblacional de -5,7 % . Por su parte, Traiguén disminuyó en -12,1 % y Purén en – 8 % menos.

En la Provincia de Cautín, haciendo la misma relación de zonas con mayor concentración forestal y disminución de la población está Carahue con – 2,8 %; Loncoche con -4,9 %; Y otras zonas que presentan un estado de transición al modelo forestal, presentan intensas bajas, como ocurre con la comuna de Saavedra donde disminuyó la población a -18,8 % o Cunco, donde la baja fue de -14,9 %. Asimismo, otras comunas con alto porcentaje de plantaciones en sus suelos, tuvieron un nulo o insignificante aumento de población en comparación al 2002.

La Fundación para la superación de la pobreza, de acuerdo a datos oficiales, señala que el escenario para las zonas rurales en la Región de la Araucanía parece ser más crítico sobre todo para la pobreza indigente que del 6,5 el año 2006 sube a un 9,9 el 2009. La situación para los pobres no indigentes presenta una variación menos significativa, pero igualmente llega a un crítico 15,1%.

Al año 2009, otras comunas forestales o en transición y que enfrentan estas situaciones de acuerdo a los datos oficiales como la encuesta CASEN que han sido recabados por la fundación, incluye tasa promedio de pobreza, entre otras: Cunco 30,7 % (con intervalo de confianza con límite superior a 38,1 % ), Galvarino 21,4 % (con intervalo de confianza con límite superior 26,0 % ), Saavedra 28,8 % (con intervalo de confianza con límite superior 41,6 % ), Chol Chol 37,2 % (con intervalo de confianza con límite superior a 45,6 % ), Angol 40,7 % (con intervalo de confianza con límite superior a 59,3 % ), Collipulli 34,7 % (con intervalo de confianza con límite superior a 43,4 %), Ercilla 36,1 % (con intervalo de confianza con límite superior a 44,9 % ), Los Sauces 34,9 % (con intervalo de confianza con límite superior a 46,8 % ), Lumaco 35,9 % (con intervalo de confianza con límite superior a 40,8 % ), Purén 38,0 % (con intervalo de confianza con límite superior a 49,5%), Renaico 28,1 % (con intervalo de confianza con límite superior a 39,5% ), Traiguén 28,7 % (con intervalo de confianza con límite superior a 40,3 % ), Victoria 31,8 % (con intervalo de confianza con límite superior a 34,2%), Carahue 33,5 % (con intervalo de confianza con límite superior a 46,9 %).

Decreto Ley 701 en la actualidad

Desde el segundo semestre del 2012, el Ministerio de Agricultura, a través de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) viene promoviendo un proyecto de Ley que busca fortalecer la forestación a nivel nacional por medio de la prórroga de este decreto.

Según anunciaron sectores ligados a las forestales, la nueva propuesta viene a modificar el Decreto de Ley 701 donde los pequeños y medianos propietarios recibirán porcentajes mayores de bonificaciones por hectáreas plantadas.

A modo de ejemplo, según cálculos de CONAF, en la región de la Araucanía existen más de 169 mil hectáreas de “aptitud forestal”, las que son parte de los 2 millones 300 mil hectáreas en el país que buscan ser plantadas por estas especies, concentradas mayoritariamente en el centro sur de Chile, según han estimado, con bonificaciones de arcas del estado en millones de dólares para tal fin.

Según CONAF y su director, Roberto Leslie, las modificaciones al actual DL 701 benefician directamente a las comunidades indígenas en la región, que en muchos casos han recibido por parte de Conadi predios que fueron cosechados por los antiguos propietarios y ahora podrán plantar con bonificaciones del Estado nuevamente.

Esta iniciativa legal de prorroga del Decreto Ley considera ciertas modificaciones que potencian la entrega de incentivos a esta actividad, contemplando un incentivo sobre los costos de producción y agrega nuevas formas como el de “servicios ambientales”. Esta medida ha sido celebrada por diversos sectores políticos legislativos del oficialismo y la oposición y se ha considerado como un importante “beneficio y oportunidad” según han indicado sectores pro forestales.

Cabe mencionar que esta nueva estrategia, beneficia a las grandes compañías, ya que no necesitan adquirir más predios que signifique correr los riegos de conflictos y disputas territoriales con vecinos, como el caso de las comunidades mapuche, sino, anexan de manera encubierta los predios de comunidades y campesinos, incentivados por la oferta que hace el Estado, siendo las propias empresas las que tendrán luego el poder adquisitivo de las cosechas de estas plantaciones. Para este fin, los servicios públicos vinculados al quehacer rural, como CONAF, CONADI e INDAP.

A finales de octubre del 2012, comunidades y organizaciones por el bosque Ancestral; sobre la consulta indígena y sobre sobre Modificación y extensión del DL701- Fomento forestal, señalaban: “El proyecto de ley, trae nuevos objetivos de forestación. El ejecutivo ha anunciado “nuevas funciones” a las plantaciones, es decir, aquí hay nuevos tintes renovados -y ya no tan solapados- conceptos para la expansión industrial, como son: «los servicios ´ambientales´, transacción de bonos de carbono forestal; comerciantes de carbono sobre plantaciones forestales, manipulación genética, mercadeo de tierras, contaminación genética, demanda de altos volúmenes de súper agro tóxicos, mega monocultivos, etc.». Se sabe de la nefastas consecuencias que han dejado estas «nuevas funciones» bajo el pretexto del Cambio Climático, en países como México o Costa rica”.

Otro de los puntos en cuestión, es el viciado proceso que se ha llevado adelante transgrediendo normas como el Convenio 169 de la OIT ya que no se han establecido de buena fe la consulta de acuerdo a las obligaciones estatales con las normas internacionales.

Hoy parlamentarios del congreso chileno están en discusión y pronto a votación sobre la prórroga de este decreto y se exponen sus consecuencias con los valores o principios democráticos y de derechos humanos o bien, por mantener estos instrumentos de la dictadura militar que se impusieron a costa de muertes, asesinatos y conspiraciones.

Rechazar este decreto y su prórroga es abrir una nueva oportunidad para discutir sobre el nuevo marco normativo de fomento forestal. Bajo criterios democráticos y que vayan de acuerdo con los intereses y necesidades de los habitantes de los diversos territorios y sus economías locales.

Por Alfredo Seguel / Mapuexpress.net