El gobierno brasileño ha decidido quitar la protección a una enorme reserva forestal en el Amazonas, hogar de grupos indígenas y una gran biodiversidad. La razón: abrir el área para la minería. Al menos un tercio de la reserva, creada en 1984, será fuente de extracción de oro y minerales valiosos.
La Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), que está entre los estados de Amapá y Pará, cubre aproximadamente 46.000 kilómetros cuadrados de exuberante selva tropical, que contiene una enorme riqueza de vida silvestre y es hogar de pueblos indígenas. Pero también se cree que contiene ricos yacimientos de oro, hierro y manganeso, además de otros minerales.
El miércoles, el presidente Michel Temer declaró la apertura del parque a la explotación comercial, aparentemente en un intento por estimular la economía. «El objetivo de la medida es atraer nuevas inversiones, generar riqueza para el país, así como ingresos para la sociedad y empleos, siempre basándonos en los preceptos de la sostenibilidad», dijo el gobierno de Temer en un comunicado.
La reserva contiene nueve áreas de conservación y tierras indígenas. El gobierno ha tratado de apaciguar los temores, diciendo que estas regiones estarán fuera de los límites, con áreas forestales protegidas que no serán afectadas. Han tratado de suavizar la polémica diciendo que sólo el 30% del parque estará abierto a la minería.
Pero a los activistas están preocupados de que estas restricciones no se cumplan y que cualquier actividad dentro de la propia reserva –que involucrará la llegada de más trabajadores, construcción de carreteras y contaminación– pueda comprometer partes del bosque que deben ser protegidas, independiente de que la minería tenga o no actividades directas en esas zonas.
Según O Globo, un miembro de la oposición al gobierno , el senador Randolfe Rodrigues, ha calificado la decisión de «el mayor ataque a la Amazonia en los últimos 50 años». Las organizaciones conservacionistas están igualmente consternadas.
El Coordinador de Políticas Públicas de WWF Brasil, Michel de Souza, ha calificado la medida como una «catástrofe» que amenaza la conservación del ambiente. También denunció al gobierno por abolir la protección a través de un decreto, sin consultar al país ni a las personas que viven en la reserva y alrededor de ella. Él teme que las operaciones en el área terminen siendo foco de la corrupción y el conflicto. Según WWF esto es particularmente cierto en regiones cercanas a las tierras indígenas, donde los grupos étnicos viven en un relativo aislamiento del mundo exterior.
«Si el gobierno insistió en abrir estas áreas para la minería sin discutir la protección ambiental, tendrá que lidiar con una protesta internacional», dijo de Souza.
Por IFLScience
El Ciudadano
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