Gobierno reducirá multas a empresas que generen problemas ambientales si se autodenuncian

Las empresas que generen problemas de impacto ambiental, podrán autodenunciarse. Este nuevo mecanismo -similar a la “delación compensada” o “arrepentimiento eficaz”, que permite la amnistía de las sanciones a las firmas que confiesan su participación en una colusión- pretende ‘incentivar’ a las empresas a denunciar sus incumplimientos ambientales. Si lo hacen, obtendrán a cambio una reducción de las multas a las que se arriesgarían en caso de que fueran descubiertas.

A pesar del complejo escenario que vive el país en materia medioambiental, debido a la desconfianza de parte de la ciudadanía sobre los procesos que se realizan en las instituciones para la calificación del impacto ambiental que conceden a las empresas, se impulsó esta iniciativa que reemplaza y prescinde del rol fiscalizador y sancionador del Estado, y opera con la cuestionada lógica libremercadista de la “autorregulación”.

Así lo consideró el presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, quien declaró que “esto de autodenunciarse es lo mismo que pasa con la autoregulación o la ‘responsabilidad social empresarial’ de los mercados: Son simples expresiones que no funcionan en la práctica”.

El coordinador nacional de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón, complementa diciendo que el rol del Estado es fundamental. “Si no existe un sistema de fiscalización estatal, no hay ninguna posibilidad de que este se cumpla”. Las empresas aprovecharán este mecanismo para “lograr algún tipo de rebaja -explica-, y una vez que quede en evidencia su incumplimiento (el de la empresa) querrán adelantarse a la acción fiscalizadora para lograr algún tipo de rebaja en su responsabilidad”.

Cuando una empresa se “autodenuncie” deberá entregar -antes de 10 días- toda la información que posea a la SNA para que pueda conocer en detalle el problema que presentan. Luego, la misma empresa ejecutará un Programa de Cumplimiento que deberá seguir al pie de la letra y que será fiscalizado por los equipos técnicos y legales que determinarán si efectivamente se han respetado las indicaciones del programa.

Si la empresa ha sido inculpada por primera vez, pero respeta íntegramente el Programa de Cumplimiento, podrá eximirse del paso de la sanción; si ha cometido una segunda infracción, se le podrá bajar la multa a un 75%; si se trata de la tercera, se le condonará solo un 50%. Ahora, si el infractor se delata y no cumple con el programa, se retoma el procedimiento tradicional y se le duplica la multa. La más alta para las infracciones ambientales leves son 468 millones de pesos; para las infracciones graves, 2.341 millones de pesos; y para las gravísimas, la mayor sanción puede alcanzar los 4.680 millones de pesos, e incluso con la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

La directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, sostuvo que “ni con Intendencia ni Tribunales tendremos un Estado fiscalizador y sancionador (…) eso es poner parches para facilitar las cosas… Ahora -agrega- es mejor que exista un proceso sancionatorio a que no exista ninguno, pero su efectividad dependerá de cómo se arme”.–

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UNA INSTITUCIONALIDAD A MEDIAS

Hasta la fecha, la ley 20.417 -que crea el Servicio de Evaluación Ambiental, los Tribunales y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)- se encuentra en la Comisión Mixta de Constitución y Medio Ambiente a la espera de que en la primera semana de enero sea despachado, luego examinado por la Cámara y el Senado e ingrese, definitivamente, a revisión al Tribunal Constitucional (TC).

Según establece la ley, existe un plazo de seis meses para implementar el proyecto, y una vez que sea publicado en el Diario Oficial, los Tribunales Ambientales entrarán en funcionamiento y la Superintendencia podrá fiscalizar y sancionar a quienes con sus empresas dañen el ecosistema y la calidad de vida de los ciudadanos. Hasta el momento, eso es imposible y por lo mismo se apela a la “autorregulación”.

Flavia Liberona explicó que a casi dos años de consagrada la nueva institucionalidad, esta aún no entra en funcionamiento -salvo el Ministerio de Medio Ambiente-. Por ello, muchos proyectos -a veces con cuestionables informes de impacto ambiental- se llevan a cabo sin que se pueda hacer nada para evitarlo.

Por Esteban Acuña Venegas

El Ciudadano