La reciente difusión de la renuncia de un funcionario del Ministerio de Hacienda de Argentina, por haberse negado a suscribir un acuerdo tributario con Chile que favorecía a Barrick Gold y contravenía los informes técnicos disponibles en esa cartera, explicaría porqué Hacienda, Minería y el Servicio de Impuestos Internos chilenos han eludido informar a la ciudadanía sobre los términos del bullado acuerdo.
Organizaciones chilenas recurrieron hace diez días al Consejo para la Transparencia, solicitando se sancionara a la funcionaria Verónica Baraona, subsecretaria del Ministerio de Minería, por retener información relativa al acuerdo tributario para Pascua Lama. La misma actitud habían tenido otras carteras con injerencia en el tema, pero los dardos se dirigieron hacia esta funcionaria, pues habiendo participado directamente en las negociaciones, en su calidad respondió tarde y de manera vergonzosamente deficiente.
Sin embargo, el tema trasciende a una negligencia funcionaria, y evidencia el compromiso de los gobiernos de Chile y Argentina a favor de Barrick Gold, y contra los intereses de la ciudadanía de ambos países. De hecho, antes de que el Consejo diera alguna respuesta sobre el proceder de la subsecretaria, en Argentina se destapó que el acuerdo bilateral “que destrababa el proyecto”, estaba lleno de irregularidades y que desconsideraba la opinión de la línea técnica del Ministerio de Economía de dicho país, razón por la que Cristian Modolo, subsecretario de Ingresos Públicos, estaba pronto a dimitir a su cargo, y otros altos funcionarios ya habían renunciado porque no querían ir presos ni ver su nombre atentando contra los intereses de Argentina.
Lucio Cuenca, quien realizó el reclamo ante el Consejo para la Transparencia, por denegación de acceso a la información semanas antes de que se diera a conocer el escándalo en Argentina, señala; “esto implica que nuestro olfato no estaba errado, quienes llevamos años siguiendo las maniobras de Barrick Gold, sabemos cómo opera, cómo compra voluntades y maneja funcionarios a su antojo” y agrega el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales “Ojala esto sirva para que las autoridades chilenas enmienden el rumbo de engañar a la ciudadanía a favor de los intereses económicos de unos pocos, sancionen a todos quienes han contravenido su misión de velar por el bien común, y desechen un convenio de altos costos para nuestros países y de enormes beneficios para una transnacional que solo ha sembrado muerte y destrucción en todos los lugares donde ha operado.”
Por ahora, habrá que esperar qué resuelve el Consejo para la Transparencia en Chile, verdadera prueba de fuego para esta institución recién creada y que dependiendo de las determinaciones que tome en este caso, demostrará si es realmente una iniciativa para transparentar las conductas funcionarias, o si es otra instancia para fortalecer lo que el Nobel de la Paz Argentino Adolfo Pérez Esquivel llama “democracia delegativa”, aquella donde los gobernantes hacen lo que les parece y no lo que deben.
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