«Graves vicios de ilegalidad»: Comunidades y ONG llevan a la Corte Suprema fallo que favorece a Dominga

Comunidades y organizaciones de la sociedad civil acudieron ante la Corte Suprema para buscar que se revoque la última resolución del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, en la que decidió acoger la solicitud de Andes Iron Spa, que podría volver a abrir el camino para la realización del cuestionado Proyecto Dominga en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.

En su dictamen, el tribunal ordenó que la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emita una nueva resolución sobre el proyecto, en su calidad de secretaría técnica del Comité de Ministros.

Esto tras considerar que que los ministros se excedieron en su votación del pasado 8 de enero, en la cual se rechazó por tercera vez, y de forma unánime, el cuestionado proyecto minero-portuario, poniendo énfasis en los impactos en el medio terrestre, así como en las insuficiencias en los planes de emergencia por posibles derrames.

El argumento presentada por la empresa Andes Iron SpA, controlada por la familia Délano, se basó en que en esa instancia los ministros abordaron dos nuevas materias para sustentar su nuevo rechazo que no formaban parte del fallo original.

Ante este escenario, agrupaciones de la sociedad civil y las comunidades locales calificaron de «inédita» e «ilegal» el dictamen del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, por lo que han presentado distintos recursos judiciales buscando revocar la controvertida resolución.

Recurso ante la Corte Suprema

Este es el caso de la organización de conservación marina Oceana, la cual presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, en donde catalogan como ilegal la actuación de los ministros del Tribunal.

En la acción legal, plantearon que el contenido de la resolución favorece injustificadamente a la empresa de los Délano, lo que atenta contra la igualdad ante la ley, garantía consagrada en la Constitución.

“Andes Iron SpA es una persona jurídica privilegiada en la causa” ,indicaron al tiempo que señalaron que los ministros “han establecido diferencias arbitrarias”.

Por tal motivo, solicitan al máximo tribunal que acoja el recurso de queja “en todas sus partes, ordenando enmendar las faltas y abusos cometidos y denunciados” y que anule “la resolución que motiva este recurso” o, en su defecto, determinando las medidas que el máximo tribunal “estime conducentes para remediar tales faltas y abusos, en aras a evitar un quebrantamiento del Estado de Derecho”, consignó Diario U de Chile.

“La sentencia del Primer Tribunal Ambiental, y sobre todo con la última resolución, deja en claro que este organismo decidió darse facultades que la ley no le otorga”, planteó Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA.

Según el abogado que representa a Oceana «nunca antes un tribunal ambiental había traspasado el límite que le impone la ley» y en el caso de Dominga «se pone en posición de querer decidir la aprobación de un proyecto, cuando su función es revisar los actos administrativos del Estado en materia ambiental».

Resolución que favorece a Dominga «incurre en vicios de ilegalidad»

Por su parte, los integrantes del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente (MODEMA), junto con el Comité de Agua Potable Rural Los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros, presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de la decisión del Tribunal Ambiental.

La acción legal se centra en las motivaciones que tuvo dicha instancia para exigir al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo que actúa como la secretaría técnica del Comité de Ministros, que dicte una nueva resolución.

Según el recurso de apelación, en la resolución “incurre en sendos vicios de ilegalidad” y se infringe “gravemente el ordenamiento jurídico y poner en riesgo el Estado de Derecho al descansar en interpretaciones alejadas de la voluntad del legislador en materia ambiental”.

A juicio de Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental y quien representa a distintas comunidades locales que se oponen al proyecto minero portuario de Andes Iron, el Tribunal Ambiental de Antofagasta “cometió una serie de ilegalidades que nos parecen gravísimas”,

Según la jurista, estas irregularidades “afectan los derechos de las personas, que en su momento hicieron observaciones ciudadanas y que arbitrariamente el Tribunal Ambiental determinó que el Comité de Ministros debía dejar fuera de su decisión”, consignó Diario U de Chile.

Las acciones legales impulsadas por las comunidades locales y las organizaciones se suman a un recurso de apelación presentado por el SEA ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.