Hacia una ley para proteger los glaciares y el agua en Chile

Del agua dulce disponible en la Tierra, más del 70% está congelada en glaciares [1], convirtiendo a esos gigantes enla reserva de agua dulce más importante del planeta.

La distribución de esa riqueza ha resultado generosa para algunos países. Según el Inventario Randolph, el mapa más completo de glaciares en el mundo, Chile es guardián de la mayor superficie de glaciares de Sudamérica: 23.6 mil km2 distribuidos en miles de glaciares que van desde las cumbres del Altiplano, en el norte del país, hasta el extremo austral del continente.

El cambio climático y las actividades industriales cerca de ellos son las amenazas más serias para los glaciares. A través de litigio estratégico, AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente) trabaja para combatir ambas amenazas.

El cambio climático ha provocado la disminución de la nieve y la lluvia, así como el aumento de la temperatura, lo que ha reducido la acumulación de hielo e incrementado el derretimiento de los glaciares.

La exploración y explotación minera causan la degradación de los glaciares con la construcción de carreteras, la perforación y el uso de explosivos y materiales tóxicos. Estas actividades también generan polvo que se deposita en los glaciares, oscureciéndolos y acelerando su derretimiento.

Aunque sabemos que el agua es fundamental para la vida y que los glaciares almacenan gran parte de ella, lalegislación que protege a los glaciares es sorprendentemente escasa a nivel mundial. No existe un tratado internacional orientado a su preservación ni un proyecto que lo esté considerando.

A nivel nacional, solo Argentina cuenta con una ley para proteger sus glaciares. En Chile, el proyecto de ley sobre glaciares es debatido hace años en el Congreso. Considerando también la ola de sequías que azota actualmente a ese país, ¿se necesitan más argumentos para contar lo antes posible con una BUENA herramienta legal para cuidar a los glaciares chilenos?

El camino a la ley

El primer intento por promulgar una ley para protección de glaciares en Chile data de 2006. Fue impulsado por la aprobación del proyecto minero Pascua-Lama, el cual amenazaba a los glaciares montañosos del Norte del país. La iniciativa no prosperó y fue archivada en 2007.

El 20 de mayo de 2014, un grupo de diputados autodenominados «la bancada glaciar» planteó un nuevotexto de ley. La propuesta fue ampliamente criticada por empresas mineras y de geotermia ya que buscaba preservar todos los glaciares y prohibía ellos actividades mineras y otras que pudieran afectarlos.

En marzo de este año, el Poder Ejecutivo hizo una «indicación sustantiva» (una contrapropuesta) a dicho texto. Según organizaciones ambientalistas, la misma cambia completamente el espíritu de protección de los glaciares de la propuesta parlamentaria para responder más a las demandas de las empresas mineras.

A continuación les presento algunos puntos a favor y en contra de la propuesta del gobierno elaborados con base a una minuta de prensa de organizaciones ambientalistas:

Aspectos positivos:

-Reconoce a los glaciares como reservas de agua dulce, proveedores de servicios ecosistémicos y bienes nacionales de uso público.
-Prohíbe la solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares.
-Fortalece las atribuciones de la Dirección General de Aguas para generar información, monitorear el estado de los glaciares e imponer multas.
-Eleva la jerarquía legal del inventario de glaciares.

Aspectos negativos

-No protege todos los glaciares, sino solo a los que se encuentren en parques nacionales o reservas de regiones vírgenes. Esto resulta muy grave si consideramos que los glaciares más amenazados están en el Norte del país, donde los parques nacionales no abundan y donde comparten territorio con las reservas mineras. Peor aún es saber que en el Norte los glaciares abastecen de agua potable a millones de personas que viven en zonas de estrechez hídrica.    -Podría salvaguardar algunos glaciares fuera de áreas protegidas si éstos son considerados «reservas estratégicas de agua» por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad. Sin embargo, la propuesta no hace referencia a instrumentos ni fondos públicos para realizar esa identificación. El riesgo es que eventualmente esa tarea quedaría en manos de consultoras que muchas veces son contratadas por las propias empresas mineras.
-Dispone que los glaciares no considerados «reservas estratégicas» quedarían a merced del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual determinaría si se puede o no realizar alguna actividad industrial en ellos. En el pasado, ese organismo ha permitido proyectos nocivos para los glaciares como Pascua Lama, Andina 244, Los Bronces y Los Pelambres.
-Establece que solo se revisarán las resoluciones de calificación ambiental de proyectos que afectan hoy a glaciares en parques nacionales o a glaciares declarados «reservas estratégicas». De ese modo, deja a todos los demás glaciares a merced de los proyectos mineros o energéticos que ya los están dañando.

Por ahora no queda más que hacer un seguimiento de los debates internos en el Congreso y esperar que el resultado final sea una ley que garantice la protección de todos los glaciares y del agua que éstos resguardan.

Mientras tanto, los defensores legales de AIDA trabajan con dedicación para prevenir y minimizar las amenazas de la minería al ambiente y a las personas. Actualmente estamos elaborando Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros, una guía que detalla el análisis comprehensivo que cualquier propuesta de proyecto minero debe contener. Abogamos para que las entidades de gobierno lleven a cabo evaluaciones exhaustivas antes de aprobar nuevos proyectos mineros y, cuando es necesario, realizamos litigio estratégico para hacer que esas entidades mejoren sus evaluaciones.

También estamos fortaleciendo las leyes y precedentes ambientales aplicables a industrias extractivas. En Colombia y Panamá, AIDA está abogando activamente por la revisión de los códigos nacionales de minería, específicamente por la protección de recursos hídricos cruciales. Aplicamos el derecho internacional para influir en el tema y recurrimos a tratados internacionales para establecer precedentes que sean aplicados a la minería en general.

También hemos comenzado a crear un grupo de expertos técnicos para ayudar a las comunidades y gobiernos locales a comprender y evaluar propuestas para la extracción de minerales.

Por Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente

[1] Según datos del Global Water Partnership: http://www.gwp.org/