HidroAysén: Corte Suprema tiene la última palabra

“Creemos que nuestros argumentos son bastantes sólidos, solo queda esperar que, ojalá, por el bien del medio ambiente, el proyecto sea en definitiva rechazado”. Con estas palabras el abogado por Patagonia Sin Represas, Marcelo Castillo, finalizó los alegatos -que se extendió por dos días- para objetar la resolución de calificación ambiental del proyecto energético HidroAysén. Opositores y defensores del proyecto hidroeléctrico presentaron hoy sus descargos en la Tercera Sala de la Corte Suprema y solo queda esperar que el máximo Tribunal confirme o revoque la sentencia que dio luz verde al proyecto en mayo pasado. El tribunal supremo tiene un plazo de dos meses para ello.

Mientras, diversas agrupaciones ecológicas y ciudadanas -entre ellas Movimiento Aquí la Gente y Comité de Defensa de la Patagonia- protestaban con un lienzo afuera del Tribunal, adentro se revisaban los siete recursos de protección que pretenden paralizar el proyecto HidroAysén, luego de que fueron desestimadas sus acciones por la Corte de Apelaciones, de Puerto Montt.

“Alegamos la incompetencia de la Comisión de Evaluación Ambiental para aprobar este proyecto. Estimamos que no ha sido transparente; rechazamos el procedimiento, porque no se ajustó a derecho; además, presentamos a la Corte -argumentos que demuestran- que se violaban los derechos constitucionales del derecho a la vida, la igualdad ante la ley y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, declaró Castillo, quien asegura estar confiado en que la decisión del tribunal supremo dejará sin efecto la resolución exenta 225 que el 13 de mayo de este año aprobó el proyecto.

PROYECTO FRAGMENTADO

Uno de los argumentos presentados por los abogados que buscan impedir la ejecución del proyecto, tiene que ver con la ilegalidad de haberlo presentado de manera fragmentada para, según argumentan, lograr su aprobación. El presidente de la Fiscalía del Medio Ambiente, Fernando Dougnac, piensa que esto lo hicieron con el objetivo de “enmascarar los efectos finales del proyecto en su conjunto”.

Para el abogado en favor de la instalación del megaproyecto, Raúl Tavolari, fraccionar el proyecto “en ningún caso pretendió eludir la fiscalización del Estudio de Impacto Ambiental”. Sin embargo, pese a que desmintieron la acusación, no explicaron el motivo.

PELIGRO A LA VIDA

Tavolari, por otro lado, declaró acerca del supuesto peligro que el proyecto significa para la vida e integridad de las personas señalando que “éstas están diseñadas para soportar tres veces más de lo contemplado en el peor de los escenarios”.

Respecto al daño ecológico, aseguró: «Del total de las 1 millón 850 mil hectáreas que ocupa el Parque -Nacional Laguna San Rafael-, tan sólo se verán afectadas 18,8 hectáreas, por lo que no se puede decir que se afecte al equilibrio ecológico, ni que redunde en la calidad de vida de las personas”.

ALEGATOS SIMILARES

«Lo que nos llamó la atención aquí es la fuerte coincidencia, los mismos argumentos, prácticamente las mismas frases que utilizó la institución de Gobierno con la empresa. Parece que fueran la misma cosa», dijo el día viernes 23 el director ejecutivo del Consejo de Defensa Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo, en la Tercera Sala de la Corte, respecto a la semejanza entre los descargos de la autoridad ambiental y la empresa HidroAysén.

Ayer -26 de diciembre- el Gobierno, por medio del abogado Walter Traub, en representación del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, negó esta semejanza y, en cambio, dijo que lo que ellos esperan “es que la Corte Suprema se ajuste a derecho. Nosotros cumplimos según la ley, con la carga legal, y asimismo lo que hacemos es que el ejercicio de esa carga lega sea de acuerdo a la ley de bases del medio ambiente», afirmó.

DECISIÓN FINAL

Una vez que los ministros lleguen a un acuerdo se dará a conocer su sentencia redactada y firmada. El plazo para el fallo, por lo tanto, es indeterminado, pero se estima -según el abogado Marcelo Castillo- que el procedimiento podría ir de unas semanas a meses, aunque lo ideal -agregó- sería comunicarlo antes del feriado judicial de febrero del próximo año.

Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, manifestó: “Nosotros estamos optimistas, pero también sabemos que nunca la Corte ha fallado en contra de un proyecto hidroeléctrico, esperamos que haya una excepción, donde efectivamente la voz de los afectados sea escuchada por la Justicia, y en eso estamos esperanzados”.

LA CICATRIZ DE MEDIO CHILE

El proyecto de Endesa y Colbún plantea construir cinco centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua de 2.750 megawatts (MW) de potencia. Su costo de implementación se acerca a los US$ 7.500 millones, considerando una línea de transmisión de 2.300 kilómetros. Sólo para las represas se contempla una inversión de US$ 4 mil millones.

Las centrales inundarán seis mil hectáreas, siendo 18,8 hectáreas de estas del Parque Nacional Laguna San Rafael.

Si bien el proyecto presentado no incluye la línea de alta tensión, cuyo recorrido final se presentará en diciembre, se estima que son necesarias 5.750 torres de 70 metros de altura (equivalentes a edificios de 20 a 25 pisos) cada 400 metros.

Estas torres fragmentarían 6 parques nacionales, 11 reservas nacionales, 26 sitios prioritarios de conservación, 16 humedales y 32 áreas protegidas privadas.

Como las torres contemplan que en la franja de 2.300 kilómetros tenga un ancho de 100 metros, se deforestarían 23.000 hectáreas de total deforestación, cuatro veces más que las hectáreas que serán inundadas por las represas.

INHABILIDADES Y ANOMALÍAS

La tramitación del proyecto no ha estado exenta de anomalías, como la presencia Eduardo Morel, cuñado de Piñera, en el directorio de HidroAysén.

Además cuatro de los 10 seremis que revisaron el proyecto se inhabilitaron antes de votar por sus vínculos con las empresas eléctricas. El esposo de la seremi de Medio Ambiente es empleado de Colbún; el seremi de Economía prestó asesorías a HidroAysén; el de Minería trabajó antes en una consultora contratista de la empresa, y el de Vivienda tiene un hermano que podría recibir una millonaria indemnización a raíz de derechos de servidumbre. Subalternos a ellos terminaron aprobando el proyecto

El presidente Piñera por su parte dio su espaldarazo al proyecto en el consejo de gabinete del lunes 2 de mayo, cuando dijo a algunos de sus ministros citados a su despacho que no quería seguir postergando la puesta en marcha de las obras de HidroAysén, que a su juicio era ambientalmente viable y que no lo paralizaría por presiones sociales, como ocurrió luego del masivo rechazo a la termoeléctrica de Barrancones el año pasado.

No en vano HydroAysén ya gastó 220 millones de dólares en estudios y campañas.

LA TRAMPA DEL DESARROLLO ENERGÉTICO

El Gobierno, los grandes medios y las empresas eléctricas defienden el proyecto argumentando que el ‘desarrollo del país’ exige que se duplique la matriz energética en los próximos 10 años. En una entrevista al diario La Tercera, Piñera dijo que “si no hay energía hidroeléctrica, entonces lo que va a haber serán más centrales a carbón”.

Claro que dicho argumento oblitera el monopolio energético en Chile y que las necesidades son para la actividad industrial.

Endesa y Colbun dominan el 74% del Sistema Interconectado Central (SIC). Con la aprobación de HidroAysén aumentarán a un 80%. El SIC da energía al 90% de la población del país. Las otras 48 empresas generadoras tienen una participación de apenas un 26 por ciento.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, de los 58.427 Gwh gastados el 2009, el consumo residencial es del 15%; el comercial alcanza el 12%; el agrícola un 2% y el industrial el 26%. En tanto que las mineras consumen el 34%.

“El tamaño de dicho monopolio impide que otros actores entren al sistema de generación eléctrica – acusa Larraín – Siguen diciendo que las renovables son más caras porque quieren seguir controlando el negocio con el monopolio que tienen y, de paso, mantener esclavizado el desarrollo energético a sus propios intereses”.

El año 2010 sólo con un 3% de proyectos renovables no convencionales el país se ahorró 129 millones de dólares. Si se hubiese cumplido la meta que puso Bachelet de que al término de su mandato un 5% de la energía producida correspondería a este tipo, nos habríamos ahorrado 165 millones de dólares más.

El negocio para HidroAysén es grande: si Colbún y Endesa logran generar 19 mil gigawatts por hora en un año ganarían unos mil 500 millones de dólares anualmente, con costos de generación que no superan los 600 millones de dólares.

Por Esteban Acuña Venegas & Mauricio Becerra R.

El Ciudadano