El Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff) de Aysén, presentó una denuncia ante la Contraloría, por el cambio en la denominación del Parque Nacional Laguna San Rafael a “Parque Fiscal”, con el fin de permitir a Endesa realizar los estudios para levantar una de las cinco represas contempladas en el megaproyecto.
En la mañana de este miércoles, Peter Hartmann, director de la filial Aysén del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff), presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la Región de Aysén, en Coyhaique, para que el organismo investigue una serie de irregularidades presentes en la intervención del Parque Nacional Laguna San Rafael, por parte de la empresa Hidroaysén.
Según el dirigente, fue en el verano de 2006 cuando se descubrió que Endesa llevaba a cabo trabajos de prospección geológica en el área del parque, siendo este hecho denunciado a las autoridades y organismos respectivos (Corporación Nacional Forestal –Conaf- , Ministerio de Bienes Nacionales y Comisión Nacional del Medio Ambiente -Conama-), sin resultado alguno, y sin que el Estado cumpla con su rol de proteger aquel patrimonio natural.
No obstante, nuevamente al insistir con sus reclamaciones ante los organismos, Hartmann denuncia que estas instituciones “cambiaron el límite del parque, y le regularizaron la situación a las contratistas de Hidroaysén que estaban trabajando allí”. En concreto, Conaf cambió la clasificación de los terrenos en el sector de las prospecciones a la categoría de “tierras fiscales”, porque habrían interpretado “erróneamente” los límites del parque nacional.
Ante esto, se solicitó al Ministerio de Bienes Nacionales, una cartografía sobre los terrenos cuestionados (ribera norte de El Saltón), apareciendo efectivamente, como parte de las tierras del Parque. Posteriormente en diciembre de 2010, a través de la Ley de Transparencia, cuenta Hartmann “preguntamos a Conaf, y el organismo nos confirma esto, señalando que habían encargado un estudio a Ingendesa por la evaluación de impacto ambiental de Hidroaysén, y que esta empresa descubrió que la zona era Parque Nacional”.
LA REPRESA
Hartmann señala que, con esta modificación, Hidroaysén ha podido llevar a cabo los trabajos de prospección geológicos, los cuales se relacionan con la eventual construcción de la represa Baker 2, una de las cinco represas del megaproyecto hidroeléctrico, y cuya muralla norte quedaría dentro de los límites del Parque Nacional Laguna San Rafael, justo en el lugar donde de forma “errónea” se había considerado como “terreno fiscal”, por parte de la Conaf.
El dirigente de Codeff, también criticó la decisión de la secretaria Regional Ministerial (Seremi) subrogante de Bienes Nacionales, Ximena Contreras, al regularizar la situación que existía en ese momento, aceptando la indicación de Conaf -con mapas propios que señalaban, sin embargo, lo contrario– y permitiendo a Hidroaysén continuar en el lugar, “cuando ya habían estado varios meses ilegalmente y nadie hizo nada”, afirmó Hartmann en declaraciones a Radio Universidad de Chile.
Además, recuerda que cuando buscaban respuestas de los organismos del Estado para suspender las faenas en las áreas susceptibles de ser dañadas, producto de los trabajos de la empresa, no sólo recibieron la negativa de dichos organismos, sino que, en el caso de la Conama, se les respondió que dichas faenas no requerían de evaluación de impacto ambiental, puesto que eran sólo “de observación”, lo cual, según Hartmann, contrasta con las imágenes de los trabajos realizados (en la foto).
“Bajo ese criterio se podría dinamitar el cerro Santa Lucía de Santiago y no tener que presentar estudio al caratular tal acción simplemente como estudios o faenas de prospección” afirman en un comunicado de Codeff-Aysén.
El dirigente recalcó que las instituciones del Estado no están cumpliendo con su rol de proteger el patrimonio ambiental del país, agregando que a Hidroaysén tampoco se le exigió un plan de manejo forestal ni vegetacional, así como la nula evaluación en el caso de la instalación de la represa, sobre el impacto que tendría sobre las poblaciones de huemules existentes en el lugar.
Según Radio Universidad de Chile, esta situación se produce luego de que en el último informe de observaciones a la adenda ambiental presentada por Hidroaysén, Conaf en la región afirmara que el proyecto de la represa no podía localizarse en aquella zona, observación que fue borrada en la dirección nacional del organismo en Santiago, quedando así autorizado.
Por Christian Armaza Benavides
El Ciudadano
Fotos: Codeff-Aysén
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