Hidroeléctricas criminales

La muerte de Nicolasa Quintremán Calpán, de 74 años, en las aguas de la represa Ralco contra la que ella tanto luchó, puso al desnudo los abusos cometidos por la compañía Endesa al construir centrales hidroeléctricas en el río Bío Bío (Pangue, Ralco y Angostura), que destruyeron el hábitat y buena parte de la cultura mapuche pehuenche.

Según el fiscal de Los Ángeles (ciudad ubicada a 500 kilómetros al sur de Santiago y a 100 al norponiente de Ralco), Carlos Díaz, la líder pehuenche “aparentemente resbaló y cayó al lago. (…) El cadáver no presenta lesiones atribuibles a terceras personas”.

El abogado defensor de los derechos indígenas y codirector de la organización civil Observatorio Ciudadano, José Aylwin, contó a este corresponsal que en el velorio de Nicolasa –realizado el 26 de diciembre– se dijo que la razón verdadera de su deceso fue su repudio a la construcción de las centrales Pangue (entre 1993 y 1997) y Ralco (ente 1998 y 2003). Aylwin recordó que ella solía repetir: “‘Sólo muerta saldría de mi tierra’. Y así ocurrió”.

En el funeral, Berta Quintremán (79 años, icónica imagen de la resistencia pehuenche y hermana de Nicolasa) responsabilizó a Endesa por el fallecimiento. También acusó a la firma hispana-italiana de haberle faltado el respeto a su familia y a su pueblo, y prometió que a pesar de su vejez volverá a luchar para que la compañía abandone el Bío Bío.

El alcalde del municipio de Tirúa, Adolfo Millabur, también sostuvo que la muerte de Quintremán fue producto de un crimen.

Nicolasa había denunciado –como consta en el documental Berta y Nicolasa, las hermanas Quintremán (Alejandra Toro, 2002)– que durante la construcción de Ralco fue hostigada y amenazada y que no la dejaban descansar con el ruido de maquinarias que nunca se apagaban: “Una vez nos tiraron piedras en el camino cuando pasamos con la Berta… Nos dijeron que nos iban a matar”.

Según planteó el periodista Cristián Opaso en su libro Bío Bío rebelde: desde Ranquil a Ralco (Ceibo, 2013), las Quintremán “se constituyeron en símbolos emblemáticos de la fiera resistencia a la construcción de megacentrales en su territorio de la cordillera del centro sur de Chile”.

El periodista Pedro Cayuqueo, uno de los pocos intelectuales mapuche con cabida en los grandes medios chilenos, sostuvo en su blog Voces (hospedado en la web del diario La Tercera) que Nicolasa “será recordada como una de las más grandes dirigentas mapuche del siglo XX. Su determinación, sólo mellada por la soledad de su bregar y un muro que comenzó a levantarse sin autorización ni aviso previo, fue un bálsamo de dignidad en tiempos de borrachera neoliberal”.

En el Alto Bío Bío viven cinco mil de los 10 mil pehuenches que habitan en Chile (también pueblan Argentina). Este pueblo prehispánico forma parte de la cultura mapuche y habita junto a la cordillera de los Andes. Allí crece el pehuén o araucaria, cuyo fruto, el piñón, es parte central de la cultura y economía del grupo.

Los pehuenches tienen dos espacios donde habitan: el de invernada y el de veranada. Según el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato a los Pueblos Indígenas (octubre de 2003), “la invernada es el espacio económico y el hábitat donde se encuentran la vivienda, los corrales, las praderas y parte del bosque nativo, correspondiendo a áreas de menor precipitación de nieve”.

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Cuando llega la primavera y los animales han parido “se inicia el ascenso a las veranadas (sectores de altura), llevando los animales a los pastos nuevos e iniciando la cosecha tardía del piñón”.

Construir las centrales hidroeléctricas supuso la inundación del espacio de invernada y su traslado a sitios como el Fundo El Barco, que resultan inútiles para sortear en invierno porque ahí caen hasta tres metros de nieve.

UNA HISTORIA DE ABUSOS

Los proyectos de presas en el Alto Bío Bío comenzaron a delinearse entre 1986 y 1987, bajo el régimen dictatorial del golpista Augusto Pinochet (1973-1990).

En ese mismo periodo se desató una oleada privatizadora que alcanzó a las empresas generadoras y distribuidoras de energía, como Chilectra. En el ocaso de la dictadura, las compañías pasaron a ser propiedad de los funcionarios gubernamentales que las dirigían, vinculados al derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI).

Es el caso del ingeniero José Yuraszeck, que en su calidad de gerente general (1983-1986) instrumentó la privatización de Chilectra. Y en 1987 él consiguió un crédito del Banco del Estado por 65 millones de dólares, con el que compró 20% de aquella empresa.

Chilectra y Endesa Chile pasaron a formar parte del consorcio Enersis, que se convirtió en uno de los grupos económicos más poderosos de este país, con fuerte presencia en otros países de Sudamérica.

A finales de los noventa, las acciones de Enersis en Endesa Chile y Chilectra fueron vendidas a Endesa España en un oscuro proceso conocido como el “negocio del siglo”, que significó ganancias por más de 400 millones de dólares. Yuraszeck y sus amigos vendieron sus acciones cientos de veces más caras que las de los accionistas minoritarios, a quienes habían representado en las negociaciones.

Endesa España –que ahora es propiedad de la italiana Enel– genera 53% de la energía del Sistema Interconectado Central de Chile y posee 83% de los derechos de agua de este país, que le fueron traspasados al momento de la privatización.

Además, mantiene conflictos con decenas de comunidades por temas de usurpación de aguas y territorios, y por la grave contaminación que generan sus actividades, como las termoeléctricas Bocamina I y II (Coronel, región del Bío Bío), cuyo proceder ha generado una revuelta social que mantiene cerrada Bocamina I y tambaleando Bocamina II.

¿NUEVO TRATO?

Los gobiernos de la Concertación por la Democracia (Patricio Aylwin, 1990-1994; Eduardo Frei Ruiz Tagle, 1994-2000, y Ricardo Lagos, 2000-2006) no cumplieron su compromiso de revertir las privatizaciones hechas a última hora por Pinochet. Por el contrario, apoyaron a sus nuevos dueños en planes como la construcción de megapresas en el Bío Bío, a pesar de que esto implicó avasallar a los pehuenches y malograr la institucionalidad ambiental e indígena.

José Aylwin, hijo de Patricio, explicó en su artículo Ralco: represa o tristeza para Chile (diario Mapuexpress, 28 de septiembre de 2004) que “mientras desde el Estado se removía a todo funcionario público que manifestara su cuestionamiento a este proyecto y se toleró la estrategia de hechos consumados utilizada por Endesa para avanzar en la construcción de una obra que no contaba con las autorizaciones exigidas por la ley, esta última (la compañía) utilizó la maquinación y el dinero para debilitar la oposición pehuenche y para comprar la voluntad de las familias cuyas tierras serían inundadas por Ralco”.

Al aprobar dicha presa, el Estado despreció la opinión de los principales afectados: los pehuenches cuyas tierras serían inundadas. El 7 de junio de 1996, 55 miembros de la comunidad Quepuca Ralco enviaron una carta a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) exponiendo las razones de su rechazo al plan: “El proyecto inunda nuestros cementerios antiguos. (…) Nosotros no queremos salir de donde vivimos; nos moriremos de hambre donde nos quieren echar. El Fundo El Barco es heloso; sin nieve es bueno para animales grandes, pero no es bueno para la gente y los animales chicos.

“Donde estamos tenemos nuestra riqueza, ahí están los antiguos enterrados y no queremos dejar de ver este cielo, porque nuestra tierra es nuestra madre y nuestro padre; así lo dejó Chachao, nuestro Dios.”

La construcción tampoco consideró el hecho de que la represa propuesta se encuentra en la zona “de más alto riesgo volcánico de Chile y el mundo”, según señaló un informe de 1992 de la Universidad de Concepción. Según este informe, si el volcán Callaqui hace erupción, “desaparecería” la mayor parte de pueblos y ciudades situadas a las orillas del Bío Bío, el más caudaloso del centro sur de Chile, y que durante casi tres siglos fue la frontera entre el Reino de Chile y el País Mapuche.

Además, la zona donde se ubican las represas es considerada como la más sísmica del mundo. De hecho, el Bío Bío fue azotado por el terremoto más fuerte registrado en la historia reciente del planeta, el de Valdivia y Chillán, de 1960.

En 1997 y en el contexto de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Endesa, 19 servicios públicos expresaron fuertes reparos a la puesta en marcha de la central Ralco. En el Informe técnico proyecto central hidroeléctrica Ralco (versión para visación), de septiembre de 1996, la Conama concluía que “las deficiencias del EIA se traducen en que el proyecto no se hace cargo, ni siquiera ligeramente, de sus efectos más relevantes, por lo tanto, el comité revisor recomienda el rechazo del proyecto presentado”. Pero, supuestamente fruto de la presión del demócrata cristiano presidente Frei, la Conama aprobó el 4 de junio de 1997 la construcción de esta central.

Pese al aval de Conama, para que se ejecutara el proyecto aún se requería que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) diera el visto bueno a la relocalización forzada de los pehuenches y las permutas de tierras ofrecidas por Endesa, según establece la Ley Indígena (19.253).

Frei se topó con que la mayoría de los 17 consejeros de esta institución estatal estaban en contra del proyecto, incluido su director, Mauricio Huenchulaf. Así que el 22 de abril de 1997 lo destituyó. El mandatario nombró al abogado mapuche Domingo Namuncura como el reemplazo. El indígena fue presionado por ministros y subsecretarios, pero también se opuso a las relocalizaciones y permutas. Y fue depuesto. Este accionar de Frei no sólo provocó un distanciamiento, hasta ahora no superado, con los pueblos originarios, sino que también despojó de valor a la citada Ley Indígena, que había sido promulgada en el mandato de su antecesor Aylwin. En estas condiciones, la Conadi aprobó en enero de 1998 la relocalización de los pehuenches.

El 10 de marzo de 2000, último día de su mandato, Frei Ruiz Tagle dictó el Decreto de Concesión Eléctrica definitiva a la empresa Endesa, basado en la ley eléctrica, que implicaba el otorgamiento de un “permiso de inundación” en beneficio de dicha empresa.

Los pehuenches del Alto Bío Bío resintieron ese duro golpe en abril de 2004, cuando Endesa comenzó con la inundación anticipada del embalse de Ralco en momentos en los que la Conadi y el Consejo de Monumentos Nacionales analizaban, con los integrantes de la comunidad de Quepuca Ralco, la forma de remover los restos de 50 de sus antepasados enterrados en su cementerio.

“La inundación con anterioridad a la fecha acordada, con el silencio del gobierno, sepultó para siempre los restos de los antepasados pehuenches, así como la ilusión de un ‘nuevo trato’ que en esos días el presidente Ricardo Lagos había anunciado a los pueblos indígenas de Chile”, señaló José Aylwin en la citada nota.

EL RESPONSABLE

El Banco Mundial (BM) también fue responsable de la puesta en marcha de las centrales en el Alto Bío Bío. En diciembre de 1992 aprobó, a través del Consorcio Financiero Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), un financiamiento de 170 millones de dólares para la central Pangue, cuyo potencial energético es de 450 MW y su costo total fue de 470 millones de dólares.

El IFC aprobó el financiamiento a Pangue sin mencionar ni darse por enterado que éste era el primero de una serie de proyectos hidroeléctricos que transformarían para siempre el territorio del pueblo mapuche pehuenche.

Esta irregularidad motivó que el 17 de noviembre de 1995, 389 personas –entre ellos 37 pehuenches– presentaran una apelación ante el Panel de Inspección del Banco Mundial, acusando al IFC de haber “fallado en supervisar adecuadamente el cumplimiento de la totalidad de los compromisos ambientales y sociales contenidos en el contrato de préstamo de Pangue”.

Según señala Namuncura en el libro Ralco: ¿Represa o pobreza? (Lom, 2005), “el Panel no acogió el reclamo por no tener jurisdicción sobre la IFC. Pero el presidente del BM, James Wolfensohn, ordenó una investigación interna designando –en mayo de 1996– al renombrado ecólogo Jay Hair para evaluar el cumplimiento del acuerdo IFC-Endesa.

Hair presentó su informe en abril de 1997. El resultado fue claro: La IFC no cumplió con 80% de sus directivas ambientales y sociales.

El 7 de mayo de 1996 el antropólogo Theodore Downing entregó a la IFC el que se conoce como el “Informe Downing”, en el que se analizaron las medidas de mitigación de las consecuencias negativas de Ralco. Su balance fue contundente. Entre las conclusiones principales –consignadas en el libro de Namuncura– se lee que “la IFC y Endesa violaron los derechos humanos de los pehuenches. Negociaron convenios secretos sobre el futuro de un grupo étnico sin el conocimiento ni la participación del grupo o de las autoridades gubernamentales responsables de asuntos indígenas (Conadi). Implementaron un programa de reasentamiento que no incorporó los derechos de los indígenas, y cometieron una grave falta al no compensar adecuadamente a todas las personas afectadas”.

Este informe fue ocultado por el IFC, por lo que Downing presentó en 1997 una queja ante la Asociación Americana de Antropología, con el fin de que los derechos de los pehuenches, y los suyos, como investigador y consultor, no se vieran afectados. Finalmente el informe se conoció. Así se pudo establecer la responsabilidad del BM y del IFC en la agonía de los pehuen¬ches del Alto Bío Bío.

Por Francisco Marín

El Ciudadano Nº150, verano 2014

*Una versión de este reportaje también se publicó en el semanario mexicano Proceso 1941.

Ilustración de Hives